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Documentos internos de PDVSA vistos por Reuters muestran que Venezuela no ha recibido importaciones de diésel desde noviembre y la consultora Gas Energy Latin America advierte que los inventarios de diésel del país podrían agotarse en marzo o abril. Venezuela ahora depende en gran medida de Irán para las importaciones de combustible, especialmente gasolina.
Durante la mañana de este lunes invasores trataron de ocupar las viviendas vacías de una residencia en Barcelona, capital de Anzoátegui.
La Asamblea fraudulenta aseguró este lunes que tiene planeado hacer una “revisión” del funcionamiento de todas las cableoperadoras de televisión en el país, sobre todo, para “asegurarse” que las tarifas estén en la “legalidad” en un país con grandes números de hiperinflación.
El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó que el precio de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) de diciembre de 2020 se ubicó en 323.523.329,93 bolívares, al aumentar Bs.76.233.986,07 o 30,8% respecto al mes anterior.
Por: Banca y Negocios
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) anunció a través de su cuenta en Twitter la reapertura de los vuelos entre Venezuela y Panamá y República Dominicana.
Al menos unos 15 invasores liderados por colectivos junto a mujeres con niños intentaron invadir una quinta en San Bernardino en Caracas, saltaron la reja de la Quinta Yolanda en la avenida Cristóbal Mendoza, la protesta inmediata de vecinos forzó que la PNB y GNB se acercarán al sitio e impidieran la invasión.
Una nueva semana de cuarentena “radical” comienza a regirse en Venezuela a partir de este lunes 18 de enero. Serán siete días de confinamiento donde se suspenden actividades de diversos sectores de la economía del país, a excepción de áreas priorizadas como alimentación y salud.
Por Jesús Pérez | LA PRENSA DE LARA
El camión de la basura se lleva hasta el repele de los bolsillos. Los comerciantes y residentes de los municipios Chacao, Baruta y El Hatillo denuncian el alto cobro del servicio de aseo urbano dado por Fospuca. Las autoridades dicen que las tarifas son justas y la empresa que son las correctas, mientras los dueños de los comercios comienzan a evaluar la posibilidad de cerrar sus puertas
Hasta por producir basura se pulverizan los ingresos en Venezuela. El servicio de aseo urbano se convirtió en una renta que supera con creces lo que un trabajador devenga mensualmente y se lleva una parte significativa de lo que un comerciante puede producir con sus ventas, si se toma en cuenta que la nación lleva tres años en hiperinflación y siete en recesión. La pandemia por el coronavirus paralizó al país, pero no la subida desenfrenada de la factura de aseo urbano, sobre todo en municipios como Chacao, Baruta y El Hatillo del estado Miranda, donde es la empresa Fospuca la que hace el trabajo.
Para Carla Alvarenga, directora de una empresa de consultoría y comunicación en el centro comercial Paseo Las Mercedes en Baruta, las tarifas del servicio de aseo urbano son «una locura» que se desató en momentos de pandemia, cuando «el servicio no se usaba tanto como para cobrar esas tarifas».
Cuenta que cuando llegaron los primeros recibos en febrero pasado con unos montos que califica de exagerados, estos correspondían a cobros por el servicio utilizado en octubre, noviembre y diciembre del 2019, además de enero y febrero de 2020. Para ese momento, a su pequeño local de unos 125 metros cuadrados, le tocaba pagar 250 dólares por la recolecta de la basura.
Alvarenga revela que a finales de ese mes, tras una reunión entre administradores de varios centros comerciales y de condominios en la zona, se dio una concesión en la que se estableció la reducción del 50% de la tarifa inicial, siempre y cuando se mantuviese en dólares y fuese pagado en una cuenta extranjera. Sin embargo, tras el anuncio surgió la inquietud de cómo se iba a pagar en una cuenta extranjera si no todos tenían una, pero las negociaciones al respecto posteriormente se paralizaron debido a la cuarentena por el coronavirus.
«Se hablaba de que habría un bloqueo de los impuestos municipales, del Semat (Servicio Municipal de Administración Tributaria). Todas las personas que debían honrar compromisos con el ayuntamiento iban a ser bloqueadas por la alcaldía si no estaban solventes con el pago al servicio de aseo urbano», dijo.
Relata que es preocupante que Fospuca haya vuelto el servicio casi impagable con anuencia de las alcaldías y los concejos municipales y que para completar se impusieran medidas contra quienes decidieran no cancelar.
Alvarenga, quien maneja una empresa de asesoría comunicacional, recuerda que además de las altas sumas de dinero que debía pagar por su oficina, adicionalmente le correspondía hacer el pago al condominio por las áreas comunes y también el servicio de aseo urbano del centro comercial. Es por ello que terminó el año 2020 a la espera de que le rebajaran la deuda o, en el mejor de los casos, al menos hagan un refinanciamiento.
El 27 de noviembre Fospuca entregó 16 nuevas unidades de servicio para el trabajo en el municipio Baruta. Foto: Luna Perdomo
Las altas tarifas que cobra Fospuca surgen luego de que esta concesionaria estableciera sus cálculos en petros, la criptomoneda creada por la administración de Nicolás Maduro y que fluctúa según la cotización diaria del dólar que publica el Banco Central de Venezuela (BCV). No obstante, las indagaciones para este reportaje revelan que se ha hecho una interpretación errónea de la normativa sobre esta materia.
Pero hay más. Su cálculo se basa en la extensión del espacio que ocupa el negocio y no de los desechos que genera, esto gracias a las normas establecidas por las alcaldías. Por lo que todo parece indicar que empresa y gobiernos municipales se combinaron para hacer del servicio de recolección de desechos que presta Fospuca como el más costoso de Venezuela y perfilándose como uno de los más caros del mundo.
A través de su página web, Fospuca es descrita como una organización conformada por ocho empresas privadas de saneamiento ambiental, especializada en brindar servicios de limpieza urbana, barrido manual, lavado de áreas públicas, recolección y traslado de desechos sólidos, urbanos y domiciliarios en distintas ciudades del país.
Según su portal, el equipo con más de 37 años de experiencia y poco más de 1.200 trabajadores está «ganado a contribuir con el desarrollo y el equilibrio ambiental», de las municipalidades donde presta servicio. En la práctica pareciera que lograr ese propósito significa descapitalizar no solo a trabajadores del sector comercial sino también a residentes.
