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miércoles, 26 de noviembre de 2008

Se articula cerco financiero y funcional a las regiones


Cambios legales incrementan dependencia del Gobierno central

El Ejecutivo nacional, mediante cambios legales, contempla que las gobernaciones y alcaldías estén más sujetas a los requerimientos del Gobierno central no sólo a través del presupuesto sino de la planificación. Las entidades, más allá de requerir que el Gobierno central les entregue fondos a través del situado constitucional, la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides), en el mediano plazo tendrán que someter sus planes a otras instancias como las autoridades regionales. Ante esos cambios el Gobierno central poco a poco arma un cerco mediante el cual las regiones serán más dependientes no sólo de fondos sino de funciones. El proyecto de Ley de Presupuesto de 2009 destaca que las entidades tienen que construir estructuras sólidas para el establecimiento de la nueva visión territorial. Y justamente esos ajustes en la estructura territorial conforman la base para el modelo productivo socialista. Las modificaciones de la estructura territorial comienzan a plasmarse en la Ley de Administración Pública. Allí se indica que el Presidente podrá designar autoridades regionales que tendrán que ejecutar políticas y planes conforme a la planificación centralizada. En el proyecto de Ley de Ordenamiento y Gestión del Territorio (el cual ya fue aprobado en primera discusión por parte del Parlamento) se apunta que el Presidente será la suprema autoridad en la ordenación del territorio teniendo un papel preponderante la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio, la cual tendrá réplicas en los estados y municipios. El texto añade que "las administraciones públicas estatales y municipales y sus entes descentralizados serán sometidos a las directrices de las autoridades regionales, debiendo colaborar activamente en la ejecución de planes y proyectos calificados como de importancia regional". Ajuste financiero En este contexto, el Ejecutivo nacional intenta condicionar la dependencia financiera. En el presupuesto del año 2009 las gobernaciones, alcaldías y consejos comunales recibirán 36 millardos de bolívares fuertes, 30% más respecto a lo programado para este ejercicio. Pero ante ese incremento en la asignación se cuestiona la distribución que se hace de los fondos y se plantea la necesidad de realizar una revisión. De las tres fuentes de financiamiento, las regiones reciben más del situado constitucional, (20% de los ingresos presupuestados) y de hecho en 2009 contarán con 31 millardos de bolívares fuertes, de ese monto 43,7% estará en manos de seis estados: Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Lara, Miranda y Zulia. Para el Gobierno central está concentración de recursos no se puede seguir. En la Ley de Presupuesto se indica que la distribución por Estados revela montos significativamente disímiles que obligan a una reflexión por cuanto las entidades que conforman el eje norte costero reciben la mayor parte del situado, en tanto que el resto del país con grandes extensiones territoriales y escaso nivel de desarrollo tienen que enfrentar permanentemente el desafío de la supervivencia con las escasas asignaciones que les corresponden (...) fenómenos como éstos explican la necesidad de que el Gobierno bolivariano y revolucionario enfrente mediante políticas públicas definidas, y en el marco del proceso de descentralización desconcentrada prevista en el Plan de Desarrollo 2007-2013". En diferentes alocuciones el primer mandatario, más allá de advertir la restricción de fondos de acuerdo con la tendencia política de la entidad, también ha indicado que las gobernaciones y alcaldías recibirán apoyos en la medida en que presenten proyectos socialistas. Por tal motivo, en las líneas para la ejecución del gasto del próximo año se agrega que "las gobernaciones y alcaldías tienen que impulsar el desarrollo de las unidades de producción social que abarcan a las unidades de producción socialista, cooperativas y empresas de producción social". Adicionalmente, tienen que incrementar la seguridad y soberanía alimentaria y apoyar a las comunidades y las misiones.

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