A pesar de las recientes sanciones
impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump a altos
funcionarios del régimen venezolano, y de haber prohibido al sector
financiero las transacciones con bonos del Estado venezolano, el
secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur L. Ross Jr. tiene una
participación en una compañía naviera que recibe millones de dólares al
año en ganancias por prestar servicio de cabotaje a la estatal Petróleos
de Venezuela.
Ross, un millonario inversionista de
capital privado, vendió la mayor parte de los activos de su empresa
antes de unirse al gabinete del presidente Donald Trump en febrero, pero
mantuvo una participación en la compañía naviera Navigator Holdings
Ltd., establecida en las Islas Marshall en el Pacífico Sur. Las
entidades offshore en las que Ross y otros inversionistas mantienen una
participación financiera controlaban 31,5% de la compañía en 2016.
Según el reporte anual de la empresa
presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por
sus siglas en inglés) Pdvsa no es precisamente un cliente menor de
Navigator, pues contribuyó con 10,7% de sus ingresos en el año fiscal de
2014, y con otro 11,7% en 2015. Esto es un pago neto de 33,7 y 36,9
millones de dólares respectivamente que la empresa recibió al fletar
tres de sus 29 tanqueros para el transporte de gas licuado de petróleo
(GLP) esos años.
La prohibición de Washington a los
bancos estadounidenses de participar en algún tipo de financiamiento al
gobierno venezolano, incluyendo Pdvsa, no afecta directamente el negocio
de Navigator con Venezuela pues las sanciones todavía no ordenan
suspender todo tipo de relación comercial con la autodenominada
Revolución Bolivariana. Sin embargo, en su reporte anual, la empresa
reconoce que “los riesgos geopolíticos asociados con fletar
embarcaciones a corporaciones estatales indonesias y venezolanas son
significativos y pueden tener un impacto negativo en nuestro negocio,
nuestra condición financiera y resultados operativos”.
Entre esos riesgos destaca la
posibilidad de expropiación o nacionalización de propiedades, las
dificultades para defender sus activos ante las cortes del país y
dificultades para mantener el nivel de ganancias debido a elementos como
el control de cambio, huelgas, cambios súbitos en las leyes,
insurrecciones y hasta guerras. “Si surge alguna disputa contractual
sería difícil para nosotros hacer valer nuestros derechos contra Pdvsa
(…) No podemos predecir cómo las políticas gubernamentales pueden
cambiar en el presente o futuro bajo los gobiernos de Venezuela o
Indonesia (…) Dependemos en buena medida de terceras personas para
ofrecer servicio técnico a nuestra flota”.
A pesar de estas advertencias, hasta
abril de este año Navigator ofrecía servicios de transporte marítimo a
Pdvsa por lo menos con dos de sus tanqueros: Navigator Taurus y
Navigator Virgo, que suelen cubrir rutas entre Venezuela y las islas del
Caribe.
Otro socio incómodo
Si algo distingue el olfato para los
negocios de Ross es justamente su inclinación a los riesgos, incluso
políticos pues otro de los principales clientes de Navigator, con una
contribución de más de 68 millones de dólares en ingresos desde 2014, se
encuentra la compañía gasera y petroquímica con sede en Moscú, Sibur.
Dos de sus principales propietarios
son Kirill Shamalov, quien está casado con la hija menor del presidente
ruso Vladimir Putin, y Gennady Timchenko, el oligarca sancionado cuyas
actividades en el sector de la energía estaban “directamente vinculadas a
Putin”, según el Departamento del Tesoro. Otro poderoso propietario es
el mayor accionista de Sibur, Leonid Mikhelson, quién controla una
compañía energética que también fue sancionada por el Departamento del
Tesoro por apoyar el gobierno de Putin.
Como secretario de Comercio, Ross
tiene una autoridad directa sobre las políticas de comercio y
manufactura y es una voz influyente en el gobierno sobre prácticamente
cualquier aspecto de la relación económica de Estados Unidos con otros
países, incluida Rusia. En los últimos años, las tensiones entre Estados
Unidos y Rusia se han intensificado, y Estados Unidos ha impuesto
sanciones contra Rusia después de la invasión de Crimea en 2014 y su
interferencia en la elección presidencial de 2016.
Después de la elección, las
investigaciones realizadas por el congreso y el Departamento de Justicia
de Estados Unidos han explorado posibles relaciones comerciales entre
Rusia y los miembros del gobierno de Trump. Aunque varios asociados de
negocios y de la campaña de Trump han sido investigados, hasta ahora no
se han reportado conexiones empresariales entre altos funcionarios del
gobierno de Trump y miembros de la familia de Putin o su círculo de
allegados.
