INTERVENCIÓN ESTATAL SERÁ LEGITIMADA

El Universal
Las empresas colectivas y socialistas serán el epicentro de la política productiva del Gobierno nacional
El Gobierno estaba atado, al menos legalmente, para desarrollar algunos procesos en los términos que quería, pero en poco tiempo el tema quedará resuelto con los cambios a la Constitución nacional que propuso el presidente Hugo Chávez.
El tópico que brillará en adelante en materia económica será la promoción a las empresas que se desarrollen en el marco de la propiedad social y colectiva. Al contrario de lo que parece, no se trata simplemente de que el Estado promoverá y protegerá a ese tipo de industrias, sino que cualquier acción comercial que afecte a estos establecimientos será prohibida.
"En general no se permitirán actividades, acuerdos, prácticas, conductas y omisiones de los y las particulares que vulneren los métodos y sistemas de producción social y colectiva con los cuales se afecte la propiedad social y colectiva o impidan o dificulten la justa y equitativa concurrencia de bienes y servicios", indica el artículo 113 de la Carta Magna propuesto.
Un caso reciente que quedará resuelto a favor del Gobierno se refiere a los despachos lecheros en el país. Hace un par de meses, Chávez llamó a los productores a despachar la leche a las plantas socialistas instaladas por el Gobierno y los amenazó con sancionarlos en caso de que no lo hicieran.Hacia la producción socialista
En su momento, el presidente de Fedenaga, Genaro Méndez, confió en que la Constitución nacional estaba del lado de los lecheros y que, por ello, seguirían vendiendo el producto a quien mejor les pagara.
Sin embargo, una vez que los cambios constitucionales entren en vigencia, podría quedar en veremos la libertad de los productores agropecuarios de comercializar la leche en los términos que deseen.
Al menos en las industrias básicas, la mayoría de ellas propiedad del Estado, ya se define un plan para obligar a esas unidades a destinar la producción que el Gobierno requiera para ejecutar sus obras. Hace pocos días el ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, reveló que las empresas básicas deben trasladar los beneficios de su explotación productiva a la sociedad y que el mecanismo planteado es el de establecer que un porcentaje de la producción vaya hacia los planes estatales.
En todo caso, el aparte constitucional dejaría la puerta abierta para que el Gobierno decida que el destino de la producción de las empresas privadas debe favorecer a la economía socialista, al menos en el caso de que las empresas sociales y colectivas sean afectadas por las prácticas de las unidades productivas tradicionales.
En conjunto, el texto constitucional propuesto se refiere al sector empresarial como uno que debe ser contenido en sus intenciones de obtener el mayor provecho por encima de las necesidades del colectivo y que, además, será enfrentado apenas intente actos de especulación.
Es así como queda incluida la necesidad de enfrentar "toda acción especulativa respecto a la renta de la tierra, los desequilibrios económicos, las asimetrías en la dotación de servicios e infraestructura", entre otros aspectos que explica el artículo 18 del proyecto de Carta Magna.
Si ello va unido a la vigente Ley contra el Acaparamiento y la Especulación, las posibilidades de controlar los sectores productivos se potencia.
Pero además, cuando el Ejecutivo dicte una expropiación, por causa de utilidad pública o interés social, podrá proceder a la ocupación previa, incluso si no se ha pagado la indemnización al dueño original. La Ley de Tierras preveía esto, pero una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia declaró que la ocupación previa era inconstitucional. No obstante, ahora este hecho regresa convertido en norma constitucional.La soberanía priva
Pero la intervención del Estado se expandirá constitucionalmente hacia otros sectores, aun cuando ya la participación estatal es un hecho consumado.
Este es el caso de la actividad petrolera, que quedará reservada al Estado "por razones de soberanía, desarrollo e interés nacional", según el artículo 302.
El Gobierno, a través de la estatización petrolera, ya cumplió con ese artículo, aunque incluirlo en la Constitución nacional significará potenciar esa situación en el tiempo.