La Medida profundizará la escasez al limitar
la producción en las industrias, dijo Francisco Martínez, presidente de
Fedecámaras
Representantes de los
sindicatos del sector agroalimentario se declararon en desobediencia y
han convocado asambleas de trabajadores como reacción a la resolución
9855 que ordena a las empresas “facilitar” los empleados que se
requieran para trabajar, con el argumento de fortalecer la
agroindustria.
Jean Carlos Díaz,
directivo del sindicato de trabajadores del maíz de Bolívar, informó
que las organizaciones obreras se declararon en desobediencia contra
la medida del Ejecutivo publicada en Gaceta Oficial el 22
del presente mes, la cual obliga a las empresas suministrar sus
trabajadores para que laboren durante 60 días, prorrogables, en
“aquellas entidades objetos de medidas especiales implementadas para
fortalecer su producción”.
El
dirigente de Sintramaíz declaró que la Ley Orgánica del Trabajo dispone
que “cualquier decisión aprobada por los trabajadores en asamblea
debe ser acatada por los patronos y las autoridades del trabajo”.
Calificó la resolución de “abuso” y cuestionó que no le hayan
consultado a los trabajadores ni a sus representantes (los
sindicatos).
Francisco Martínez,
presidente de Fedecámaras, refirió que además de arbitraria, la medida
profundizará la escasez de alimentos y productos porque despoja a las
empresas del personal que necesitan para mantener eficientemente su
operatividad.
Alertó acerca de la
posibilidad de que la fuerza militar se lleve a los campesinos y
operarios de las plantas para la recuperación de otras instalaciones
del sector agroalimentario expropiadas “que el mismo gobierno llevó a
la quiebra” afirmó. “Además de la apropiación de empresas, mercancía,
producción y equipos, el sector privado es sometido ahora a la
confiscación de su mano de obra calificada”, dijo.
“Yo, no me voy”. “No voy a dejar que me alejen de mi familia en un traslado de la fábrica donde trabajo con un buen contrato colectivo a otro sitio por el capricho del gobierno”, manifestó un operario de una procesadora de harina de maíz, que solicitó no citar su nombre.
“Yo, no me voy”. “No voy a dejar que me alejen de mi familia en un traslado de la fábrica donde trabajo con un buen contrato colectivo a otro sitio por el capricho del gobierno”, manifestó un operario de una procesadora de harina de maíz, que solicitó no citar su nombre.
Otro
empleado de una factoría de alimentos, que también pidió no mencionar
su identificación, sostuvo: “No me pueden obligar a dejar la planta
donde tengo servicio médico y comedor a otro lugar sin un buen
ambiente de trabajo”.
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