Ayer en la tarde se realizó la audiencia
del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia –Sala Político
Administrativa– Ángel Zerpa, que fue detenido el sábado en Los Cortijos
por el Servicio Bolivariano de Inteligencia cuando se encontraba con su
esposa. El hecho ocurrió un día después de ser juramentado –junto con
otros 32 magistrados– por la Asamblea Nacionalcomo parte de las
acciones que emprendió el Parlamento en respuesta al mandato de la
consulta popular del 16 de julio y tras la manera irregular como fueron
designados los jueces del TSJ en diciembre de 2015.
Desde temprano Alfredo Romero,
director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, informó en su cuenta en
Twitter sobre la desaparición de Zerpa. Escribió que ni los abogados
ni la Fiscalíatenían información de dónde se encontraba.
Más tarde se conoció la celebración
de la audiencia de Zerpa, en la que no se permitió que la defensa
estuviese presente. “Así procede la justicia militar”, destacó Romero.
La jueza militar primera de control, Claudia Pérez, impidió el acceso e
impuso una defensa pública.
El abogado penalista Alonso Medina
Roa, especialista en derechos humanos y director del Foro Penal
Venezolano, expresó: “Teníamos a los abogados desde la mañana a las
puertas del tribunal militar. Nunca les permitieron la entrada, tampoco
al subdirector de derechos fundamentales de la Fiscalía General dela
República. Esto es una violación de todo al designar un defensor
militar; es decir, los militares acusan, defienden y juzgan”.
Se desconocen los cargos presentados
contra Zerpa. El jueves el TSJ calificó de “delito usurpación de
funciones” la designación de los nuevos magistrados.
El Ministerio Público comisionó el
domingo a la Fiscal 85ª nacional para que investigue la privativa de
libertad de Zerpa, que considera “ilegítima”.
Al cierre de esta edición, continuaba la audiencia.
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