Durante su proceso de confirmación, a
Ross se le preguntó en repetidas ocasiones acerca de sus relaciones
comerciales con Rusia y sobre sus tenencias en la industria naviera y si
éstas podrían plantear un conflicto de intereses con sus deberes como
secretario de Comercio.
La misma pregunta le fue formulada en
un cuestionario enviado por el Consorcio Internacional de Periodistas
Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), en el marco del
proyecto de Paradise Papers y fue respondida de este modo por el
portavoz del secretario de Comercio, James Rockas: “El Secretario Ross
se desvincula personalmente de cualquier asunto enfocado en buques de
carga transoceánica, pero en general ha apoyado las sanciones de la
administración aplicadas a entidades rusas y venezolanas. El secretario
Ross nunca ha tenido que buscar o ha recibido alguna exoneración ética y
trabaja estrechamente con funcionarios del Departamento de Comercio
para asegurar los más elevados estándares éticos”.
Aún así, en Estados Unidos se
cuestiona la relación de Ross con el íntimo círculo de Putin. Sibur es
“una empresa con conexiones clientelistas”, dijo Daniel Fried, un
experto en Rusia que ocupó altos cargos del Departamento de Estado tanto
en gobiernos republicanos como demócratas. “¿Por qué algún funcionario
del gobierno de Estados Unidos tiene alguna relación con un compinche de
Putin?”.
La conexión comercial indirecta del
secretario de Comercio con el yerno de Putin y los aliados oligarcas
surge a partir de un examen de los registros públicos y una fuga de
millones de documentos financieros offshore del bufete Appleby en las
Bermudas obtenidos por el diario Süddeutsche Zeitung de Munich,
Alemania, y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación y su red global de socios mediáticos. Muestran el
funcionamiento interno de Appleby desde la década de 1950 hasta 2016.
Los archivos incluyen documentos de la división de servicios
corporativos de Appleby, que se convirtió en independiente en 2016 bajo
el nombre de Estera.
Los archivos filtrados muestran una
cadena de empresas y asociaciones en las Islas Caimán a través de las
cuales Ross ha conservado su participación financiera en Navigator.
El hecho de que las compañías de Ross
en las Islas Caimán se beneficien de una empresa controlada por
intermediarios de Putin plantea graves conflictos de intereses
potenciales, dicen los expertos. Como secretario de Comercio, Ross tiene
el poder para influir en el comercio, sanciones y otras medidas de
Estados Unidos que podrían afectar a los propietarios de Sibur.
Asimismo, los propietarios de Sibur, y a través de ellos, el propio
Putin, podrían tener la capacidad de aumentar o disminuir el negocio de
Sibur con Navigator según Ross ayude, o no, a orientar la política de
Estados Unidos.
De 2014 a 2015, los ingresos de la
naviera procedentes de Sibur se dispararon del 5,3% (16.2 millones de
dólares) al 9,1% (28.7 millones de dólares) de los ingresos totales,
haciendo de la empresa uno de los cinco mejores clientes de Navigator,
según las presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados
Unidos, antes de bajar al 7,9% (23.2 millones de dólares) en ingresos el
año pasado. Este año, Navigator duplicó la flota dedicada a las
exportaciones de Sibur, adquiriendo dos nuevos buques y fletándoselos a
la compañía rusa de energía. Los buques fueron nombrados Navigator Luga y
Navigator Yauza, ambos nombres de ríos rusos.
Los números no pintan igual cuando se
trata de Pdvsa, un cliente que aportó mayores ganancias para Navigator
entre 2014 y 2015 que Sibur, pero que desde el año pasado acusa retrasos
en el pago de todos los servicios que contrata y por eso tuvo que
prescindir de contratar uno de los tres tanqueros que fletaba a la
empresa de Ross.
Un hombre de negocios
Antes de unirse al gabinete de Trump,
Ross, de 79 años de edad, era un titán en el mundo del capital privado,
y reunía a inversionistas de todo el mundo para invertir dinero en
empresas en dificultades, con la intención de volverlas rentables.
Cuando todo iba bien, él y su empresa no sólo ganaban dinero de sus
inversiones y honorarios de gestión, sino también de un sistema de
compensación que les permite a los socios generales, que administran los
fondos de capital privado, ganar el 20% de todos los beneficios que
exceden determinado nivel.
