By Associated Press
The Associated Press
BOGOTA, Colombia -- La Corte Constitucional dejó el miércoles en firme una sanción que le impuso la Procuraduría a la exsenadora Piedad Córdoba por sus presuntos nexos con la guerrilla de las FARC, se informó oficialmente.
En 2010, la Procuraduría destituyó a Córdoba de su curul senatorial y la sancionó con 18 años de prohibición para postularse a cargos públicos.
El alto tribunal, la máxima instancia en el país en asuntos constitucionales, negó el recurso de nulidad que la defensa de Córdoba había solicitado respecto de la sentencia de octubre de 2013 mediante la cual le fue confirmada la sanción de la Procuraduría o Ministerio Público, dijo la oficina de prensa de la Corte.
La petición de Córdoba fue derrotada por seis de los nueve magistrados que conforman el tribunal. Dos le dieron la razón a la polémica política. Actualmente hay una vacante en la Corte, cuyos fallos se deciden por mayoría simple.
En síntesis, la Corte consideró, tal como lo hizo hace nueve meses, que el despacho del Procurador General sí tiene la facultad constitucional para investigar y sancionar a servidores públicos elegidos por voto popular, como era el caso de Córdoba.
El abogado de la excongresista, Alfredo Beltrán, indicó a The Associated Press que aunque no se ha notificado del fallo del miércoles, todavía queda un recurso pendiente en el Consejo de Estado -otra de las cuatro altas cortes de Colombia- para tratar de revertir la sanción del procurador general Alejandro Ordóñez
La Procuraduría General -que en Colombia puede imponer sanciones disciplinarias a funcionarios y exfuncionarios públicos- sancionó a Córdoba "por promover y colaborar" con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según la Procuraduría, la investigación contra Córdoba, una abogada de 59 años y del Partido Liberal, tuvo origen en los computadores portátiles hallados en el campamento del jefe guerrillero Raúl Reyes, quien fue muerto por la fuerza pública colombiana en marzo de 2008 en territorio ecuatoriano.
En las computadoras, según la Procuraduría, fue encontrada información y con base en ella se pudo "establecer el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la (entonces) senadora".
Córdoba siempre lo ha negado.
La Procuraduría ha dicho que "estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia para sus objetivos".
En 2010, la Procuraduría destituyó a Córdoba de su curul senatorial y la sancionó con 18 años de prohibición para postularse a cargos públicos.
El alto tribunal, la máxima instancia en el país en asuntos constitucionales, negó el recurso de nulidad que la defensa de Córdoba había solicitado respecto de la sentencia de octubre de 2013 mediante la cual le fue confirmada la sanción de la Procuraduría o Ministerio Público, dijo la oficina de prensa de la Corte.
La petición de Córdoba fue derrotada por seis de los nueve magistrados que conforman el tribunal. Dos le dieron la razón a la polémica política. Actualmente hay una vacante en la Corte, cuyos fallos se deciden por mayoría simple.
En síntesis, la Corte consideró, tal como lo hizo hace nueve meses, que el despacho del Procurador General sí tiene la facultad constitucional para investigar y sancionar a servidores públicos elegidos por voto popular, como era el caso de Córdoba.
El abogado de la excongresista, Alfredo Beltrán, indicó a The Associated Press que aunque no se ha notificado del fallo del miércoles, todavía queda un recurso pendiente en el Consejo de Estado -otra de las cuatro altas cortes de Colombia- para tratar de revertir la sanción del procurador general Alejandro Ordóñez
La Procuraduría General -que en Colombia puede imponer sanciones disciplinarias a funcionarios y exfuncionarios públicos- sancionó a Córdoba "por promover y colaborar" con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según la Procuraduría, la investigación contra Córdoba, una abogada de 59 años y del Partido Liberal, tuvo origen en los computadores portátiles hallados en el campamento del jefe guerrillero Raúl Reyes, quien fue muerto por la fuerza pública colombiana en marzo de 2008 en territorio ecuatoriano.
En las computadoras, según la Procuraduría, fue encontrada información y con base en ella se pudo "establecer el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la (entonces) senadora".
Córdoba siempre lo ha negado.
La Procuraduría ha dicho que "estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia para sus objetivos".
