La impunidad fortalece a los criminales
En el foro La Expropiación de los Derechos Humanos se disertó sobre la situación en Venezuela
La impunidad se ha convertido en una política de Estado. Así lo consideran los participantes del foro La Expropiación de los Derechos Humanos, el segundo de la agenda de eventos que se realizan por el 71 aniversario de El Nacional. Liliana Ortega, presidenta de Cofavic, lamentó que la impunidad se haya vuelto predecible y cierre espacios a la sociedad. Cree que la falta de acceso a la justicia es una de las pocas cosas que iguala a todos los ciudadanos en el país.
“Los crímenes contra los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales y las torturas, presentan un aumento significativo y sostenido que puede visibilizarse a través de las cifras de las organizaciones no gubernamentales y también, por los menos hasta el 2009, en reportes oficiales. Desde 2009 se ha agudizado la opacidad institucional que impide un efectivo acceso a la información pública de órganos claves para estos temas. Al invisibilizar a las víctimas lo que se hace es revictimizarlas, destruir las posibilidades de la reconstrucción de la memoria colectiva y fortalecer a los criminales a través de la impunidad institucionalizada”, señaló.
Refirió que incluso las cifras de la Fiscalía muestran que el auge de la violencia está relacionado con la impunidad. Desde 2006 hasta 2010 hubo 30.000 casos de violación de derechos humanos, 93% de los cuales acabó en sobreseimiento. “Sabemos cómo comienza la impunidad pero no cómo termina”, acotó.
Comparó los casos de las 3.306 personas detenidas y presentadas ante los órganos jurisdiccionales por protestar desde febrero hasta junio con las 650 detenciones derivadas del Caracazo. Señaló que hay un importante número de ciudadanos con medidas cautelares que restringen su libertad, en tanto con el Caracazo se logró la libertad plena en casi todos los casos.
Arbitrariedades. Héctor Faúndez Ledezma, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Internacional Público, dijo que recurrir a las instancias internacionales es una vía para enfrentar el ejercicio arbitrario del poder. Señaló que debe establecerse la responsabilidad del Estado y de los individuos en los casos de tortura. “No podemos esperar justicia de los jueces venezolanos y esperar que actúen con imparcialidad”, refirió.
Sostuvo que aunque Venezuela renunció al sistema interamericano, la normativa sigue vigente porque el país forma parte de la OEA. Destacó que la justicia en materia de tortura no tiene fronteras, como ocurrió con Pinochet y Fujimori. Refirió el caso de un padre que encontró al torturador de su hijo en las calles de Miami y pudo lograr la extradición para que fuese juzgado.
Carlos Ayala Corao, ex presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, indicó que “sin democracia no se puede dar el respeto a los derechos humanos”. Consideró una violación de derechos los procesos judiciales contra Leopoldo López, los exalcaldes Ceballos y Scarano, la expropiación de competencias a la Alcaldía Metropolitana, el caso de RCTV, el cierre de emisoras de radio y la persecución a la prensa a través del papel periódico.
Ayala lamentó que el TSJ haya desmontado la Constitución para hacer una “Constitución paralela”. Dijo que el dictamen que avaló la participación política de la FANB es contrario a los artículos 328 y 330 de la Constitución.
“Yo llamo a la fiscal todos los días”
El presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, al instalar el foro, dijo que en el país se criminaliza la protesta, se asfixia a los medios y los jueces son provisorios. Consideró que la dependencia del poder judicial al Ejecutivo es una de las razones que ponen en duda la democracia en el país.
Rosa Orozco, madre de la estudiante Geraldine Moreno, quien fue asesinada en Valencia en febrero, aseguró que no descansará hasta lograr la justicia para su hija, que perdió los ojos y la masa cerebral. “Yo llamo a la fiscal Luisa Ortega Díaz todos los días y le pregunto qué ha pasado con los asesinos de mi hija. Le exijo que el caso se resuelva este año”, dijo.
Orozco se ha dedicado a investigar y a recabar datos que entrega a Ortega. En el caso estarían involucrados 25 funcionarios de la GNB y el presunto autor material de la muerte de la estudiante está preso en el Core 2.