Muchos de los fondos de capital
privado involucrados en estas inversiones fueron creados y administrados
por Appleby, el bufete de abogados offshore con sede en Bermuda. Los
archivos filtrados ofrecen un vistazo hacia cómo Appleby ayudó a su
empresa, WL Ross & Co, LLC, a cosechar los beneficios de paraísos
offshore, como las Islas Caimán, un territorio británico que permite
niveles extraordinarios de secreto bancario y deja operar allí a
empresas de papel dirigidas desde Nueva York sin cargas de impuestos. En
2015, las Islas Caimán ocupaba el quinto lugar en las clasificaciones
mundiales del Índice de Secreto Financiero.
Crear fondos offshore organizados
como sociedades anónimas puede ser un gran atractivo para algunos
inversionistas, al permitirles crear organizaciones exentas de impuestos
de Estados Unidos –incluyendo enormes fondos de pensión y universidades
muy ricas– para esquivar una regla el Servicio de Impuestos Internos
que les obliga a pagar impuestos sobre los ingresos obtenidos con dinero
prestado. También ayudan a atraer a los inversionistas no
estadounidenses porque sus nombres no se les revelan a las autoridades
fiscales en Estados Unidos.
Los socios generales en un fondo de
capital privado offshore disfrutan de generosas exenciones de impuestos
en Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de contar la mayor
proporción de sus ingresos provenientes del fondo como ganancias de
capital a largo plazo, en lugar de ingresos ordinarios. Esto les permite
a los gestores de fondos más ricos reducir sus impuestos sobre esos
ingresos de la tasa impositiva máxima en Estados Unidos, del 39,6%, al
20%.
Cuando fue nombrado secretario de
comercio, Ross presentó un acuerdo con la Oficina de Ética Gubernamental
federal que decía que tenía la intención de desprenderse de 80 empresas
y asociaciones, pero mantendría una participación en otras nueve que
tenían activos en “la financiación inmobiliaria y el crédito
hipotecario” y “el embarque transoceánico”. Los activos no se
especificaron. Aunque había vendido WL Ross & Co. a Invesco en 2006,
permaneció activo como presidente y director general hasta renunciar
para unirse al gabinete.
Su formulario de divulgación de
información financiera, también presentado ante la Oficina de Ética
Gubernamental, tiene 57 páginas e incluye una larga lista bajo el
epígrafe “Activos de empleo y Cuentas de ingresos y jubilación”. Esta
lista se divide en secciones que listan activos que parecen ser
propiedad de cada una de las compañías de Ross, detallando hasta siete
capas de entidades entre Ross y los activos que posee.
Enterradas en una multitud de
subsecciones aparecen cuatro entidades de las Islas Caimán nombradas
crípticamente que se encuentran entre las que dijo mantener: WLR
Recovery Associates IV DSS AIV, GP; WLR Recovery Associates IV DSS AIV,
LP; WLR Recovery Associates V DSS AIV, GP y WLR Recovery Associates V
DSS AIV, LP. Las cuatro compañías son administradas por el bufete de
abogados Appleby. “Navigator Holdings” figura entre los activos que
poseen estas empresas.
La complejidad de las estructuras
offshore agrega una distancia legal y de reputación y oscurece el
alcance total de las relaciones comerciales de Ross incluso cuando le
permiten sacar provecho de ellas, de acuerdo con expertos en impuestos y
ética consultados por ICIJ.
La divulgación de Ross valora su
participación actual combinada en las entidades offshore que poseen
acciones de Navigator entre 2.05 millones y 10.1 millones de dólares.
Pero no queda claro cuáles son sus tenencias totales porque no listó un
valor para una de las cuatro entidades que retuvo. No es evidente por
qué o si realmente se omitió un valor. Su participación representa una
fracción de la participación total del 31,5% de las entidades en
Navigator, que, basado en el precio de mercado de la firma al 30 de
octubre de 2017, vale aproximadamente 179 millones de dólares.
(*) Esta es la primera entrega en
Armando.info del proyecto Paradise Papers. En este proyecto se
analizaron 13,4 millones de documentos procedentes de dos proveedores de
servicios offshore, Appleby (Bermudas) y Asiaciti Trust (Hong Kong), y
de registros mercantiles de 19 paraísos fiscales, obtenidos por el
diario alemán Süddeutsche Zeitung a través de una filtración que
compartió, por medio del Consorcio Internacional de Periodistas
Investigativos (ICIJ, Washington), con 382 periodistas de 96 medios en
67 países. En Venezuela, el socio del proyecto es Armando.info, que hizo
una alianza para publicarlo con el diario El Nacional.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.