El acuerdo de condiciones para las
megaelecciones del 20 de mayo, firmado por Jorge Rodríguez, jefe de
campaña del presidente Nicolás Maduro, y los partidos Avanzada
Progresista, el MAS y una fracción de Copei, que apoyan a Henri Falcón,
no supera las condiciones de los comicios parlamentarios de 2015.
Expertos explican porqué: las
elecciones de este año fueron convocadas con premura y sin respetar los
lapsos que garantizan un proceso confiable y con resultados
transparentes.
El técnico electoral Félix Arroyo
recordó que cuando el Consejo Nacional Electoral convocó las
parlamentarias lo hizo con seis meses de anticipación, lapso suficiente
para realizar las auditorías en el tiempo que estipula la ley. Sin
embargo, este año llamó a presidenciales anticipadas y a consejos
legislativos, y a concejos municipales, cuyos períodos se encuentran
vencidos, para organizarlas en menos de 90 días.
“Todavía no hay cronograma y quedan
75 días. El gobierno y el candidato Henri Falcón pactaron unas
condiciones que no superan las parlamentarias, pero tampoco garantizan
una elección normal, dentro de los estándares democráticos”, aseveró.
El director del Observatorio
Electoral Venezolano, Ignacio Ávalos, cuestionó que los partidos que
postularon candidatos, en conjunto con el CNE, acordaron establecer el
cronograma con lapsos prudenciales porque en menos de 3 meses es difícil
organizar una elección de más de 2.500 cargos y cumplir con las
auditorías. Solo para la impugnación del registro se requieren 15 días,
de acuerdo con la ley.
Destacó que el documento que se firmó
sigue colocando en ventaja al candidato oficial y demostrando que los
resultados no serán confiables porque quienes aspiran a los cargos no
cuentan con las mismas condiciones de participación ni con un árbitro
neutral. En consecuencia, no se cumple con la equidad, transparencia ni
imparcialidad, establecidos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
De los 11 puntos del acuerdo, 5 están
indicados en la normativa. En el Reglamento General de la Ley
Orgánica de Procesos Electorales y en la Lopre es de obligatorio
cumplimiento la observación y acompañamiento internacional, el acceso a
los medios públicos y privados, respetarse el perímetro de seguridad
de 200 metros en cada centro, evitar transmisiones conjuntas de radio y
televisión durante el tiempo de campaña y realizar oportuno sorteo de
los miembros de mesa.
“Simplemente están jugando porque
esas supuestas condiciones están establecidas en la ley y es deber del
CNE cumplirlas”, dijo Arroyo.
Según el acuerdo de condiciones para
las elecciones, que fueron cambiadas del 22 de abril al 20 de mayo, el
gobierno debe evitar las transmisiones conjuntas de radio y televisión
durante la campaña electoral y el uso de fondos públicos. Sin embargo,
Maduro –aprovechando que aún el CNE no ha reprogramado el cronograma–
incumplió el acuerdo y la normativa para promover el domingo su plan de
gobierno.
Otro de los puntos se refiere a la
constitución de una comisión que esté integrada por un representante de
cada partido que participe en la elección. Los expertos recordaron que
este paso se cumplió en 2015 cuando la tarjeta de la MUD estaba
habilitada, así como la de Voluntad Popular y Primero Justicia.
“Cómo van a ser mejores condiciones
si solo están tres partidos que compiten con Maduro, pero que no forman
parte de la alianza opositora. No representan a la mayoría y el gobierno
no permite la representación de todas las fuerzas políticas, es decir,
viola los derechos políticos”, agregó.
El OEV advirtió que el CNE continúa
omitiendo la observación nacional, que también está señalada en el
artículo 471 del Reglamento General, y que estuvo activa durante las
parlamentarias.
76% estaría decidido a votar
Un informe de Datincorp sobre la
cohesión social y política de Venezuela señala que de existir cambios en
las reglas electorales, 76% de los ciudadanos estaría decidido a votar y
si las elecciones fuesen el próximo domingo, 42% tendría como única
opción votar por un candidato de la oposición. El presidente Nicolás
Maduro obtendría 27% de los votos.
De las 1.199 entrevistas, 791 quieren
un cambio de gobierno lo más pronto posible y 323 consideran darle otra
oportunidad al mandatario. 743 personas prefieren una salida basada en
la negociación, en la que ambas partes resulten victoriosas. Solo 28% es
partidario de una intervención extranjera, intervención militar
venezolana o rebelión civil.
Datincorp también consultó sobre los
ciudadanos que han emigrado. 45% lo hizo por situación económica y 25%
por percibir que no habrá un cambio en el país, según el estudio.
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