domingo, 4 de junio de 2017

ANC nació inconsulta, ilegal e ilegítima


"La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente la aprueba o la niega el pueblo mediante referendo consultivo: cuando la mayoría de los votos es ‘sí’, se aprueba la convocatoria; en caso contrario no se convoca”, dice el libro oficial del Ministerio de Educación para 5° grado, Venezuela y su gente, Ciencias Sociales. En el texto de 4° grado de la misma serie se aclara: la nueva Constitución se somete a referendo consultivo; si el pueblo vota ‘no’ queda rechazada y si vota ‘sí’, se promulga.


La sencilla explicación resume la discusión nacional dada a partir de febrero de 1999 cuando Hugo Chávez convocó una ANC no prevista en la Constitución; recoge la decisión de la extinta Corte Suprema de Justicia que ordenó consultar al pueblo y sintetiza el espíritu del debate constituyente para incluir el mecanismo en lo que sería la nueva carta magna.
Pero ese principio consultivo no aparece en la convocatoria de Nicolás Maduro, ni en las bases comiciales, ni en las palabras de la presidente del CNE Tibisay Lucena, ni en la sentencia 378 de la Sala Constitucional del TSJ. Todos insisten en que no es necesario consultarle previamente a la ciudadanía. Para aplacar las críticas, el mandatario señaló el jueves que “la nueva Constitución saldrá a referéndum consultivo para que sea el pueblo el que diga si está de acuerdo o no”, pero descartó la consulta previa.
Las bases comiciales dictadas por Maduro y ajustadas por Lucena dicen que se elegirán 545 constituyentes: 364 en los municipios, 8 indígenas y 173 por sectores, es decir, 24 estudiantes, 8 campesinos o pescadores, 5 empresarios, 5 personas con discapacidad, 28 pensionados, 24 de los consejos comunales y 79 trabajadores. Cualquier ciudadano puede postularse siempre y cuando cumpla con los requisitos, entre ellos que esté registrado en el CNE y en la data al gremio al cual quiere representar.
Indican que la mayoría de los constituyentes municipales se elegirán de forma nominal y los sectoriales entrarán por lista, excepto los de los consejos comunales, que serán escogidos en asamblea de las comunas.
Ningún elector podrá estar en más de un registro sectorial. La postulación de los candidatos municipales será por iniciativa propia con el respaldo de 3% de los electores municipales; y los sectoriales serán postulados por grupos de electores. Todos los funcionarios públicos –inclusive los militares activos- pueden postularse como constituyentes, siempre que se separen del cargo una vez admitida la postulación.
Desde el punto de vista técnico el proceso es apresurado, si se compara con el realizado en 1999 e incluso con los tiempos aplicados por el CNE para el frustrado revocatorio presidencial de 2016. Además, el CNE calculó el número de constituyentes sectoriales sin que nadie sepa qué registros usó. Se trata de una base de datos inauditable, advierte el técnico electoral Roberto Picón.
“Es una caja negra muy oscura. Si soy discapacitado, pensionado y empresario ¿en cuál sector me incluyó el CNE? No sé. ¿Cómo van a saber los candidatos dónde buscar 3% de las firmas para postularse si el registro usado por el CNE no es público?”.
Afirma que se viola el principio de voto universal con el objeto de manipular a los electores: “Al sectorizar el voto, el gobierno agrupó a los más vulnerables y manipulables clientelarmente: a los pensionados los amarran con la pensión, a los consejos comunales con la bolsa CLAP, a los estudiantes con las becas, a los pescadores con los créditos”.
Se irrespeta, dice, el principio de proporcionalidad del voto, al darle igual peso a municipios rurales de 2.000 habitantes que a los urbanos de 400.000. “Para el gobierno es más fácil distribuir 2.000 bolsas CLAP y tener a todo un pueblito contento que distribuir 400.000 bolsas. Al igual que el sistema sectorial, el territorial esté diseñado para el control clientelar de los electores”, señala.
 