Quienes denuncian que las tarifas del servicio de aseo urbano que presta Fospuca son exageradas, indiferentemente sean personas del sector comercial o domiciliario, coinciden en que el tema se ha convertido «en una crueldad en la que se les asfixia sin importar la crisis económica que sufre la nación» y los efectos que ha dejado la pandemia por el coronavirus.
Mientras Carla Alvarenga ha pasado el año esperando consideraciones a su deuda, Susana Sosa lo ha hecho endeudándose con familiares y amigos cercanos para pagar el servicio a Fospuca. La mujer de 57 años vive con su esposo de 60 en Altamira, en el municipio Chacao. Comenta que ambos se sostienen con algunos bonos, la pensión y uno que otro trabajo extra que les pueda salir. Sus ingresos no dan como para cubrir sus gastos esenciales de alimentación y hacer frente a los montos que desde comienzos de 2020 llegan en la factura de su domicilio.
Por si fuera poco, entre todos sus vecinos, Sosa es la que más paga. Cuenta que desde inicios del 2020 se le cobra doble la factura y aunque ha denunciado el error a la alcaldía y en la propia empresa, «no le han resuelto nada». A su juicio, las tarifas son abusivas y desproporcionadas a la realidad que vive una familia en un país en el que hasta alimentarse cuesta un ojo de la cara.
En tanto, encargados de oficinas en el centro comercial Centro Plaza, en Altamira, detallaron a TalCual que las tarifas han llegado hasta a $200 al mes. Precisan, evitando identificar su compañía, que las oficinas son de las que tienen menor metraje en el recinto.
El Observatorio Venezolano de Finanzas detalló el aumento en bolívares del servicio de aseo urbano en 2020. Los datos, basados en muestra representativa de todos los sectores del país, dan cuenta que entre enero y diciembre el incremento fue de 34.524,67%.
La situación con el servicio se ha vuelto tan crítica que algunos comerciantes han decidido buscar alternativas poco usuales para la recolecta de la basura.
El pasado 14 de enero funcionarios de la Policía de Chacao detuvieron al conductor y al ayudante de un camión de recolección de basura en Parque Cristal, el cual pertenece a la empresa Supra Caracas de la Alcaldía de Caracas. Los detenidos fueron identificados como Ángel Amaya y José Azuaje.
Se pudo conocer que Rafael Forero y Maikol Torrealba, gerente de operaciones y jefe de seguridad del centro comercial, habrían contratado los servicios particulares de los recolectores para la basura. De acuerdo al periodista Javier Ignacio Mayorca, los representantes de Parque Cristal argumentaron que desde hace ocho meses no recibían el servicio de Fospuca.
El 27 de noviembre, Fospuca entregó 16 nuevas unidades de servicio para el trabajo en el municipio Baruta. En un acto celebrado en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, la compañía dio al ayuntamiento nueve compactadoras de 25 yardas, dos camiones minimatics, dos camionetas de supervisión y dos compactadoras de 20 yardas.
El encuentro prácticamente tomó toda la plaza en una celebración a la que asistió la presidenta del Concejo Municipal de Baruta, Georgette Topalián; el director de la Alcaldía de Baruta, Luis Aguilar; el exalcalde de Baruta, Gerardo Blyde; el alcalde de Chacao, Gustavo Duque y; el presidente del Concejo Municipal de Chacao, Máximo Sánchez; entre otros.
Fospuca asegura recoger en Baruta un aproximado de 100.000 toneladas métricas anuales de residuos sólidos. Foto: Luna Perdomo
En el evento también se presentó la nueva imagen de la empresa y se otorgaron reconocimiento a los trabajadores con más de 15 años de trayectoria. La celebración incluyó la exposición de las unidades que se entregaban, puesto de perros calientes, un grupo musical en vivo y con la presencia de medios de comunicación; además de la promesa del presidente de Fospuca, José Simón Elarba de que la inversión de más de 3 millones de dólares no se traduciría en nuevos ajustes en las tarifas.
También afirmó que estos costos «no desangraban a nadie». Atribuyó el problema, en ese entonces, a que la población no estaba acostumbrada a pagar los servicios públicos. El abogado señaló que cuando se analizaban los montos cualquier persona se da cuenta de que son realmente irrisorios, comparado con las inversiones.
Fospuca, según su portal web, está comprometida con el saneamiento ambiental de distintos sectores que conforman el Área Metropolitana de Caracas, entre ellas el municipio Chacao. En esta zona ofrece servicio integral de aseo urbano a cerca de 120.000 habitantes, a través de un plan de recolección de desechos sólidos que garantiza la limpieza de calles, avenidas, zonas residenciales y comerciales de esta jurisdicción. Se encarga del retiro y traslado hasta su destino final de aproximadamente 27 mil toneladas métricas de residuos urbanos al año.
En Baruta asegura recoger un aproximado de 100.000 toneladas métricas anuales de residuos sólidos en los 85 kilómetros cuadrados. En El Hatillo recogen en los 81 kilómetros cuadrados unas 20.000 toneladas de residuos anuales.
La compañía es presidida por José Simón Elarba Haddad, abogado, exdirectivo del diario El Nacional, socio de la firma Gadea & Lesseur & Asociados, que abarca derecho corporativo, mercantil, laboral, relaciones internacionales, civil, negocios, familia, penal e inquilinario; en la que también figuran su esposa Aitza Mello, el exalcalde de Baruta Gerardo Blyde, Alfredo Altuve Gadea, Ernesto Lesseur Rincón, entre otros.
Ostentó el cargo de presidente de Industrias Manufactureras Colchotex C.A., y aparece como importador de productos provenientes de Francia. Fue abogado de Inverunión Banco Comercial, entidad financiera intervenida el 18 de enero de 2010 junto a Banco Del Sol, Banco de Desarrollo C.A. y Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A.
José Simón Elarba considera que hay un grupo de gente que ha tratado de lucrarse con el tema de Fospuca. Foto: Luna Perdomo
Elarba Haddad compró Fospuca Internacional C.A. en diciembre de 2014, cinco meses después de recibir una transferencia de un poco más de 1,4 millones de dólares desde una jurisdicción indeterminada y por orden de una empresa sin rastros. En junio de 2015, registró Fospuca Servicios de Ciudad C.A. y en enero de 2016 Inversiones Fospuca Baruta. Todas estas empresas prestaron servicios al Estado, de acuerdo con el Servicio Nacional de Contratistas.
