La directiva de la Asociación de
Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios (Atraem) indicó este
lunes que las recientes acciones tomadas por el Ejecutivo contra los
supermercados obedecen a un plan gubernamental que se ejecuta desde hace
años con el objetivo de criminalizar y destruir el aparato productivo
del país. Claro ejemplo de ello son las expropiaciones a empresas y la
ley de arrendamientos.
Alfredo Padilla, director general de
Atraem, explicó que el dueño de un negocio, al comprar la mercancía para
venderla, debe añadirle al costo final de su producto una serie de
variables. Entre ellas se incluye: traslado, pago de impuestos,
mobiliario, sueldo de empleados, además de su ganancia legal según las
leyes venezolanas que ronda el 30%.
“Cualquier comercio, sea de ropa o
alimentos, es quebrado automáticamente cuando la Superintendencia
Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) obliga
a los propietarios a vender su mercancía casi a precio de costo,
olvidando la hiperinflación que vivimos e imposibilitando a este reponer
su inventario”, dijo.
Padilla señaló que las acciones de la
Sundde traen como consecuencia que el esfuerzo del pequeño comerciante
de ropa o el dueño de una pequeña bodega se esfume solo en cuestión de
horas, lo que trae como consecuencia un retroceso y graves dificultades
en la sociedad.
El analista calificó de fascista el
carnet de la patria, el cual se quiere utilizar en las próximas semanas
como una forma de cancelar el bono de alimentación y las pensiones para
obligar a los ciudadanos a tener este instrumento de coacción del
partido para poder recibir un beneficio que les corresponde a los
venezolanos por ley. “Ante este hecho inconstitucional, el país debe
rebelarse de manera democrática y pacífica”, sentenció.
Con información de nota de prensa
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