La Asamblea Nacional aprobó ayer, por
unanimidad, el acuerdo en el que se declaró la emergencia humanitaria
en el país. El mismo incluyó la exigencia al gobierno para que presente
planes reales a fin de combatir las enfermedades epidemiológicas.
El diputado Luis Silva, que propuso
el acuerdo, denunció la grave situación de salud en el estado Bolívar,
donde se han reportado 200.000 casos de paludismo. Aseguró: “Paludismo
es igual a comunismo. Al paludismo no le importa la condición social, el
lugar o el tipo de vivienda, y menos si la persona apoya al gobierno o
no. Detrás de cada muerto hay negligencia y corrupción”.
Silva presentó un video de la
situación sanitaria en el estado, en el que sus habitantes pedían
medicamentos para atender sus dolencias y subrayó que en los centros de
salud no hay agua para atender a los pacientes: “La Organización
Panamericana de la Salud anunció que le había entregado al gobierno el
tratamiento necesario. Los pacientes afectados y los familiares de los
que murieron se preguntan dónde está”.
La diputada Olivia Lozano señaló que
El Callao tiene la mayor incidencia de paludismo al presentar 109.000
casos. “El régimen abandonó el control sanitario y permite que los
militares tengan las medicinas para comerciarlas por oro en las zonas
mineras”, aseguró Lozano.
El diputado Américo De Grazia señaló
que de los 451.000 casos de malaria en Latinoamérica, la mitad está en
el estado Bolívar. “Solo por vergüenza el régimen debería renunciar”,
dijo. José Manuel Olivares recordó que la situación epidemiológica ha
sido discutida desde hace dos años en la AN. “Ya no solo exportamos
petróleo, ahora llevamos malaria a Colombia, Brasil y Guyana”, acotó.
La declaratoria de emergencia
sanitaria coincidió con la comparecencia de varios representantes del
sector salud ante la Comisión Especial para el Rescate del Proceso de
Negociación, quienes pidieron participar en el proceso de diálogo.
Francisco Valencia, director de Codevida, señaló que la solución de la
crisis humanitaria no puede depender de la mesa de diálogo y afirmó que
las ONG deben asistir a las reuniones de la negociación para expresar
las necesidades que existen en materia de salud.
Jaime Lorenzo, representante de
Médicos Unidos de Venezuela, pidió que se les escuche para poder
supervisar las ayudas humanitarias que se reciban. “Actualmente tenemos
experiencia con la destrucción de alimentos. Necesitamos control, pensar
entre todos, para detener el hambre en Venezuela”, subrayó Maritza
Landaeta de la Fundación Bengoa.
El presidente de la Comisión Especial
para el Rescate del Proceso de Negociación, Stalin González, señaló que
para la oposición la prioridad es que “los venezolanos tengan acceso a
las medicinas. Ha quedado claro quién es el responsable de que el país
esté pasando necesidades, de la crisis en salud y por culpa de quién se
están muriendo venezolanos”.
Frenar controles. La
AN también aprobó un acuerdo en el que solicita al gobierno eliminar el
régimen cambiario actual a fin de que se generen incentivos para la
inversión petrolera, se detenga la escalada del dólar en el mercado
negro y se suspenda el financiamiento de Pdvsa. El Parlamento pide un
plan para incrementar la producción petrolera a fin de que la empresa
estatal “pueda hacer frente a las cuantiosas deudas contraídas con
socios y acreedores, con un listado de bloques petroleros y gasíferos a
licitar y bajo qué condiciones serán ofertados”.
El Legislativo considera que Pdvsa se
encuentra en bancarrota: produce 1.800.000 barriles diarios de crudo y
utiliza 90% de sus ganancias para pagar las deudas contraídas calculadas
en 45 millardos de dólares.
El diputado Carlos Valero indicó:
“Una gandola de combustible de 91 octanos cuesta 36.000 bolívares y el
salario integral es de 456.507 bolívares, todo se va para el contrabando
de extracción. Estamos convencidos de que se busca matar a la gallinita
de los huevos de hora que es Pdvsa”.
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