La Cámara Federal dejó firme el
procesamiento y la prisión preventiva de Cristina Kirchner, acusada de
tratar de exculpar a los sospechosos iraníes del ataque a la AMIA a
cambio de restablecer relaciones con Irán, pero morigeró la calificación
del delito que debe enfrentar: de traición a la patria pasó a
encubrimiento.
Los camaristas Martín Irurzun y
Eduardo Farah confirmaron las detenciones, incluida la del
canciller Héctor Timerman , a quien el juez Claudio Bonadio le impuso
prisión domiciliaria. Y ratificaron los procesamientos con prisión
preventiva del ex secretario legal y técnico Carlos Zannini y de los
piqueteros Luis D'Elía y Fernando Esteche.
Todos habían sido procesados por
Bonadio por la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman antes de
morir. Están acusados de orquestar un plan criminal para levantar los
pedidos de captura internacional que rigen contra ex funcionarios
iraníes acusados de planificar el ataque a la AMIA.
Nisman; los fiscales Gerardo
Pollicita y Eduardo Taiano, que investigaron luego el caso, y Bonadio,
que dictó los procesamientos, entendieron que el plan fue realizado a
partir de la firma, en 2012, de un acuerdo secreto con Irán para que un
comité de expertos revisara las pruebas contra los acusados, a la vez
que se comunicaba a Interpol que estaba en vigor este pacto que
permitiría levantar los pedidos de captura.
Los delitos por los que quedaron
procesados son abuso de autoridad y encubrimiento agravado. Los jueces
dijeron que no puede aplicarse el delito de traición a la patria porque
"requiere una situación de guerra". Y señalaron que aún si se entendiera
comprendido el atentado a la AMIA en el concepto de "agresión", la
respuesta de los poderes políticos argentinos "no fue bélica". No
obstante, aclararon que la calificación es provisoria durante la
instrucción y que el tema puede volver a ser discutido en el juicio
oral.
La diferencia con el delito de
traición a la patria es la escala penal, que en aquel caso va de 10 a 25
años de prisión y en este llega a los 12 años.
Los camaristas confirmaron las
prisiones preventivas al sostener que existen riesgos procesales por la
gravedad de los cargos, consumados por una ex presidenta y su ministro
para ayudar a prófugos de un delito de lesa humanidad. Dijeron que "se
usó cualquier medio para evitar dejar rastros del delito". Dijeron que
hubo comunicaciones posteriores a la denuncia de Nisman para reunirse
con Zannini u Oscar Parrilli para coordinar una versión de los hechos y
señalaron como sospechoso un incendio ocurrido en la Casa Rosada que
hizo perder un registro de 130.000 visitas.
También consideraron que los acusados
deben permanecer presos por la muerte de Nisman, que es investigada
como homicidio. Y evaluaron que vía Zannini, en 2012 y 2013, Cristina
Kirchner ordenó dejar de investigar.
Otros elementos que el tribunal
evaluó para mantener las prisiones son las condenas que pesan sobre
D'Elía y Esteche y los otros procesos contra Cristina Kirchner.
Irurzun y Farah rechazaron el
argumento de los acusados de que se trató de una decisión de política
exterior, no judiciable, y no de un delito penal. Dijeron los jueces que
lo pactado no se refiere "al ejercicio de las facultades que le son
privativas al Poder Ejecutivo", sino todo lo contrario. Se trató,
dijeron, de inmiscuirse en el Poder Judicial, y el memorándum es la
herramienta de la que se valieron los acusados para conseguir sus
objetivos. Sostuvieron que la maniobra comenzó antes, durante y después
de la firma del acuerdo. Indicaron que hubo negociaciones no
transparentadas por el kirchnerismo "así como el montaje de una suerte
de aparato paralelo de comunicación entre quienes oficiaban como
portadores de los mensajes de prófugos y encubridores". Se refiere aquí
al rol que jugaron D'Elía, Yousuff y Esteche.
Los jueces recordaron que la Justicia
pidió en 2006 la captura de ocho sospechosos por el atentado y que
nunca fueron dadas de baja. Rechazaron el argumento de Timerman acerca
de que Nisman había admitido la posibilidad de firmar un pacto con Irán
para destrabar el caso. Los jueces dijeron que Nisman se había mostrado a
favor de "toda medida" que ayude a detener a los iraníes, lo que "no
tenía absolutamente nada que ver con dar un aval a lo que terminaron
negociando autoridades del Poder Ejecutivo".
Los jueces dijeron que la Argentina
cambió de postura en 2011, cuando buscó acercarse a Irán y a partir de
entonces se iniciaron negociaciones secretas previas a que Cristina
Kirchner anunciara públicamente la posibilidad de un acuerdo". Estas
gestiones se hicieron por canales paralelos de la Cancillería,
diferentes de los habituales.
Los acusados dijeron que la firma del
pacto con Irán no implicaba la caída de las circulares rojas de
Interpol, como lo defendió en una carta Ronald Noble, ex titular de
Interpol. Pero los jueces encontraron que ese texto fue preparado por
áreas de la Cancillería, según mails encontrados por Pollicita y
Bonadio. Los jueces dijeron que los acusados "sabían lo que hacían y
sabían que era delictivo".
Citan una nota firmada por Timerman y
por el canciller iraní, en la que señalan que "las cuestiones entre los
países sobre el caso AMIA serán resueltas a través de la cooperación
bilateral".
Para leer el documento del fallo haga clic.
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