Periodismo bajo asedio
Las alertas que contabiliza el Instituto de
Prensa y Sociedad van en aumento. A la par que se incrementa la
conflictividad en el país, también crecen las agresiones a periodistas y
trabajadores de los medios de comunicación. En Venezuela, informar se
ha vuelto un desafío para valientes. A los ataques violentos se suman
otras formas de censura que engrosan la lista de violaciones a la
libertad de expresión e información. Desde que se creó el Complejo
Editorial Alfredo Maneiro para centralizar la compra de papel prensa, 41
periódicos han tenido fallas de papel. Este año 6 impresos han dejado
de circular
El
cerco sobre la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo se
hace cada día más alto y más espinoso. En lo que va de año los ataques
se han incrementado y demuestran las condiciones a las que deben
enfrentarse los comunicadores del país, que mañana celebran su día. El
acoso ha ido creciendo y tiene distintas formas de operar. 19
periodistas fueron agredidos el 2 de junio en la avenida Fuerzas Armadas
durante la cobertura de una protesta por falta de comida. Fueron
golpeados y despojados de sus equipos de trabajo. Las sedes de cuatro
medios fueron atacadas por colectivos con grafitis y excremento en menos
de un mes. Al edificio del diario El Aragüeño le lanzaron una
granada el 20 de junio en la noche, que afortunadamente no explotó. El
Carabobeño dejó de circular en marzo, y la semana pasada se sumó a la
lista de periódicos sin papel El Siglo de Aragua. El director del Correo del Caroní,
David Natera Febres, fue condenado a prisión por publicar una
investigación sobre corrupción. Todo esto ocurrió en los primeros seis
meses de 2016.
“En
general, el panorama es realmente oscuro. El gobierno va en contra de
todos los medios que son críticos y no anuentes con las políticas
económicas, de salud o educacionales que han implementado. Por demandas,
muchos impresos han tenido que pasar de diario a semanario. En los
medios que han cambiado de dueños, se evidencia un periodismo de mala
calidad porque les quitan prominencia a las noticias que ocuparían
titulares de primera página. A más de 200 emisoras no se les ha renovado
el permiso de transmisión. La situación del periodismo se hace cada día
más difícil”, engloba Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de
Periodistas.
Desde
que el Complejo Editorial Alfredo Maneiro se creó en 2013 para
centralizar la venta del papel prensa, al menos 41 empresas de medios de
información han presentado fallas para imprimir. Muchas de las que
llevan una línea editorial independiente u opuesta al gobierno han
cerrado sus rotativas o han disminuido sus páginas por falta de papel.
Entre ellas El Nacional, que en 2014 tuvo que reducir su edición a dos
cuerpos y que no ha tenido acceso al papel que se vende a través de la
empresa estatal. La adquisición del papel pasó a ser exclusiva del
gobierno.
En
2015, el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela registró 33 denuncias
de medios impresos que presentaron problemas al momento de adquirir el
papel y otros insumos para la impresión, como planchas fotográficas
digitales y analógicas. Guía agrega que la falta de papel corresponde a
una línea política del oficialismo en contra de los diarios que no
alaban al gobierno: “El monopolio que ejerce la corporación Alfredo
Maneiro limita la entrega de bobinas. Se sabe que en los próximos meses
no habrá más papel para los medios que son críticos hasta que no sean
obedientes al régimen”.
En
lo que va de año, la organización Espacio Público ha contabilizado
siete medios que han sido afectados: cinco salieron de circulación de
forma indefinida, (Diario La Costa y Diario La Mañana, de Falcón; Periódico de Occidente, de Portuguesa; El Carabobeño, de Carabobo y El Mío, de Lara), uno salió y retornó (Nueva Prensa de Guayana) y otro se redujo por escasez (El Informador, de Lara). El reporte no incluye a El Siglo
que apagó sus rotativas hace una semana luego de que la corporación
Maneiro los excluyera de la lista de periódicos a los cuales
suministraban papel, según un comunicado de la empresa.
Una de las mayores pérdidas que resiente el periodismo y los lectores es la de El Carabobeño,
un diario regional con 82 años de trayectoria. El 17 de marzo circuló
su último ejemplar. “No se pierden solo puestos de trabajo, sino el
derecho de tener un tipo de información y la posibilidad de informarse
desde todos los puntos de vista. Entregarse no es una opción porque es
mucho lo que se pierde. La única alternativa que tenemos es
reinventarnos y nuestros periodistas están muy comprometidos en seguir
haciendo su trabajo”, asegura Carolina González, jefa de redacción de El Carabobeño.
Hugo
Cabezas, presidente de la corporación Maneiro, les asignó 72 bobinas en
marzo de 2015. Fue la última vez que tuvieron acceso a la compra de
papel periódico. Ahora, se adaptan a la inmediatez que exigen la emisora
de radio que crearon en septiembre de 2015 y la plataforma digital que
mantienen desde hace 10 años.
