El anuncio de elecciones
presidenciales, que se realizarán en menos de tres meses, ha motivado a
que los rectores de universidades públicas y privadas evalúen distintos
mecanismos que permitan exigir garantías electorales y defender la
democracia.
Entre los mecanismos que estudian los
rectores está una consulta popular, que sería similar a la del 16 de
julio de 2017, en la que ellos fueron garantes. Benjamín Scharifker,
rector de la Universidad Metropolitana, indicó que podría efectuarse de
manera paralela a las presidenciales para demostrar el talante
democrático y pacífico de los venezolanos.
“De elegir este método, trataremos de
que los efectos sean más contundentes que los de la consulta del año
pasado. Lo que se quiere es evitar el teatro que no tiene ninguna
relación con la realidad”, detalló. Dijo que hay que explorar distintos
mecanismos de presión, luego de que “las conversaciones con el gobierno
no resultaran ser eficaces para lograr unas elecciones justas y
transparentes”.
José Francisco Virtuoso, homólogo de
Scharifker, agregó que la consulta popular puede ser una de las
opciones, pero no es la única. “No hemos decidido que ese sea el método
de exigencia, pero es un elemento que está sobre la mesa”, aclaró el
rector de la UCAB.
Crear frente. Virtuoso
propuso la creación de un frente que fomente la unidad política y
civil. “Es el momento de que haya unidad y un movimiento pro democracia,
pro elecciones justas y que luche por el rescate de la Constitución.
Este tiempo requiere unidad política en el país”.
Scharifker aseguró: “No se puede ir a
unas elecciones extemporáneas y apresuradas, que no garantizan la
transparencia del proceso y favorecen a Nicolás Maduro”.
Indicó que el gobierno no promueve
una elección competitiva, sino un acto de votación en el que la
ciudadanía no seleccionará a su candidato de preferencia porque “el
régimen ha inhabilitado políticamente a varios dirigentes opositores y
eliminado partidos para escoger a sus adversarios”.
Virtuoso señaló que debe exigirse un
proceso comicial equitativo y que cumpla con las leyes electorales. “El
adelanto es ilegal y viene dado por una asamblea nacional constituyente
que no tiene facultad para convocarlo, por lo tanto no se debe
participar”, dijo.
La máxima autoridad de la Universidad
Central de Venezuela y presidente de la Asociación Venezolana de
Rectores Universitarios, Cecilia García Arocha, dijo que el venezolano
no está en condiciones de ejercer su derecho al voto para escoger al
próximo mandatario porque no hay garantías de igualdad ni respeto a las
reglas.
Jessy Divo, rectora de la Universidad
de Carabobo, destacó que no avalarán el proceso electoral porque ni la
constituyente ni el Consejo Nacional Electoral están actuando con
estricto apego a las leyes, sino para favorecer al gobierno. “No
representan imparcialidad en el desarrollo de una elección que es de
carácter presidencial”, dijo
García Arocha expresó: “Los rectores
universitarios no somos abstencionistas, pero creemos que con un gran
frente nacional, en el que participen todos los sectores del país,
podemos exigir condiciones y es deber del Ejecutivo garantizarlas”.
Ambas rectoras aseguraron que la
lucha por tener elecciones justas no es exclusiva de los partidos y los
sectores que hacen vida en el país han demostrado su compromiso para
producir el cambio de manera pacífica.
Resaltaron que en la Averu esperan
unión en la dirigencia y no la profundización de las críticas entre los
mismos factores porque estarían “sirviendo la mesa a Maduro”.
Además, consideraron ilegal e ilógico
que adelanten la fecha de la contienda para que el nuevo mandatario
tome posesión de su cargo nueve meses después.
Las autoridades aseguraron que ante
la profundización de la crisis económica y social y el escenario
electoral, los sectores académicos, organizaciones civiles, partidos
políticos y sector empresarial, así como los trabajadores, deben definir
el “verdadero camino para lograr el cambio de gobierno de manera
pacífica”.
EL DATO
El rector de la UCAB, José Virtuoso,
sostuvo que lo más grave de la fecha de los comicios es que se acortan
“de manera dramática” los lapsos para las auditorías y las
actualizaciones del registro electoral, tanto en el país como en el
extranjero. “Al negarse condiciones de una elección justa y
transparente, debe rechazarse la convocatoria”.
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