El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) realizó un aumento de 15.000% en la prestación de sus servicios, además, desde el 28 de agosto no prestan servicio al público, lo que afecta a cualquier persona que desee proteger sus derechos de propiedad intelectual en Venezuela.
Iván Zambrano, coordinador del Foro del Cine Venezolano, habló sobre las nuevas tarifas impuestas por el SAPI para registrar marcas, patentes y derechos de autor, que calificó de excesivas.
“El monto que hay que pagar por
registrar un guión es casi mayor a lo que entrega el Centro Nacional
Autónomo de Cinematografía (CNAC) para montar un proyecto. Los precios
son excesivos”, dijo Zambrano.
Para el coordinador, este aumento
frena las posibilidades de muchas personas que desean iniciar algún
proyecto con propiedad intelectual, porque el registro en el SAPI es
fundamental para iniciar un proyecto y garantizar el derecho de autor.
Advirtió que calcular los precios a dólar DICOM genera montos excesivos.
“Uno no entiende porqué si el
gobierno no quiere depender del dólar, en muchos pagos el dólar
termina siendo el indicador de los precios de las tarifas de los
servicios”. expresó el coordinador.
Zambrano aseguró que los
representantes del CNAC también están sorprendidos por esta resolución,
que no solo afecta al cine sino a distintos gremios que deseen emprender
y registrar sus inventos.
“No sabemos la razón del incremento
pero es excesivo y representa un obstáculo muy grande, hemos hablado con
autoridades del CNAC y también quedaron sorprendidas por el aumento”,
dijo el coordinador.
Para Zambrano, en el caso del cine,
esto genera un desequilibrio en las posibilidades y oportunidades para
las personas que se están iniciando en la industria, porque con el alto
costo solo podrán hacer cine quienes tengan los recursos para invertir.
“Con esos incrementos los
emprendimientos e iniciativas serán minoritarios, porque mucha gente se
abstendrá de registrar sus marcas e innovaciones”, destacó.
El Foro del Cine ha solicitado a la
Cámara de Cinematografía que intercedan para reducir las tarifas para
registrar marcas o derechos de autor y de no obtener respuesta, Zambrano
comentó que pretenden tomar acciones como asistir al Ministerio del
Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, al que está adscrito
el SAPI, y al Ministerio de Cultura.
Por su parte, el abogado Ricardo
Antequera cree que el incremento a las tarifas de los servicios que
presta el ente se debe a una medida para continuar con el plan de
ajustes económicos que anunció el presidente Nicolás Maduro.
“Por consultar o hacer la búsqueda de
una marca se debe cancelar el equivalente a 10 salarios mínimos, o peor
aún, para utilizar una planilla de las que emite electrónicamente el
SAPI, para descarga e impresión casera, cobran 120 bolívares soberanos”,
indicó el abogado.
Antequera expresó que Venezuela es
una de las naciones con los montos más altos para registrar una marca,
lo que hace que disminuya la solicitud de estos servicios. Precisó que
luego del ajuste en servicios hay que esperar el ajuste de las tasas,
asociadas al incremento de la unidad tributaria, que a su juicio
debilitará el sistema de protección de registros a los particulares y
afectará a pequeñas, medianas y grandes empresas. Esta medida es una de
las que ha tomado el SAPI en los últimos tiempos, en concordancia con
otros poderes públicos, para hacer inaccesibles los servicios de
propiedad intelectual.
“El aumento estaría justificado si
viniese acompañado de otras medidas, como la restauración de toda la
estructura del SAPI, instalando tecnología y contratando personal
altamente calificado y obtener una respuesta adecuada por los tribunales
en caso de infracción con respecto a una marca, estaríamos hablando de
que se está produciendo un cambio general”, precisó el abogado.
No obstante, luego de anunciar el
aumento en las tarifas, la oficina del ente no presta servicio para
realizar trámites en la entidad ni a través de la página web desde el 27
de agosto; nadie ha obtenido respuesta alguna sobre esta situación.
Antequera tildó de difícil que los
precios anunciados para los trámites vayan a cambiar, además, puntualizó
que el SAPI no se ha pronunciado al respecto; sin embargo en las redes
sociales la oficina sube publicaciones periódicas y ninguna trata la
situación actual de los servicios de la oficina.
“Un pequeño o mediano empresario que
tiene que decidir entre pagar la nómina, pagar los impuestos al estado
para que no lo sancionen y mantener la marca, prefiere mantener su
empresa activa y pagarle la nómina a los empleados, olvidándose de la
marca”, puntualizó el abogado.
Los abogados como intermediarios en
los intereses de sus representados, en conjunto con el Colegio
Venezolano de Agentes de la Propiedad Intelectual, se han dirigido al
SAPI para intentar llegar a un acuerdo en cuanto a precios y prestación
de servicios, porque según estudios realizados los costos de los
servicios que ofrece la oficina de propiedad intelectual venezolana
duplica a Argentina, el país con los precios más altos después de
Venezuela.
Para Antequera, esta situación tendrá
como resultado que las personas afectadas busquen protección en otros
países y no en Venezuela.
“Se irán con su maleta de talentos y
conocimientos a otro lugar en el que existan condiciones que incentiven y
estimulen sus proyectos artísticos, comerciales y empresariales”, dijo
el abogado.
Antequera precisó que en Venezuela no
se le da la importancia pertinente a los emprendimientos y esta
decisión sigue desconectando a la nación de los demás países, en cuanto a
realidad internacional con relación al emprendimiento, donde hay un
consenso en reconocer que la economía y el crecimiento de una sociedad
depende del conocimiento de bienes intangibles y del acceso a la
cultura.
A continuación, el baremo realizado
por Covapi para comparar las tarifas de lod servicios de propiedad
intelectual en Venezuela con respecto a otros países.
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