viernes, 22 de diciembre de 2017

Presa Cristina Fernández por el pacto con Irán


La Cámara Federal dejó firme el procesamiento y la prisión preventiva de Cristina Kirchner, acusada de tratar de exculpar a los sospechosos iraníes del ataque a la AMIA a cambio de restablecer relaciones con Irán, pero morigeró la calificación del delito que debe enfrentar: de traición a la patria pasó a encubrimiento.

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron las detenciones, incluida la del canciller Héctor Timerman , a quien el juez Claudio Bonadio le impuso prisión domiciliaria. Y ratificaron los procesamientos con prisión preventiva del ex secretario legal y técnico Carlos Zannini y de los piqueteros Luis D'Elía y Fernando Esteche.
Todos habían sido procesados por Bonadio por la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman antes de morir. Están acusados de orquestar un plan criminal para levantar los pedidos de captura internacional que rigen contra ex funcionarios iraníes acusados de planificar el ataque a la AMIA.
Nisman; los fiscales Gerardo Pollicita y Eduardo Taiano, que investigaron luego el caso, y Bonadio, que dictó los procesamientos, entendieron que el plan fue realizado a partir de la firma, en 2012, de un acuerdo secreto con Irán para que un comité de expertos revisara las pruebas contra los acusados, a la vez que se comunicaba a Interpol que estaba en vigor este pacto que permitiría levantar los pedidos de captura.
Los delitos por los que quedaron procesados son abuso de autoridad y encubrimiento agravado. Los jueces dijeron que no puede aplicarse el delito de traición a la patria porque "requiere una situación de guerra". Y señalaron que aún si se entendiera comprendido el atentado a la AMIA en el concepto de "agresión", la respuesta de los poderes políticos argentinos "no fue bélica". No obstante, aclararon que la calificación es provisoria durante la instrucción y que el tema puede volver a ser discutido en el juicio oral.
La diferencia con el delito de traición a la patria es la escala penal, que en aquel caso va de 10 a 25 años de prisión y en este llega a los 12 años.
Los camaristas confirmaron las prisiones preventivas al sostener que existen riesgos procesales por la gravedad de los cargos, consumados por una ex presidenta y su ministro para ayudar a prófugos de un delito de lesa humanidad. Dijeron que "se usó cualquier medio para evitar dejar rastros del delito". Dijeron que hubo comunicaciones posteriores a la denuncia de Nisman para reunirse con Zannini u Oscar Parrilli para coordinar una versión de los hechos y señalaron como sospechoso un incendio ocurrido en la Casa Rosada que hizo perder un registro de 130.000 visitas.
También consideraron que los acusados deben permanecer presos por la muerte de Nisman, que es investigada como homicidio. Y evaluaron que vía Zannini, en 2012 y 2013, Cristina Kirchner ordenó dejar de investigar.
Otros elementos que el tribunal evaluó para mantener las prisiones son las condenas que pesan sobre D'Elía y Esteche y los otros procesos contra Cristina Kirchner.
Irurzun y Farah rechazaron el argumento de los acusados de que se trató de una decisión de política exterior, no judiciable, y no de un delito penal. Dijeron los jueces que lo pactado no se refiere "al ejercicio de las facultades que le son privativas al Poder Ejecutivo", sino todo lo contrario. Se trató, dijeron, de inmiscuirse en el Poder Judicial, y el memorándum es la herramienta de la que se valieron los acusados para conseguir sus objetivos. Sostuvieron que la maniobra comenzó antes, durante y después de la firma del acuerdo. Indicaron que hubo negociaciones no transparentadas por el kirchnerismo "así como el montaje de una suerte de aparato paralelo de comunicación entre quienes oficiaban como portadores de los mensajes de prófugos y encubridores". Se refiere aquí al rol que jugaron D'Elía, Yousuff y Esteche.
Los jueces recordaron que la Justicia pidió en 2006 la captura de ocho sospechosos por el atentado y que nunca fueron dadas de baja. Rechazaron el argumento de Timerman acerca de que Nisman había admitido la posibilidad de firmar un pacto con Irán para destrabar el caso. Los jueces dijeron que Nisman se había mostrado a favor de "toda medida" que ayude a detener a los iraníes, lo que "no tenía absolutamente nada que ver con dar un aval a lo que terminaron negociando autoridades del Poder Ejecutivo".
Los jueces dijeron que la Argentina cambió de postura en 2011, cuando buscó acercarse a Irán y a partir de entonces se iniciaron negociaciones secretas previas a que Cristina Kirchner anunciara públicamente la posibilidad de un acuerdo". Estas gestiones se hicieron por canales paralelos de la Cancillería, diferentes de los habituales.
Los acusados dijeron que la firma del pacto con Irán no implicaba la caída de las circulares rojas de Interpol, como lo defendió en una carta Ronald Noble, ex titular de Interpol. Pero los jueces encontraron que ese texto fue preparado por áreas de la Cancillería, según mails encontrados por Pollicita y Bonadio. Los jueces dijeron que los acusados "sabían lo que hacían y sabían que era delictivo".
Citan una nota firmada por Timerman y por el canciller iraní, en la que señalan que "las cuestiones entre los países sobre el caso AMIA serán resueltas a través de la cooperación bilateral". 
Para leer el documento del fallo haga clic.

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