El conflicto sociopolítico
de Nicaragua, originado por la gestión del presidente Daniel Ortega,
cumple 100 días en medio de la incertidumbre generada por la mermada
economía, la violencia que no cesa y el éxodo de ciudadanos atemorizados
por una situación sin perspectivas de pronta solución.
La represión y las amenazas del
gobierno hacia quienes alzan su voz en contra de Ortega, de 72 años,
generaron un cambio radical en el país que, hasta hace poco más de tres
meses, tenía la imagen de ser el más seguro y pacífico de Centroamérica:
entre 295 y 351 personas han sido asesinadas desde el pasado 18 de
abril durante las protestas antigubernamentales.
Las fallidas reformas al seguro
social planteadas por Ortega desataron una oleada de multitudinarias
protestas que desembocaron en una lucha desigual, en la que los
manifestantes autoconvocados, en su mayoría estudiantes universitarios,
levantaron barricadas para protegerse de la violencia armada de las
fuerzas progubernamentales.
La crisis provocó que cientos de
medianas y pequeñas empresas echaran el cierre y muchos nicaragüenses se
han visto obligados a salir del país por temor a la violencia o en
busca de un empleo que sustituya al que han perdido.
Los sectores más afectados son el
turístico y el hotelero, que, según han reconocido diversos empresarios,
han dejado de recibir clientes y se vieron obligados a cerrar sus
puertas al público.
Las pérdidas económicas, de las que
todavía no hay datos concretos, han puesto a Nicaragua en una situación
difícil, ya que no cuenta con un potencial económico fuerte para salir, a
corto plazo, del pozo en el que se ha sumido desde el comienzo de la
crisis, cuyo fin no se prevé cercano.
Según reiteró la Iglesia Católica, la
solución al conflicto que afecta a todos los sectores de la sociedad es
complicada, debido a la falta de voluntad de diálogo por parte del
gobierno, que no está dispuesto a renunciar ni a adelantar elecciones,
tal y como piden la gran Alianza Cívica.
Y esto se suma la crisis social que
ha generado la violencia de las balas de las "fuerzas combinadas"
gubernamentales, integradas por policías, parapolicías, paramilitares y
antimotines, que continúan matando a los que se manifiestan contra el
gobierno.
Pese a la gravedad de la situación,
ninguna de las partes está dispuesta a ceder en una lucha que ocasionó
ríos de sangre con cientos de muertos y heridos, secuestros, torturas y
desapariciones forzadas de jóvenes, cuyo paradero sigue sin conocerse.
Así lo manifestaron los
autoconvocados por una parte y los sandinistas por otra en sendas
marchas realizadas el Día Nacional del Estudiante en Managua, que se
celebró el pasado lunes, cuando ambos bandos dejaron claro que no
cederían hasta alcanzar los ideales por los que matan y mueren.
Paz, justicia, democracia y libertad.
Son palabras que unos y otros hacen suyas, pero en contextos dispares y
con actores diferentes.
Los sandinistas abogan por la
continuidad de Ortega y su esposa y vicepresidenta del país, Rosario
Murillo, mientras que los manifestantes exigen el abandono inmediato del
presidente y todo el Ejecutivo.
Nicaragua está sumergida en la crisis
más sangrienta de su historia en tiempos de paz y la más fuerte desde
la década de 1980, también con Ortega como presidente.
Las protestas contra Ortega y Murillo
comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la
seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del
mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y
corrupción.
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