Suspender elecciones, encarcelar
diputados y retirar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos
son tres de las medidas que puede tomar el presidente Nicolás Maduro,
luego de recibir facultades especiales de acuerdo con la sentencia 155
del Tribunal Supremo de Justicia.
“Esta no es una sentencia
cualquiera”, aseguró el politólogo Luis Salamaca, quien afirmó que los
poderes especiales entregados por el Poder Judicial “marcan un punto de
inflexión hacia el proceso de la deriva constitucional”.
Señaló que el dictamen le otorga un
poder total para “prácticamente manejar todo sin ningún tipo de respeto a
las normas establecidas en la carta magna”.
Salamanca afirmó que la actuación del
TSJ representa el retroceso para el país porque lleva a toda la nación
al tiempo en el que el mundo era dominado por monarquías que
administraban los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Advirtió que el gobierno pudiera
estar preparando un escenario para evitar las elecciones presidenciales
de 2018. “Puede estarse gestando una gran maniobra para decretar el
estado de conmoción y evadir la elección presidencial a tan solo año y
medio de que ocurran”.
El politólogo Ramón Piñango coincide
con Salamanca con respecto al asunto comicial: “Las elecciones siempre
han estado en riesgo, pero ahora más que no las pueden ganar. También
hay que recordar que ellos tienen un buen récord cumpliendo sus
amenazas”.
La sentencia también da carta abierta
al gobierno para que aumente la persecución política debido a que los
diputados a la AN quedan en un completo estado de indefensión jurídica,
ya que pierden su inmunidad parlamentaria por decisión presidencial.
“El riesgo de la suspensión de la
inmunidad de los legisladores se pudiera ver reflejado en un aumento de
los presos políticos”, advirtió José Antonio Gil Yepes, socio director
de Datanálisis.
Al respecto, Gerardo Blyde expresó
durante una entrevista al Circuito Éxitos, que se elimina todo proceso
legal para ser despojados de su protección legislativa. “Pueden ser
privados de libertad sin necesidad de pasar por los trámites de
allanamiento a la inmunidad parlamentaria y del antejuicio de mérito,
sacando al Ministerio Público, metiendo a la jurisdicción militar y sin
inmunidad, pueden ser detenidos por el delito de traición a la patria”,
explicó el alcalde de Baruta.
Sobre la salida de Venezuela del
órgano hemisférico, Blyde no descartó que el gobierno esté preparando el
terreno para que Venezuela se retire de la Organización de Estados
Americanos. “Maduro arregló con el TSJ para salirse de la OEA”. Dijo que
el proceso es más complejo de lo que parece debido a que la OEA tiene
sus propios lapsos y la salida pudiera tardar hasta dos años.
Desde la junta directiva de la
Asamblea Nacional confirmaron que los diputados actuarán contra la
sentencia 155 en la jurisdicción interna para dejar testimonio del
atropello cometido contra la inmunidad parlamentaria. Acotaron que
también llevarán el fallo a la Unión Interparlamentaria, al Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y a las delegaciones diplomáticas
apostadas en el país.
En un comunicado de 9 puntos la MUD
condenó categóricamente la actuación del máximo tribunal porque viola
flagrantemente la Constitución. “Este gobierno agoniza y por eso
recurre a este tipo de medidas desesperadas. Eso explica que, mediante
esta aberración jurídica, la Sala Constitucional inste al presidente a
revisar leyes de contenido penal e incluso militar bajo la figura del
estado de excepción por conmoción interna, para arremeter con más
frontalidad y descaro contra la Asamblea Nacional elegida por el pueblo y
el liderazgo de la Unidad”.
Gil Yepes también advirtió que la
sentencia es una estrategia del gobierno para hacer creer que el Estado
obedece las órdenes del Poder Judicial. “Eso es simplemente un trabajo
de imagen y no es sustantivo de que en Venezuela exista separación de
poderes”.
“Diputados deben pedir protección a la CIDH”
Maru Morales P.
El abogado constitucionalista, José
Vicente Haro, considera que el planteamiento contenido en la sentencia
155 de la Sala Constitucional, que pretende eliminar la inmunidad de los
diputados, constituye delito. “En mi opinión, la vía interna tienen que
agotarla en el MP, haciendo la denuncia correspondiente porque lo que
hicieron los magistrados es un delito. Una vez obtenido el acuse de
recibo del MP, ellos podrán acudir a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos para solicitar medidas de protección para su libertad
personal, su vida y para el ejercicio de sus funciones”. También
recomendó elevar el caso ante la Comisión de Derechos Humanos del
Mercosur, el Parlamento Latinoamericano y ante el Comité de Detenciones
Arbitrarias de la ONU: “De esa forma, a la ONU le quedará claro que en
Venezuela entramos en una situación de detenciones selectivas a líderes
políticos”.
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