En la investigación En la Basura Hay Millones del portal Armando.info, el abogado quedó mencionado en un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) recibido por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. El documento pone a la luz transacciones y origen de fondos «sin propósito comercial o legal aparente», indicó el medio especializados en reportajes investigativos.
Elarba dijo en diciembre de 2020 a Armando.info que la transferencia registrada en el SAR corresponde al pago de honorarios por servicios jurídicos. Aseguró que el cliente le pidió confidencialidad y que, por lo tanto, no hablaría sobre él.
«Me pareció interesante meterme en ese negocio que tenía una cartera de clientes interesantes, faltaba ponerle amor al negocio. En diciembre de 2014 yo compro Fospuca Internacional, dijo al medio sobre la compra de Fospuca
El abogado estuvo en el proceso judicial por el que además fue juzgado el director-fundador de TalCual, Teodoro Petkoff, luego de que el medio de comunicación replicara en sus páginas una información que apareció en el diario español ABC donde un exguardaespaldas de Diosdado Cabello decía que éste tenía relaciones con el narcotráfico. Por esa información también fueron procesados otros directivos de El Nacional y el portal La Patilla.
Tiempo después, el juez La Rosa Álvarez retiró a Elarba la medida de presentación ante el tribunal porque alegó tener problemas de salud. Aunque en ese entonces no constaba en el expediente que para recibir tal beneficio haya tenido que pasar por una revisión médica. Ha sido, además, vinculado con Erick Malpica Flores, sobrino preferido de Cilia Flores, según un reportaje publicado en el portal ArmandoInfo.
Desde su oficina ubicada en Las Mercedes, al este de Caracas, el abogado aseguró a TalCual que en el caso de las tarifas de aseo urbano, el petro es una «bendición maravillosa» por cuanto su costo lo maneja un árbitro externo. Su empresa cobra en petro pero el valor lo da el BCV. Niega haberse reunido con autoridades para pedir alguna autorización sobre anclar las tarifas a la moneda virtual.
«Es una interpretación que tiene su mejor manifestación en que los productos de la canasta básica, la cédula, el pasaporte y actividades gubernamentales están ancladas al petro. La harina PAN está fijada en petros, la leche. Es algo muy sencillo y elemental», dijo.
Detalló que anteriormente los concejos municipales autorizaban aumentos de hasta 12.000% de las tarifas y al final del día se convertían en sal y agua.
Afirmó además que las tarifas no han subido desde diciembre de 2019, sino que lo que ha cambiado es «la multiplicación de los bolívares». A su juicio, donde las tarifas pueden incidir de forma más significativa es en el sector residencial, pues aunque reitera que son muy bajas a la gente le pega debido a la crisis económica y el deterioro del poder adquisitivo.
Expuso que en el municipio Chacao las tarifas oscilan entre los 0,10 centavos de dólar hasta los 22 dólares. De acuerdo a lo expuesto por Elarba a TalCual, el promedio en esta localidad es de 6 dólares y cuando esto se divide por 30 días y dos veces al día, la gente podría darse cuenta que el servicio está lejos de ser costoso. El mayor problema que rebaten quienes han manifestado sentirse afectados por las tarifas es que el sueldo no les da para costearlas.
«Entre tener un municipio con basura o uno limpio, aunque haya que hacer un esfuerzo para cumplir con el pago, la gente prefiere tener uno limpio. Nosotros no tenemos una morosidad importante, tenemos, pero no que haga trastabillar al negocio», agregó.
Según el presidente de Fospuca las autoridades no han mostrado las licitaciones y contratos con la empresa porque hasta ahora la gente lo ha solicitado a través de los medios de comunicación y no en los municipios. Foto: Luna Perdomo
El presidente de Fospuca dice que se han encontrado con casos de «vivos» que no quieren pagar el servicio, no obstante celebra que la mayoría sí lo cancela. Atribuye la polémica que se ha generado en torno a las tarifas del servicio de aseo urbano al hecho de que Venezuela es una nación en la que la ciudadanía está acostumbrada a pagar poco por los servicios y cuando se comienzan a cobrar a precio real produce un choque.
«Teníamos la gasolina casi gratis pero ahora la apreciamos tanto que ya pagamos a tarifas reales», añadió.
Por otra parte, expone que desde hace 35 años los concejos municipales establecieron que el mecanismo para el cálculo iba a ser ‘tamaño del local multiplicado por la actividad económica’, es decir, cada una de las actividades económicas que existen tienen una discriminación y un monto específico.
De acuerdo a lo que argumentó Elarba, son las autoridades las que llaman a un proceso de licitación, en ella invitan a las empresas a un procedimiento de postulación. Las compañías se presentan y hacen su oferta de costos en la que se expresó en ese momento en bolívares, y una vez que se toman en cuenta las consideraciones, las autoridades municipales asignan. Así, Fospuca obtuvo la concesión en tres de los cinco municipios del área metropolitana de Caracas.
«En Chacao fuimos los únicos que tenía una flota de camiones», acotó. Por otro lado, afirmó que la gente aún no entiende que el negocio de la basura no es como el de una constructora, por ejemplo, en el que el Estado financia parte. En este caso, dijo que de su dinero debe comprar camiones, designar personal y después de un mes es que se emiten las facturas y que luego «salen a perseguir a las personas para que paguen».
«Es difícil pensar que hay hechos de corrupción cuando la inversión es propia. Yo no dependo del ingreso del Estado, no es que vendo los camiones y el Estado los paga, yo tengo que hacer la inversión. Por eso es que el negocio no es para todo el mundo. No es que voy a agarrar una coima porque lo normal en esos casos es que el país ponga la plata y la persona se la robe, no al revés», manifestó.
Elarba indicó que ha suspendido el servicio a clientes y que a otros los han demandado para embargarlos. No se extiende sobre esto.
Sobre sí han explicado a la ciudadanía cómo funciona el servicio dijo que la empresa ha ido a todos lados. En todo caso, aseguró que la sociedad puede buscar información en la alcaldía. Pero, de acuerdo a lo señalado por las comunidades, les han negado los pliegos.
A lo anterior apuntó que las autoridades no los muestran porque hasta ahora la gente lo ha solicitado a través de los medios de comunicación y que nadie ha ido directamente a los municipios.
