El Nuevo Herald: Plantean activar la Convención de Palermo para presentar cargos por crimen organizado contra Maduro y su élite

Manifestantes antigubernamentales protestan contra el gobierno de Nicolás Maduro. / Ariana Cubillos AP

Se les acusa de ser un importante eje del narcotráfico internacional que opera con total impunidad porque los principales líderes del cartel son al mismo tiempo los máximos representantes del gobierno.
Anonio María Delgado / El Nuevo Herald.


Bienvenidos al Estatismo Criminal del Siglo XXI, fenómeno que desprendiéndose de sus raíces políticas es hoy un proyecto esencialmente delincuencial que controla las instituciones oficiales de Venezuela para delinquir desde las más altas esferas del poder.
Y es que ya no es posible ocultar que el régimen de Nicolás Maduro “se ha constituido en una organización de delincuencia organizada”, dijo desde Miami Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy, ONG que vela por la estabilidad de las democracias latinoamericanas.
“Cometen delitos, tanto para permanecer en el poder como para seguir enriqueciéndose y seguir manteniéndose en el poder con fines de impunidad”, aseveró el ex ministro boliviano.
La designación de actores del crimen organizado —respalda por las decenas de casos abiertos por la justicia estadounidense— cobra importancia en medio de un creciente coro de voces que señalan que la comunidad internacional debería aplicar la Convención de Palermo en el caso de la crisis venezolana.
La iniciativa, de las cuales Sánchez Berzaín es uno de sus principales promotores, llevaría a Maduro a los principales líderes del régimen a ser denunciados bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, lo que colocaría sus nombres y sujetos a detención por parte de INTERPOL.
“De lo que se trata es de dejar de tratar a los individuos que tienen el poder en Venezuela como sujetos políticos para tratarlos como delincuentes”, dijo Sánchez Berzaín.
“Estados Unidos tiene gran documentación sobre el tema del narcotráfico, lavado de dinero y violación de derechos humanos, pero el mundo tiene documentación sobre lo que ha pasado en los últimos cinco meses” en medio de la feroz represión emprendida por el régimen contra manifestaciones pacíficas, que ha dejado un saldo de más de 150 muertos, cientos de heridos, miles de detenciones arbitrarias y casos documentados de tortura, dijo.
La aplicación de la convención, que obviamente sería ignorada en Venezuela mientras Maduro permanezca en el poder, despojaría la inmunidad diplomática a figuras claves del régimen y conduciría a sus arrestos y posterior enjuiciamientos tan pronto pisen suelo extranjero.
El precedente legal establecido en esta materia es caso, pero los proponentes argumentan que el tratamiento de la inédita crisis de Venezuela —donde las instituciones del Estado son controladas por bandas criminales— requiere la aplicación del convenio.
Académicos estadounidenses describen la situación en Venezuela como un fenómeno que no puede tratarse como una nueva manifestación de autoritarismo latinoamericano o de una simple dictadura comunista.
Lea la nota completa en El Nuevo Herald