Tres huelgas generales ha habido en el
país: la de 1936, 1952 y 1958. La cuarta iniciará mañana, la cual ha
sido convocada por los trabajadores, sindicalistas y confederaciones. La
Unidad Democrática también llamó el sábado a un paro de 48 horas
–miércoles y jueves.
Para los sindicalistas, más allá de
la exigencia de un beneficio salarial, laboral, la huelga es un reclamo
por la institucionalidad democrática que desde finales de marzo terminó
de romperse. “Esto lleva a los venezolanos a la unidad nacional que pide
el cumplimiento del mandato del 16 de julio con las tres preguntas
votadas”, expresó Iván Freites, secretario de profesionales y técnicos
de la Federación Única de Trabajadores Petroleros. Aunque prefiere no
hablar de “huelga sin retorno”, asegura que esta “puede durar 10
minutos, tres días o más. Se levantará al momento en que se cumpla con
lo que se decidió en la consulta popular”, sentenció.
El coordinador nacional de la Unión
Nacional de Trabajadores, Servando Carbone, explicó que se trata de
“una acción pacífica en la lucha no violenta. El movimiento laboral se
ha trazado una huelga sin retorno hasta que se vaya Nicolás Maduro. No
puede haber negociación detrás de la puerta”. Sostuvo que el paro cívico
de la MUD y la huelga general “no colindan”. “La acción de la MUD es
hacia la sociedad civil –incluso cuando el movimiento sindical se unió
al del pasado 20 de julio–, entendido dentro los artículos 333 y 350 de
la Constitución. La huelga general es un derecho consagrado en el
artículo 91 de Carta Magna, en el convenio 87 de libertad sindical de la
Organización Internacional del Trabajo, la Ley del Trabajo, la Carta
Interamericana de Derechos Humanos”.
De acuerdo con Freites, participan el
sector transporte, salud, educación, petróleo, electricidad, comercio,
los privados, empleados públicos, universidades, gremios, religiones,
Iglesia, estudiantes, la sociedad civil. “El pueblo sabe lo que va a
hacer, está preparado para la huelga. Va a estar en la calle. Y será una
huelga solidaria, quien no tenga comida, el vecino le dará. En el caso
de los trabajadores petroleros, el gobierno recibirá una respuesta
contundente”, dijo.
Carbone informó que la adhesión a la
huelga también será progresiva: “Los estudiantes se van a pronunciar,
los libertadores –resistencia– se van a manifestar, los factores
sociales, los periodistas”. Y agregó: “A este régimen hay que
arrinconarlo y la fuerza la tiene el pueblo. La gente tiene que
abastecer sus necesidades básicas”.
El 12 de junio, los dirigentes
sindicales prepararon un informe técnico que fue entregado a la OIT
donde indicaban que estaban en víspera de una huelga general, a su vez,
el organismo internacional comunicó esa decisión al gobierno de
Venezuela.
Sin sanciones. “Este un llamado a
todos los trabajadores. Al más del millón y medio de personas que han
perdido sus puestos de trabajos. No permitiremos presión, coacción ni
descuento salarial”, así lo manifestó Carbone, quien sostuvo que hoy
debería ser aprobada por la Asamblea Nacional la Ley de Garantía para
los trabajadores tras la convocatoria de huelga. “Es una ley de
protección a los empleados públicos, transportistas, jueces, fiscales,
empresarios, quienes puedan ser víctimas de acciones violentas por parte
del régimen, para que esos daños puedan ser resarcidos. Tiene
disposiciones sancionatorias a funcionarios que utilicen el mecanismo de
los Clap para extorsionar con un fin político, que se traduce en
pobreza y miseria. Los trabajadores no tenemos miedo”.
Para Freites, el documento está
blindado para proteger a todos los trabajadores, sean indemnizados y
restituidos sus derechos: “Es parte de la huelga. Se garantiza
protección, no se puede despedir a nadie ni recortar el salario”.
La presidente de Consecomercio, María
Carolina Uzcátegui, señaló que pese a que ellos no son convocantes de
la huelga, están “en la disposición de acompañar al trabajador que
decida sumarse a la protesta”. “No vamos a sancionar. Respetamos el
derecho de los empleados de participar. El tema es que el derecho a
huelga es algo contemplado en la Constitución, nosotros los empresarios
no podemos sancionar a quienes decidan unirse”, dijo. Sin embargo,
aseveró que al no tener trabajadores, no tendrán capacidad para abrir el
establecimiento. “Lo malo es que el gobierno no entiende esa parte. El
viernes pasado y el fin de semana trataron de sancionar a los comercios
imposibilitados de trabajar el día jueves. Esta situación de ausentismo
laboral no pareciera ser diferente en los próximos días”.
Sobre cómo harán frente a futuras
sanciones por parte del gobierno, dijo que esperarán que el personal
notifique su decisión si trabajan o no. De cualquier forma, para
Uzcátegui “el país ya está paralizado. El desabastecimiento es
generalizado”. “La industria a trabaja 30% de su capacidad, la siembra
ha sido menor a 50%. Con la baja del poder adquisitivo, han disminuido
su capacidad de acción. En Venezuela, decidir que un comercio puede
pasar un día sin ningún tipo de venta es ya algo normal, así no haya
paro cívico o huelga”, enfatizó.
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