Considera que hay un grupo de gente que ha tratado de lucrarse con el tema de Fospuca y que hay abogados que se han puesto a hacer análisis y luego le piden a la gente dinero por asesoría del caso; otros, comenta, lo harían por «pantallar» así como por participar en procesos electorales y llamar la atención.
«La verdad es que ninguno ha tenido argumentación valida. Dos personas nos demandaron y perdieron en los tribunales, porque qué justificación puede tener alguien para decirle a la gente que no pague la basura», se preguntó.
Aseveró que quien protesta no termina de dar el paso al frente y actúan desde el anonimato, «como lo hacen todos los cobardes».
En Chacao, vecinos y comerciantes mantuvieron una reunión con la cámara municipal en marzo pasado para hablar sobre el alza de las tarifas. En el encuentro se entregó un documento en rechazo al alto cobro del aseo urbano. Los comerciantes en ese entonces se negaban a cancelar la factura con esos montos tan elevados. Al mismo tiempo, exigieron exponer públicamente el procedimiento para el cálculo de las tarifas.
Posteriormente cerca de mil comerciantes y residentes de este municipio crearon el Comité de Afectados por las Tarifas de Aseo Urbano, en rechazo a la fórmula de cálculo que se impuso para cobrar el servicio y que se consideraba violaba las disposiciones legales establecidas en la Ley de Gestión Integral de la Basura.
Entre julio y agosto, Álvaro Sánchez, quien dirigía el comité, afirmó que ante la inacción de las autoridades los comerciantes decidieron no pagar el aseo urbano, y, en represalia fueron bloqueados los accesos en línea de la Dirección de Administración Tributaria, se les impidió pagar los impuestos municipales como el ISAE y el de inmuebles urbanos. Además, se ordenaron cierres a locales.
Sánchez argumentó, en ese entonces que la forma en la que se calculó el cobro de las tarifas de aseo en Chacao dejaba un peso importante en el sector comercial que superaba 70% de la factura global del servicio. Según Sánchez, esto violaba la Ley de Gestión Integral de la Basura debido a que la fórmula se basó en los metros cuadrados de cada local, por la actividad económica y por la zona del municipio en el que se encuentra, sin considerar la cantidad y el peso de los desechos.
Álvaro Sánchez fue apresado en agosto de 2020 por supuesta incitación al odio. El 13 de ese mes publicó a través de su cuenta en la red social Twitter, capturas de pantalla, en las cuales mostró unos chats de Whatsapp donde se solicitaba un mejor servicio en la recolección de basura en el municipio.
Luego en noviembre Sánchez habría sido trasladado a Yare. Vecinos de Chacao aseveraron en ese momento que la detención se trataba de una «conspiración» orquestada desde la alcaldía del municipio, al oponerse a las políticas relacionadas al tema del aseo urbano.
El alcalde Gustavo Duque tildó de absurdos los señalamientos e hizo un llamado a habitantes de no hacerse eco de acusaciones de ese tipo cuando la verdad es otra.
«Muchos allegados de Sánchez acusan a la alcaldía de estar detrás de una conspiración y de ser responsable de la detención de Sánchez. La detención la hizo el Cicpc y tiene averiguaciones abiertas. En ningún momento tuvimos participación en ese procedimiento y nos enteramos de la noticia cuando ya estaba detenido», dijo la autoridad local.
Según reseñó Hispanopost, hay una investigación contra Álvaro Sánchez por presunta corrupción. También es señalado de extorsionar a comerciantes del municipio. Tenía cuentas de Twitter y WhatsApp donde presuntamente arengaba contra empresas y personas. Cabe destacar que días antes de ser arrestado el dirigente vecinal alertó a la ciudadanía de personas que pedían dinero en su nombre.
Para el momento de la publicación de este reportaje, la plataforma Baruta en Movimiento organizó la recolección de firmas de ciudadanos del municipio para exigir al alcalde Darwin González, cesar el cobro del servicio hasta que se revise la ordenanza que regula este tema.
En Baruta la incomodidad por el cobro de montos elevados de las tarifas de aseo urbano no es diferente al de Chacao, e incluso en el municipio Iribarren, estado Lara, donde la empresa propiedad de Simón Elarba también presta servicio. Las inquietudes están a simple vista. No solo puertas adentro de un comercio o domicilio sino también en redes sociales.
Isabel Haddad, habitante del municipio Baruta, explica que desde 2019 notó el aumento excesivo en las tarifas de aseo urbano. Afirma que hoy puede hacer una comparación porque tiene más de una propiedad. Es propietaria de un apartamento, una casa y dentro de ella un anexo. Logró que al último le exoneraran el cobro del servicio de aseo por estar en una misma casa.
Apunta que mientras en la casa grande paga tarifas de hasta 8 millones de bolívares, en la pequeña donde solo llega el recibo de luz no paga ni 100 mil bolívares.
A diferencia de otros países, en Venezuela no se paga por toneladas recogidas sino por el metraje del sitio. Foto: Luna Perdomo
En entrevista a TalCual, trabajadores de una panadería en Baruta detallaron que en octubre pagaron Bs. 120 millones, es decir 2,23 petros, y al mes siguiente debían cancelar Bs. 280 millones, lo que equivale a unos 5,21 petros. La diferencia en la moneda virtual distorsiona lo que hasta ahora tanto autoridades del municipio como de Fospuca han dicho de que el monto en la criptomoneda no debería cambiar.
Las inquietudes surgían cada vez más en las redes sociales. José Alfonzo Soto tilda de implacables las tarifas; Emilio Vásquez las califica de bárbaras; y Julio César Hernández pidió al gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez ponerle «ojo pelado» a las tarifas de la compañía y a la gestión del alcalde Darwin González.
«Alcalde, el servicio de Fospuca es bueno, pero muy caro ya que las tarifas de aseo que aprobó el consejo municipal son en petros; cuando este aumenta, como ha ocurrido este año, también el precio del servicio. Mas de 500% en el año 2020. Favor reconsiderar». Con este comentario Raúl Briceño respondió a una publicación de la autoridad municipal a través de su cuenta en Twitter el 27 de noviembre.