“El
hecho de que haya menos medios de comunicación achica la posibilidad de
que llegue la información a toda la población. Aunque hay un auge de
medios digitales el acceso a Internet no tiene una cobertura nacional,
sobre todo en el interior del país donde muchos lugares dependen de un
medio tradicional escrito. Esto significa que hay cada vez menos
posibilidades de conocer lo que pasa en la comunidad. En un momento de
crisis como el que estamos viviendo en el país, tener menos información
implica un riesgo para otros derechos humanos e implica que haya menos
debate y deliberación sobre estos temas de interés”, señala Gloria
Salazar, socióloga y coordinadora de Desarrollo Institucional de la
organización Espacio Público.
Hegemonía comunicacional.
Mientras medios privados cierran o reducen su actividad por falta de
recursos y materia prima, el sistema de medios públicos del Estado se ha
multiplicado gracias a una inyección de recursos que ha crecido en los
últimos tres años. En 2015 el presupuesto del Ministerio para la
Comunicación e Información fue de 8,55 millardos de bolívares. Monto al
que debe sumarse el mantenimiento que requieren los centenares de medios
comunitarios que se han creado en todo el territorio nacional. La cifra
supera lo que reciben por recursos ordinarios los estados más poblados
del país, como Zulia (2,07 millardos de bolívares), Miranda (1,65
millardos de bolívares) y el Distrito Capital (1,59 millardos de
bolívares).
Para
2015, el Estado mantenía 41 medios de comunicación, 4 más que en 2014.
De estos, 13 son diarios impresos, entre ellos las versiones de Ciudad CCS
en Maracay, Barquisimeto, Petare, Cojedes y otras entidades, algunos
lanzados como parte de la campaña electoral para las parlamentarias, que
aún reciben suministro de papel del Estado.
Entre
los medios audiovisuales, Venezolana de Televisión es el que más dinero
recibe. Este año se le asignaron 846 millones de bolívares, 35% más que
lo otorgado en 2015, con los cuales se pudo optimizar la capacidad
operacional de la plataforma tecnológica del canal. “Evidentemente hay
un aumento exponencial en la asignación del presupuesto público para los
medios del Estado y no está mal que eso ocurra, sino para los fines que
se utiliza. Son medios político-partidistas que dejan de ser un
servicio público”, asevera Mariaengracia Chirinos, directora de
libertades informativas de IPYS.
Tinedo
Guía calcula que el gobierno maneja más de 600 medios de comunicación,
si se incluye a los comunitarios, cuya principal función es “halagar” al
régimen, pese a que sumando toda su audiencia no llegan a 8% de
espectadores, según el Informe Anual de Audiencias de 2014 del
Ministerio de Comunicación e Información. “Los programas que transmiten
no son periodismo, sino propaganda política. Lo peor es que no tienen
mucha audiencia”.
Ejercer bajo presión. El viernes 17 de junio la sede de El Nacional
amaneció violentada. Cuatro sujetos con armas cortas esparcieron
excremento en la entrada principal del edificio y rayaron la caseta de
vigilancia con el nombre del colectivo al cual pertenecen: “ChaMa,
pueblo rebelde”. En el sitio, dejaron una nota que culpaba al diario de
intentar desestabilizar al país y de, supuestamente, haber sido un
vínculo para generar el golpe de Estado de 2002. “Continúan en la
cochina labor de desinformar, generar caos y favorecer con esto la
macabra intervención extranjera imperial”, decía el texto. El 24 de mayo
sucedió lo mismo en las sedes de la Televisora Regional del Táchira
(TRT) y del diario La Nación, y el 15 de junio en el diario Correo del Caroní.
El
Colegio Nacional de Periodistas rechazó los actos vandálicos y aseguró
que la intención de estos colectivos es intimidar y amedrentar a la
prensa. “Solo una mente enferma y desquiciada pudo planear la
arremetida. Los periodistas seguiremos defendiendo la libertad de prensa
y el ejercicio del periodismo”, señaló Guía.
IPYS
contabilizó este año un aumento en las violaciones a la libertad de
prensa en Venezuela que comprenden limitaciones por opacidad, ataques a
medios de comunicación, abusos de poder, censura, aplicación de
normativas restrictivas, limitaciones en Internet y agresiones a
periodistas. Una serie de condiciones que, junto con los impedimentos
para importar materia prima o comprar papel prensa, dificultan la tarea
de los medios y comunicadores.
En
mayo se presentaron 41 casos, para sumar desde enero 167 violaciones a
la libertad de expresión, 9 más que en los primeros 5 meses de 2015, lo
que representa un incremento de 6%. Chirinos asegura que la mayoría de
estas violaciones han ocurrido en la cobertura de calle, en protestas o
en las colas para comprar productos de primera necesidad.
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