En nueves meses el jefe de Estado ha aprobado cuatro leyes y un decreto
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A través de los poderes especiales se reformó la Ley contra los Ilícitos que creó el Sicad II ARCHIVO
En noviembre de 2013 la Asamblea Nacional le dio poderes especiales al Presidente Nicolás Maduro para legislar por un año y en nueve meses el jefe de Estado ya ha aprobado cuatro leyes y un decreto que han endurecido los controles en los sectores clave de la economía.
La Ley de Costos y Precios Justos, la Ley del Centro de Comercio Exterior (Cencoex) y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior y el decreto de los precios de los vehículos han sido los instrumentos legales autorizados que regulan los márgenes de ganancias y los costos, además de centralizar las importaciones. Y a esos textos se añaden Ley contra los Ilícitos Cambiarios y la Ley de Arrendamientos Comerciales.
Cuando se aprobó la Habilitante se estableció que entre sus objetivos estaba "dictar o reformar normas y medidas destinadas a planificar, racionalizar y regular la economía, como medio para propulsar la transformación del sistema económico y defender la estabilidad económica para evitar la vulnerabilidad de la economía; así como, velar por la estabilidad monetaria y de precios, y el desarrollo armónico de la economía".
Ese instrumento arrancó en un entorno donde la economía el pasado año creció 1,3%, la inflación cerró en 56,2% y la escasez de bienes se acentuó, según los datos del BCV.
Frente a esos desequilibrios, las regulaciones han estado en aumento a lo largo del 2014.
El economista y profesor del IESA, Richard Obuchi, señala que las leyes publicadas han apuntado a "intensificar el control directo sobre las actividades económicas y ya los controles han sido responsables de la inflación y la escasez".
Entre los primeros textos que fueron aprobados por el mandatario estuvieron los relacionados con el tema cambiario como la conformación del Cencoex (ente que sustituyó a Cadivi) y de Corpovex.
Esas normas refuerzan la centralización en el manejo de las divisas. El Cencoex se encarga de articular "las políticas nacionales relacionadas con la administración de divisas, exportaciones, importaciones e inversiones nacionales y extranjeras", y la Corporación está facultada para importar y suministrar bienes que las empresas necesiten para producir.
En paralelo se reformó la Ley contra los Ilícitos Cambiarios con el fin de flexibilizar el régimen a través del Sicad II, pero ese esquema alterno no ha logrado controlar el mercado paralelo ni aumentar la oferta de divisas. Obuchi agrega que "con esa modificación hubo una flexibilidad, pero se siguen con los mismos controles".
El marco legal más destacado de la Habilitante ha sido la Ley de Costos y Precios Justos que fija un techo a las ganancias de 30% y ordena a todas las actividades económicas a establecer precios justos. Maduro en su momento dijo que esa ley "es necesaria" para la construcción del socialismo.
Pero ese instrumento no ha precisado cuáles son los gastos que serán reconocidos en las estructuras de costos sobre la cual se determinará la ganancia. Desde que entró en vigencia se han efectuado revisiones de precios de algunos rubros y en ese contexto, la aceleración de la inflación ha continuado y en cinco meses ya fue 23%.
A la par de la Ley de Costos y Precios, el Gobierno aprobó el decreto para los precios justos de los vehículos nuevos y usados, que adicionalmente limita la venta de los autos y obliga a las ensambladoras a notificar la producción semanal.
Para cumplir con parte de la norma la Superintendencia llegó a publicar los precios de los carros, no obstante, a los pocos días de la divulgación el organismo eliminó el listado.
La Ley de Costos y Precios Justos, la Ley del Centro de Comercio Exterior (Cencoex) y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior y el decreto de los precios de los vehículos han sido los instrumentos legales autorizados que regulan los márgenes de ganancias y los costos, además de centralizar las importaciones. Y a esos textos se añaden Ley contra los Ilícitos Cambiarios y la Ley de Arrendamientos Comerciales.
Cuando se aprobó la Habilitante se estableció que entre sus objetivos estaba "dictar o reformar normas y medidas destinadas a planificar, racionalizar y regular la economía, como medio para propulsar la transformación del sistema económico y defender la estabilidad económica para evitar la vulnerabilidad de la economía; así como, velar por la estabilidad monetaria y de precios, y el desarrollo armónico de la economía".
Ese instrumento arrancó en un entorno donde la economía el pasado año creció 1,3%, la inflación cerró en 56,2% y la escasez de bienes se acentuó, según los datos del BCV.
Frente a esos desequilibrios, las regulaciones han estado en aumento a lo largo del 2014.
El economista y profesor del IESA, Richard Obuchi, señala que las leyes publicadas han apuntado a "intensificar el control directo sobre las actividades económicas y ya los controles han sido responsables de la inflación y la escasez".
Entre los primeros textos que fueron aprobados por el mandatario estuvieron los relacionados con el tema cambiario como la conformación del Cencoex (ente que sustituyó a Cadivi) y de Corpovex.
Esas normas refuerzan la centralización en el manejo de las divisas. El Cencoex se encarga de articular "las políticas nacionales relacionadas con la administración de divisas, exportaciones, importaciones e inversiones nacionales y extranjeras", y la Corporación está facultada para importar y suministrar bienes que las empresas necesiten para producir.
En paralelo se reformó la Ley contra los Ilícitos Cambiarios con el fin de flexibilizar el régimen a través del Sicad II, pero ese esquema alterno no ha logrado controlar el mercado paralelo ni aumentar la oferta de divisas. Obuchi agrega que "con esa modificación hubo una flexibilidad, pero se siguen con los mismos controles".
El marco legal más destacado de la Habilitante ha sido la Ley de Costos y Precios Justos que fija un techo a las ganancias de 30% y ordena a todas las actividades económicas a establecer precios justos. Maduro en su momento dijo que esa ley "es necesaria" para la construcción del socialismo.
Pero ese instrumento no ha precisado cuáles son los gastos que serán reconocidos en las estructuras de costos sobre la cual se determinará la ganancia. Desde que entró en vigencia se han efectuado revisiones de precios de algunos rubros y en ese contexto, la aceleración de la inflación ha continuado y en cinco meses ya fue 23%.
A la par de la Ley de Costos y Precios, el Gobierno aprobó el decreto para los precios justos de los vehículos nuevos y usados, que adicionalmente limita la venta de los autos y obliga a las ensambladoras a notificar la producción semanal.
Para cumplir con parte de la norma la Superintendencia llegó a publicar los precios de los carros, no obstante, a los pocos días de la divulgación el organismo eliminó el listado.
