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miércoles, 21 de junio de 2017

Fiscal: "Hay justicia solo para aquellos casos que amenazan la estabilidad del Gobierno"

Foto: Archivo
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Luis Eduardo Martínez | lmartinez@bloquedearmas.com
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se pronunció esta tarde sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de admitir la solicitud de antejuicio de mérito en su contra, en el programa radial "La Cola Feliz".



La Fiscal quien ha reprochado constantemente la legitimidad y accionar de los magistrados del Máximo Tribunal acotó que "luego de más de 70 días de manifestaciones, se produce una nueva decisión del TSJ que atenta contra la institucionalidad".
Señaló que desconoce el contenido del texto presentado por el diputado de la Asamblea Nacional (AN) Pedro Carreño, indicando que solicitó copia del documento “y nunca fue presentado”.
Ortega Díaz cuestionó la actitud de los magistrados, que a su juicio poseen “una parcialidad sospechosa”, al mismo tiempo que acotó que “no hay transparencia”.
Más temprano, en una nota de prensa emitida por la Corte Suprema, se conoció que el organismo había admitido la solicitud de un antejuicio de mérito a la Fiscal General.
"Si eso es para la Fiscal General, ¿qué queda para el ciudadano de a pie?”, dijo.
La máxima autoridad del Poder Moral también explicó que en el TSJ se está gestando un “deterioro del poder judicial” añadiendo que “hay justicia solo para aquellos casos que amenazan con la estabilidad del oficialismo”.
Sobre la muerte del joven Fabián Urbina ocurrida en la tarde de ayer en el Distribuidor Altamira, precisó que están detenidos tres Guardias Nacionales. También abordó el caso del fallecimiento de Neomar Lander especificando que el mismo todavía se encuentra en un proceso de investigación.
La titular del Ministerio Público también precisó las cifras de los hechos violentos que han dejado las protestas en los 81 días en el país indicando que “hasta ahora tenemos 74 personas que perdieron la vida”.
Contabilizan 1413 lesionados, de los cuales 1138 son civiles y 275 efectivos de cuerpos de seguridad, 3971 personas procesadas, 532 personas privadas de libertad y 57 acusaciones presentadas.

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