Sobre lo costosas de las tarifas, Fospuca informó a través de sus redes sociales que estas son las mismas desde diciembre de 2019, momento en que se fijaron «para dar cumplimiento al decreto 4.025 del Ejecutivo nacional de fecha 19 de noviembre de ese mismo año sobre la obligatoriedad del registro de información y hechos económicos expresados en criptoactivos soberanos su factura se expresará en petros, dólares y bolívares».
En el decreto se instruye a personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, la obligatoriedad del registro de información y hechos económicos expresados contablemente en petro, sin perjuicios de su registro en bolívares. En la página del Ministerio de Finanzas se precisa que la normativa aprobada por Maduro regula el registro contable en criptoactivos, es decir, solo establece que la contabilidad se debe llevar en petros, no que el cobro de los servicios se haga en la moneda virtual que impulsa el gobierno.
Roberto Hung, abogado especialista en derecho procesal constitucional, rebate la interpretación que se dio al decreto 4.025. A su juicio, el petro es una falacia que no funciona técnica, económica ni judicialmente.
Abogados afirman que las tarifas del servicio de aseo urbano se fijan erróneamente en petros. Foto: Luna Perdomo
Al interpretarse el decreto pareciera que la Ley Integral de Gestión de la Basura se pasó por alto. Hung es claro en afirmar que la tarifa del servicio de aseo urbano se fija según la naturaleza del desecho. Explica que no es lo mismo un local de mil metros cuadrados, que, por ejemplo, produzca clavos a uno de 30 metros cuadrados dedicado a la venta de comida, o un laboratorio médico, donde la basura se produce en grandes cantidades, e incluso son residuos que merecen ser tratados de forma diferente.
«Si usted trabaja con papel, pero no lo bota sino que lo decide vender y al final no bota basura no tiene que pagar nada. Si el restaurant tiene que botar basura tiene que pagar. Es lo que dice la ley, es lo que el cuerpo normativo jurídico ordena que debe hacerse y punto», añade.
El artículo 76 de la Ley Integral de Gestión de la Basura establece que el régimen económico estará conformado por las tarifas y tasas que se cobren por la prestación del servicio de manejo integral de residuos y desechos sólidos; así como los subsidios, donaciones y demás recursos materiales, económicos y financieros aportados por los órganos y entes de la administración pública en todos sus niveles y cualquier otro que ingrese por concepto de manejo especial de residuos y desechos sólidos.
Sobre el mencionado artículo, Hung señala que en medio de la vorágine de denuncias por el caso Fospuca que hay en los municipios donde presta servicio la compañía, la responsabilidad es de los concejos municipales «que parecen no entender cuál es su función contralora».
El artículo 77 de la mencionada ley establece que la prestación de los servicios de manejo integral de residuos y desechos sólidos, realizada en forma directa o delegada por las autoridades competentes, tendrá como contrapartida obligatoria el pago de la tasa que corresponda, en función de las tarifas vigentes para el tipo, característica y cuantía de los residuos y desechos cuya operación involucre. En el se precisa que quienes generen residuos y desechos sólidos que requieran un servicio de manejo especial, deberán pagar adicionalmente la tasa fijada para el servicio requerido.
Sobre esto el también profesor de derecho constitucional subraya: «La ley es la ley y contra ella no hay petro que valga».
Representantes de las asociaciones de vecinos, consejos comunales, asociaciones de comerciantes, administradores de inmuebles comerciales y oficinas enviaron una comunicación al concejo municipal de Chacao y al alcalde Gustavo Duque, en la que lo instaron a atender las inquietudes e incomodidades generadas por el cobro de las exageradas tarifas que se establecieron con su anuencia.
A través de un carta con fecha de 11 de septiembre de 2020, los firmantes aseveraron a las autoridades del municipio que el problema que les acosaba son directamente las exorbitantes, desproporcionadas e irregulares tasas o tarifas cobradas por la empresa prestadora del servicio de basura.
«En diciembre de 2019 el Concejo Municipal aprueba un nuevo acuerdo de tarifas, plasmado en las tablas publicadas el cual desnaturaliza las consideraciones que llevaron a la creación de los factores de distribución y asigna arbitrariamente unos nuevos sin razonamiento alguno, y además introduce factores de indexación ajustado al petro, también calculados arbitrariamente», se lee en el texto.
En ese momento los denunciantes aseveraron desconocer si se cumplió realmente el proceso de presentación y análisis del presupuesto, ni cuáles criterios produjeron el cambio de categorías de urbanizaciones y por qué los aumentos son porcentualmente más altos en unos lugares que en otros.
El instituto de ambiente de Chacao señala que la estructura de costos se pasa solo una vez. Foto: Luna Perdomo
La Asociación de Residentes de las Urbanizaciones Altamira y la Castellana (Arauca) envió cartas a las autoridades de Chacao el pasado 10 de junio. Denunciaron en ella falta de justicia en el cálculo de las tarifas, falta de consulta a la comunidad organizada, pago de IVA (Impuesto al Valor Agregado) en un servicio público, ajustes por zona y la sanción de no emitir solvencias por el incumplimiento en el pago de un servicio y no de un impuesto. También denunciaron que la contratista habría suspendido el servicio por el incumplimiento de pago, lo que violaría el ordenamiento jurídico.
El 23 de junio, el Concejo Municipal de Chacao respondió a las denuncias que Arauca expuso en la carta. El organismo recalcó que el régimen tarifario siempre ha sido más beneficioso para los sectores populares que para las poblaciones con mayores ingresos. En Venezuela la crisis inflacionaria ha afectado a todos los estratos sociales, en tanto que el salario mínimo mensual de un trabajador es menos de dos dólares. A un profesor que viva en alguna de estas zonas menos vulnerables, se le haría cuesta arriba cubrir con estas tarifas.
Con respecto a la consulta a la comunidad organizada, afirmó en ese momento que aunque desde esta instancia siempre se abren las puertas a la ciudadanía, «la obligación legal que existe como tal en el proceso de formación de nuestro ordenamiento jurídico municipal (ordenanzas) no existe en materia de acuerdos que pueda acordar este Concejo Municipal».
El 8 de junio AsoChacao también envió una carta similar, esta vez pidiendo una reunión con el alcalde Gustavo Duque.
