Tras la solicitud del Ministerio Público fueron acordadas las medidas cautelares sustitutivas de libertad consistentes en la prohibición de salida del país y presentación periódica ante un tribunal al empresario Guillermo Zuloaga Núñez.
Asimismo, también fueron acordadas medidas semejantes contra los empresarios Guillermo Zuloaga Siso, Enrique Kshenoske y Martha Rocca, respectivamente.
Los fiscales con competencia en materia contra la corrupción, bancos, seguros y mercado de capitales, Daniel Medina y María Almenara, respectivamente, introdujeron la
solicitud ante el tribunal 13° en funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas por considerar que existían suficientes elementos para que se adopten tales medidas.
Tales medidas cautelares fueron solicitadas de acuerdo con los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que se refieren a la presunción de fuga y obstaculización de la justicia.
En ese sentido, el Tribunal 13º de Control de Caracas, aceptó la solicitud del Ministerio Público y ordenó se libraran los respectivos oficios a las autoridades competentes
El pasado 04 de junio el Ministerio Público imputó al empresario Zuloaga Núñez por la presunta comisión del delito de usura genérica. Adicionalmente dicho empresario fue citado para este viernes 17 de julio a la sede del Ministerio Público donde será nuevamente imputado.
Igualmente por este mismo caso, el 19 de junio el Ministerio Público imputó al presidente de la empresa Toyo Club Valencia, Guillermo Zuloaga Siso, por la presunta comisión del delito de usura en grado de continuidad y agavillamiento.
Posteriormente fueron imputados el pasado 06 de julio el empresario Enrique Kshenoske, propietario de la empresa Pakla C.A, y a la accionista de Toyo Club Valencia, Martha Roca, por la presunta comisión de los delitos de usura continuada y agavillamiento.
Esta investigación se inició a raíz de una llamada telefónica a través de la cual se denunció que en una quinta en Los Chorros había una serie de vehículos que pudieran ser de dudosa procedencia.
A raíz de ello, el Ministerio Público solicitó la orden de allanamiento, la cual fue acordada por el Tribunal 44° de Control de Caracas, con los resultados antes señalados.
Vía www.ministeriopublico.gob.ve
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