Poder Judicial: la base legal 
El TSJ no es un bloque monolítico y la convocatoria de la dupla Maduro-Lucena a una Asamblea Nacional Constituyente lo dejó al descubierto. De 32 magistrados, 2 ya expresaron su rechazo a los términos y oportunidad de la Constituyente: Danilo Mojica de la Sala de Casación Social y Marisela Godoy de la Sala de Casación Civil.
Entretanto, la Sala Constitucional se ha apresurado a dictar dos fallos que intentan darle base legal a la convocatoria. La sentencia 355 del 16 de mayo, determinó que las elecciones de segundo grado no violan el derecho al sufragio, lo que valida la elección sectorial planteada por Maduro, por encima de la elección universal que manda la Constitución.
Y en el fallo 378 del 31 de mayo, los siete abogados que integran dicha sala decidieron que no es necesario consultar previamente al pueblo, via referéndum, si quiere o no redactar una nueva Constitución.


Poder Electoral: la vía rápida
En el Consejo Nacional Electoral tampoco hay unanimidad sobre la ANC. De los 5 rectores, 4 la apoyan abiertamente: Tibisay Lucena, Tania D’Amelio, Sandra Oblitas y Socorro Hernández; y uno la rechaza por inconstitucional: Luis Emilio Rondón. La celeridad ha sido el signo de las rectoras para este proceso. Para el revocatorio presidencial el CNE estableció una veintena de filtros, auditorías y controles previos y pasaron 7 meses para convocar al 20%. Pero en esta ocasión transcurrieron 20 días entre la recepción del decreto presidencial y la fijación de las fechas de postulación, revisión y admisión de postulaciones, proceso que durará de 16 a 30 días. Además se estableció que no se requerirá de captahuellas ni habrá auditoria de firmas. Aunque no se ha publicado un cronograma con todas las fases, Lucena ya dijo que la elección se realizará “a finales del mes de julio”.


Poder Ciudadano: de tres uno 
El Poder Ciudadano, conformado por la Fiscal General, el Contralor General y su actual presidente, el Defensor del Pueblo, también está dividido ante la convocatoria de Maduro y Lucena. El Contralor Manuel Galindo y el Defensor Tarek Saab afirmaron en una declaración conjunta que la convocatoria del Ejecutivo se ajusta a la Constitución y juega a favor de la paz. La Fiscal Luisa Ortega expresó su desacuerdo en una carta enviada a Elías Jaua a mediados de mayo en la que rechaza el carácter “sectorial o corporativo” de la convocatoria y por considerar que en las actuales circunstancias no es “pertinente, ni conveniente” dicho llamado.
Ortega fue más allá y el viernes introdujo ante el TSJ una solicitud de aclaratoria de la sentencia 378 de la Sala Constitucional por considerar que viola el principio de progresividad de los derechos humanos, el derecho al voto universal y la democracia participativa y protagónica.


Poder Legislativo: 111 en contra 
Los 109 diputados de la oposición en la Asamblea Nacional rechazan los términos de la ANC por considerarla “fraudulenta”. Pero no son los únicos, de los 54 parlamentarios del Gran Polo Patriótico, por lo menos dos se han deslindado. Eustoquio Contreras (Guárico) lo hizo abiertamente mientras Germán Ferrer (Lara), se ha plegado en silencio a las afirmaciones emitidas por su esposa, la Fiscal General Luisa Ortega. El presidente del Legislativo, Julio Borges (PJ-Miranda), afirmó que se trata de la “continuación del golpe de Estado” y en consecuencia el Parlamento la desconoce. Cuestionaron el “secuestro del derecho al voto” y afirmaron que el Gobierno en conjunto con el TSJ y el CNE “falsea y manipula” las normas para justificar sus intereses. Desde el Legislativo se creó un Frente en Defensa de la Constitución que analiza mecanismos constitucionales y legales para frenar a la ANC.


Desde el 1 de mayo se han pronunciado contra la ANC la Conferencia Episcopal, las Academias, las Facultades de Derecho, los ex rectores del CNE, el empresariado y productores agrícolas, 40 Constituyentes del año 1999 y al menos 30 de los 59 partidos que existen en el país. Los chavistas también se rebelaron:

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