El presidente del Concejo Municipal del municipio Chacao, Máximo Sánchez, atribuyó el aumento de las tarifas al decreto emanado desde la administración de Maduro de que el registro contable se anclara al petro, aunque el mandato no exhorta a que las tarifas sean cobradas a la ciudadanía en base a la moneda virtual. «Eso trajo consecuencias terribles», admitió al referirse al tema de lo que significa en bolívares. Recuerda que en 2019 el petro estaba cerca de los Bs. 2 millones y luego pasó los Bs. 20 millones.
Según Sánchez, la cámara anterior divulgó una ordenanza que establece que los ajustes son anuales, «pero tenía una coletilla», en la que se señala que esto se haría siempre y cuando no se presentaran circunstancias que afectaran la economía y que obliguen a hacerlo de forma más frecuente. «Entonces la hiperinflación definitivamente es un argumento establecido en la misma ordenanza para hacer ajustes de forma más regular», dijo.
El funcionario destacó que la ciudadanía admite que el municipio está limpio y que las observaciones no están en la recolección de desechos sino en el cobro del servicio.
Presidente del Concejo Municipal de Chacao, Máximo Sánchez, atribuye el aumento al petro. Foto: Luna Perdomo
El abogado José Gregorio Silva refutó la respuesta que el Concejo Municipal dio a las denuncias de Arauca sobre la falta de consulta a la comunidad organizada para definir las tarifas del servicio. Apuntó que aunque la ley no dice expresamente que la ciudadanía debe estar en procesos como el establecimiento de tarifas de un servicio, recalcó que la participación ciudadana está establecida en la Constitución.
Silva explicó que en el eventual caso de que la ciudadanía no participe en la discusión sí tiene derecho a verificar la documentación porque no son reservados o privados, sino de acceso al público.
«Una cosa es que no me invites a discutir, pero otra es que no me des la posibilidad de verificar los costos que yo estoy pagando», alegó.
En opinión del abogado todo el tema que envuelve a Fospuca se ha manejado con opacidad. Aseveró que las mismas autoridades municipales, tanto de Chacao como de Baruta han dado pie a la ciudadanía para que duden de su gestión.
Silva explicó además que la Ley de Gestión Integral de la Basura expresa que las tarifas tienen que ser conforme a una sana escala de costos. Reiteró, sobre esto, que la gente no sabe si los costos están libres de vicios e irregularidades porque han pedido acceso a la documentación y no se los han dado.
Afirmó que ser una empresa privada la que presta el servicio no le da la potestad de hacer el cobro que le parezca, pues la ley ordena que los costos deben ser razonables y el solo hecho de que gran cantidad de personas manifiesten no poder pagarlos es un indicio de que están alejados de la realidad.
«Puedes cobrar lo que te dé la gana cuando haces lo que te da la gana, pero en este caso tú no estas actuando como te da la gana porque prestas un servicio público de carácter monopólico. Esto es una obligación del Estado que te llamó. Estás colaborando con ese Estado y debes actuar como un agente de él, es decir, que no puedes hacer lo que te da la gana porque estás sometido a unas normativas y el municipio que te contrató también está sometido a una cantidad de requisitos y leyes que dicen qué pueden hacer y cuánto puedes cobrar«, enfatizó.
Para el experto el tema se vuelve más opaco y la gestión de las autoridades se vuelve más «poco seria» cuando se presiona de forma indebida al comerciante para un fin determinado: pagarle a Fospuca.
Para Silva la medida es una vulgar extorsión, no del tipo delictual. Aclara que el aseo urbano no es un impuesto sino un servicio, por lo que no se puede impedir a un comerciante cumplir con sus tributos. Expone que el comerciante lo que debe a Fospuca es una tarifa, no una tasa y el municipio no se puede prestar con medidas para garantizar que las empresas obtengan su beneficio.
«El municipio es autónomo en las materias de sus competencias. El presidente (de la República) no es lo que antes era un emperador, él actúa conforme a las competencias que le da la Constitución y a veces el municipio legisla en materias que el poder nacional no puede porque no es de su competencia. En todo este entramado el Ejecutivo dictó una norma en la que se impuso el petro», agregó sin dejar de reconocer que si el precio fuese justo las personas no se retrasaran en pagar.
Silva es enfático a manifestar que hasta tanto no se verifiquen las tarifas, estas pueden ser especulativas.
«Las tarifas y forma de pago por el costo de los servicios especiales prestados serán aprobadas anualmente, en función de los costos reales para cada tipo de servicio, atendiendo al principio de equidad», expresa el artículo 78 de la Ley de Gestión Integral de la Basura.
Desde el municipio Baruta, Ricardo Salsi, habitante de la zona, reconoce que la empresa Fospuca hace el trabajo como debe ser. No obstante, hace énfasis en que sus tarifas son impagables.
Considera que las tarifas pechan a habitantes del municipio, por lo que aboga para que se busquen unas tarifas intermedias, sobre todo por el hecho de que un trabajador promedio no gana como para pagar las montos internacionales que tiene la empresa.
Salsi advierte que el temor de la ciudadanía es que por denunciar el tema, «de repente» comience un desmejoramiento del servicio. Afirma que ya antes han vivido situaciones como esta.
Aunque dice no tener local comercial, afirma saber sobre las tarifas con las que pechan a los comerciantes del municipio. Carla Alvarenga, la asesora de comunicaciones que funciona en el Paseo las Mercedes, así como los familiares de Isabel Haddad, son solo algunas voces del sector comercial que sufren estas tarifas.
El año 2020 cerró con quejas e inquietudes como las anteriormente expuestas. El 27 de noviembre, durante el evento de entrega de las 16 nuevas unidades de servicio para el trabajo en el municipio Baruta, el alcalde Darwin González aseguró que siempre ha atendido al comerciante y que su gestión se ha caracterizado por apoyarlo.
Al preguntársele si han hecho reuniones para aclarar las dudas del sector comercial, afirmó que la alcaldía de Baruta no les cierra las puertas. TalCual se comunicó con Luis Eduardo Aguilar, director general de esta alcaldía y quien fuera concejal del municipio entre los años 2013 y 2018, para profundizar en el tema y no recibió respuestas, tampoco remisión a otros funcionarios que estuviesen calificados para hablar sobre el tema.
En el municipio Baruta no se pudo acceder a información sobre la licitación de Fospuca. Desde la alcaldía no respondieron a solicitudes de TalCual. Foto: Luna Perdomo
Para Felipe Capozzolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) urge la concordancia en el tema. Afirmó que las tarifas son duras y complicadas para el sector en general. Aunque admite entender que el país comienza a transitar hacia un futuro en el que la sociedad se haga cargo de los servicios.
Capozzolo aseguró que el sector ha impulsado varias iniciativas para dialogar con alcaldes de los diferentes municipios y con la empresa privada, para llegar a un punto de entendimiento. El representante gremial resalta que uno de los factores fundamentales que juega en contra del sector, en este caso, es la distribución que hacen en los gobiernos locales en las facturas globales de la recolección de los desechos sólidos.
«El porcentaje mayor lo paga siempre el comercio. En este momento los desechos sólidos en los municipios se recogen gracias al comercio. En algunos lugares, 80% de la factura las paga el comercio, en otros hasta más del 90%. Hay un problema que no solo es de orden económico sino que hay implicaciones políticas que prelan la decisión de pagar o no pagar», dijo a TalCual.
Aunque el presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, dice que quizás las tarifas puedan ser justas, cuestiona que el peso recaiga sobre los comerciantes. Foto: Luna Perdomo
El presidente de Consecomercio recalcó que para el sector comercial es de suma importancia tener municipios limpios, pero también que el costo de esto sea cónsono a la actividad que realiza, pues en medio de la crisis económica que vive la nación y los efectos de la pandemia por el coronavirus, la actividad de los comercios y el consumo ha caído, por lo que se hace mucho más descabellado afrontar los costos.
Las partes involucradas no han dado su brazo a torcer, hasta ahora. Se ha conocido de acuerdos a los que han llegado algunas empresas con la prestadora de servicio, pero no han sido decisiones que incluya a todo el sector que hace vida en los municipios. Las autoridades dicen que son las tarifas justas y la empresa que son las correctas.
Aunque el máximo representante de Consecomercio dijo que quizás las tarifas puedan ser justas, cuestionó que el peso recaiga sobre los comerciantes. Es por esta razón que urge que en este año 2021 las partes puedan sentarse a dialogar y lograr acuerdos que beneficien a todos.
Para el sector comercial las tarifas de aseo urbano en los municipios Chacao, Baruta y El Hatillo se ha convertido en enemigo. El presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Leonardo Palacios, manifestó en agosto de 2020, su preocupación ante la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) presidida por Juan Guaidó, entonces encabezada por la diputada Nora Bracho.
Palacios consideró que el tema debe manejarse de forma racional y que se debe evitar la voracidad fiscal municipal. Explicó, en ese entonces, que debía favorecer a los consumidores, también brindar seguridad tributaria y evitar a toda costa el cierre de empresas y la pérdida de empleos.
Insistió en que el tema del aseo urbano no puede manejarse de manera populista y que sea el sector empresarial el que asuma los embates del incremento en las tarifas.
«La imprevisión, irresponsabilidad y la opacidad en el manejo de estos asuntos no son excusas para decir ‘antes no lo cobré y ahora debo cobrarlo’ sobre parámetros alejados de la realidad actual», dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, según reseñó el portal Analítica.com.
La fracción parlamentaria de Un Nuevo Tiempo informó que el órgano del Parlamento solicitaría al alcalde Gustavo Duque, y a otras autoridades municipales información sobre lo que consideran como «excesivo cobro» en las tarifas de aseo urbano.
«Comerciantes e industriales acudieron a la Comisión a denunciar que las tarifas son muy altas y en dólares, obligando a algunos comercios e industrias del sector a cerrar sus puertas definitivamente, porque no pueden cancelar el servicio», señalaron a través de su cuenta en Twitter.
TalCual intentó establecer comunicación con la diputada Bracho para conocer si recibieron alguna documentación de las autoridades municipales, pero no se obtuvo respuestas de la presidenta de la comisión parlamentaria.
Los comerciantes del municipio Baruta pagan 97% de la factura global del servicio de aseo urbano que presta la empresa Fospuca, mientras que el sector residencial 3%. Así lo confirma a TalCual la presidenta del Concejo Municipal, Georgette Topalián.
La concejal precisa que el ajuste de las tarifas viene de la alcaldía, pues fue el alcalde Darwin González quien habló de ello con la empresa y luego la Cámara reguló la tarifa residencial, a su juicio, en un porcentaje bastante amplio.
«Podemos decir que la tarifa residencial es subsidiada por la tarifa comercial y que no es la misma en Las Mercedes que en Colinas de Bello Monte, o Prados del Este, son tarifas que varían. Además, hay cinco escaños donde modificamos la ordenanza para el tema residencial», explicó a TalCual.
Presidenta del Concejo Municipal de Baruta, Georgette Topalián, durante la entrega de camiones de Fospuca. Foto: Luna Perdomo
En referencia a la dificultad para hacer el pago al servicio de, por ejemplo, el propietario de algún rubro que se mantuvo cerrado durante meses en el municipio, Topalián recalcó que ese es un tema de conversación entre comerciantes, la empresa y la alcaldía. No obstante, es enfática al decir que en Baruta, durante la pandemia, se desarrolló una economía distinta con el servicio a domicilio.
Apuntó que durante la pandemia los restaurantes en Las Mercedes se han mantenido abiertos y operativos con el delivery, y como estuvieron produciendo tienen que cumplir con el pago de los servicios.
«Hay sectores de la economía que tuvieron ingenio para seguir facturando y generando renta. Hay otros temas tributarios ¿todo el mundo declara lo que percibe? Esto es un tema ciudadano y de los comerciantes porque tampoco pueden ganarlas todas», agregó.
La presidenta del Concejo Municipal de Baruta confirmó que comerciante que no pague a Fospuca no podrá honrar sus compromisos con el municipio. Aclaró que esa es una medida que fue establecida por el gobierno municipal a cargo de Darwin González y no gestada desde el Concejo Municipal.
Aseveró que desde el Concejo Municipal no hay ordenanza o gaceta en la que se haya establecido que las actividades económicas limiten los pagos municipales. «Esto es un tema del ejecutivo municipal con la empresa», señaló.
Topalián rebatió lo expuesto por el abogado José Gregorio Silva, que calificó la medida como una extorsión y que explicó que como el aseo urbano no es un impuesto sino un servicio, no se puede impedir a un comerciante cumplir con sus tributos. Sostiene que la medida no es ilegal porque considera que este tema no está normado.
Duda que al sector comercial en todo este tiempo le haya ido pésimo. Argumentó su postura en el hecho de que «si les ha ido tan mal ¿por qué hay un excedente en renta tributaria que llama la atención?». Destacó que debe mirarse la polémica con lupa, detectar a quiénes cumplen y se apegan a la legalidad e identificar a los «agitadores de oficio».
Sin embargo, es preciso recordar que cifras de la consultora Econométrica revelaron que durante el primer semestre del pasado 2020, hubo una caída de los ingresos tributarios de 54,6% en términos reales. La firma señaló en un informe que entre los meses de enero y junio de ese año, la recaudación total aumentó Bs. 13,6 billones, lo que representó un incremento nominal de 1.765% respecto a lo recaudado en el mismo semestre de 2019. A pesar de este aumento, en términos reales, la misma registró una contracción en el período.
Econométrica señaló, en ese entonces que entre los factores que explican la caída real en los tributos internos se encuentran el aumento de la inflación, la dolarización de facto y una contracción del consumo.
«Esto último se debe no solo a la recesión económica (26 trimestres consecutivos de contracción en el PIB), sino también a las medidas de confinamiento y cuarentena por la pandemia de la covid-19 desde el 16 de marzo de este año», resalta la consultora en su informe.
Subrayó Topalián que al Concejo Municipal no ha llegado ningún empresario a denunciar que su negocio fue cerrado por algún incumplimiento. Por el contrario, dijo que representantes de los clubes e incluso centros comerciales que funcionan en la municipalidad han logrado reunirse con Fospuca y llegar a acuerdos.
Recordó que la concesión a Fospuca por el servicio de aseo urbano, recolección de desechos sólidos, medio ambientales y sanitarios fue firmada por el exalcalde Gerardo Blyde y la continuidad la dio Darwin González. Asimismo, recalcó que el tema es manejado de forma diferente en Chacao y El Hatillo y por esa razón, la historia no se puede ver desde una sola óptica. Esto pese a que varias de las quejas o denuncias que se han manifestado desde el municipio son similares a las de otros ayuntamientos donde opera la compañía.
Aunque dijo que la empresa presta un buen servicio, reconoce que falta mucho por hacer, sobre todo en los sectores populares donde afirma que aún podría ser mejor.
Por otra parte, anuncia que se espera para 2021 se puedan lograr nuevos cambios, uno de ellos sería una adecuación al catastro municipal con el objetivo de erigir igualdad de condiciones y oportunidades según el espacio del municipio donde se ubique el domicilio o se registre una razón comercial.
«El que tiene más debe pagar más, el que tiene menos debe pagar menos. Con respecto al área comercial, hay espacios en las zonas populares que no pueden pagar igual que en Las Mercedes y en eso avanzaremos en el nuevo catastro», apuntó. Al mismo tiempo, asomó que una de las propuestas que podría presentar ante la cámara sería para exonerar a los adultos mayores que vivan en el municipio.
Al igual que el presidente de Fospuca, José Simón Elarba, la concejal descartó que al decreto ejecutivo 4.025 se le haya dado una interpretación errada. Por otra parte, aseveró que la recolección de desechos no se suspende porque una o dos personas no paguen porque son recolecciones absolutas.
«Aquí hay un fenómeno de gobierno distinto al de otros municipios Tenemos un alcalde opositor al gobierno nacional, pero el Concejo Municipal forma parte de la oposición al alcalde», matizó.
Uno de los reclamos que ha hecho parte de la sociedad civil en el tema de Fospuca, sobre todo en Chacao y Baruta, es que las autoridades municipales no muestran el pliego de condiciones y los documentos de licitación que presentó la compañía, además de su estructura de costos.
Desde el Instituto de Ambiente de Chacao se explicó a TalCual que tras un estudio socioeconómico que hace un equipo multidisciplinario, se determina la viabilidad del tema de la concesión y la cantidad de desechos del municipio. En 2018, tras ese procedimiento se determinó que el municipio no podía subsidiar el tema del aseo por la inflación que azotaba al país.
Trabajadores del organismo municipal detallan que luego de determinarse que lo mejor en el caso era entregar la concesión, se hizo, de acuerdo a los protocolos establecidos, una resolución en la que se determinó la comisión técnica que evaluaría el tema. Este sería el arranque al proceso en el cual se hizo una publicación en gaceta en la que quedó establecido que la medida sería sometida a la consideración del alcalde y así luego comenzar el concurso.
Fospuca, según la fuente consultada en el instituto, fue la única empresa que compró los pliegos y los presentó, cumpliendo las condiciones exigidas por la municipalidad. Luego de haberse determinado que la compañía estaba apegada a las necesidades del ayuntamiento se realizó la apertura del sobre, un acto público al que extrañamente, dice la fuente, no acudió la gente pese a las convocatorias en prensa. Se realizó en abril del 2018.
La proyección de costos presentada por Fospuca en ese entonces era de 11.352.403.834.481 bolívares, que se distribuía en gastos materiales (1.570.637.415 bolívares), de equipos (537.042.810.000 bolívares), mano de obra (87.427.871.566 bolívares) otros costos (4.753.422.907.054 bolívares) más lo gastos de administración, utilidad e impuestos.
La estructura de costos de acuerdo a lo señalada por el instituto se pasa solo una vez. «Esta oferta que ellos presentan en un principio es una estimación de lo que les va a costar por los 10 años que vienen».
En el municipio Baruta no se pudo acceder a informaciones como esta. Autoridades de la alcaldía no respondieron a pedidos de información de TalCual.
En julio de 2020, el presidente de Fospuca dijo que la división de la factura se realiza de acuerdo con la capacidad de pago entre ambos tipos de clientes. Detalló que en Baruta y Chacao un 80% lo paga el sector comercial y 20% el sector residencial, al igual que en Iribarren en el estado Lara. Lo expuesto por la presidenta de la Cámara Municipal contraría lo que dijo Elarba en ese entonces.
A diferencia de otros países, en Venezuela, de acuerdo a lo expuesto por el Instituto de Ambiente de Chacao, no se paga por toneladas recogidas sino por el metraje del sitio.
El ingeniero Alfredo Cohen, presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) y del Grupo Sambil, afirmó en octubre pasado que llevan al menos dos años con problemas con los costos del aseo urbano en el país. Para Cohen cubrirlos en pandemia se ha hecho más cuesta arriba.
