Oposición buscará esta semana crear una propuesta de consenso para el Comité Electoral, dijo Juan Carlos Caldera (PJ) | Foto Archivo El Nacional
El PSUV llevará a plenaria otras dos veces su lista de miembros al comité electoral; luego oficiará al TSJ
La junta directiva de la Asamblea Nacional someterá a otras dos votaciones la terna del PSUV para integrar el Comité de Postulaciones Electorales, encargado de renovar a tres rectores del CNE. Las próximas votaciones serán el martes 7 y el martes 14 de octubre, confirmó el jefe de la bancada oficialista, Pedro Carreño. “Si no hay las dos terceras partes, que obviamente no las hay, remitiremos un oficio al TSJ para que este, mediante sentencia, declare la omisión legislativa, se subrogue la facultad y designe el comité”, dijo.
Precisó que la AN enviaría a la Sala Constitucional la lista de 21 representantes de la sociedad civil acordada por la comisión preliminar, pero aclaró que la Sala puede nombrar personas que no figuren en es lista. De momento la petición no ha llegado al máximo tribunal.
La oposición, entretanto, confía en que la Unasur, y en especial los países observadores del diálogo MUD-gobierno (Ecuador, Brasil y Colombia), medien para viabilizar un comité de postulaciones electorales equilibrado.
“La comisión de diálogo de alto nivel no se reúne desde hace cuatro o cinco meses, pero si se volviera a reunir, sin duda este sería un tema de envergadura que habría que discutir. La renovación de poderes públicos era uno de los puntos centrales del diálogo cuando se instaló en abril”, dijo el diputado independiente Hiram Gaviria, miembro de esa instancia.
Chantaje. Fuentes de la MUD confirmaron que los contactos al más alto nivel comenzaron ayer con el objetivo de poner a la presidencia de la Unasur al tanto de la crisis registrada en la Asamblea.
“A lo interno del PSUV también se movieron las cosas y enseguida el grupo de Jaua, el grupo de Arreaza, comenzó a llamar, porque lo del martes se le fue de las manos a Cabello. Jorge Rodríguez tiene intereses directos en el CNE y está tendiendo puentes con la Mesa”, dijo la fuente.
En la plenaria del martes fue imposible lograr el voto de dos tercios de los presentes para designar a los miembros de la sociedad civil al Comité Electoral; mientras que los 12 ciudadanos aprobados con mayoría simple por el PSUV para el Comité Judicial se identifican con el gobierno.
“La bancada del PSUV nos quiso chantajear con que si no aprobábamos toda su propuesta para el Comité Electoral, no incluirían nuestra propuesta para el Comité Judicial, y eso es inaceptable porque eso no es lo que dice la Constitución”, señaló Stalin González (UNT).
El consenso. La bancada opositora rechazó las propuestas del PSUV por dos razones: el informe para el Comité Judicial incumplió el procedimiento reglamentario, y el sistema de cuotas que ofreció el PSUV viola del principio de independencia.
“Esta semana vamos a tratar de ver si se puede construir una propuesta de consenso, pero siempre manteniendo la defensa de la Constitución”, adelantó Juan Carlos Caldera (PJ).
Sobre la declaratoria de omisión legislativa, el diputado mirandino explicó: “Una vez que recibe la solicitud, el TSJ evalúa y decide si hubo omisión. Luego le da a la AN un plazo perentorio para que nombre los cargos. Si aún así el Legislativo no cumple, entonces procede”. En 2003 el máximo tribunal tardó más de tres meses, desde el 14 de mayo hasta el 25 de agosto, para hacer el nombramiento.
Los perfiles. Según investigación de El Nacional, dos de los seis miembros principales del Comité Judicial cobran por la nómina de la AN (Luis García Flores y Celeste Liendo); tres trabajan en Universidad Bicentenaria, Ministerio de Servicios Penitenciarios y Superintendencia de Seguridad Social (Ramón Gámez, Luis Díaz y Mario Arias) y el sexto fue contratista de la gobernación de Aragua bajo la administración de Rafael Isea (Reinaldo Carvallo).
Mientras, 9 de los 10 nombres propuestos para el Comité Electoral militan o simpatizan con el PSUV y el décimo se identifica con el partido de Ricardo Sánchez.
En manos de siete magistrados chavistas
“No se apresuren a regalarme al gobierno a Francisco Carrasquero”, sugirió ingenuamente el fallecido magistrado Antonio García García, a propósito de la designación de rectores del CNE que hizo la Sala Constitucional en 2003.
“No se apresuren a regalarme al gobierno a Francisco Carrasquero”, sugirió ingenuamente el fallecido magistrado Antonio García García, a propósito de la designación de rectores del CNE que hizo la Sala Constitucional en 2003.
Para aquella época la Sala Constitucional estaba constituida por cinco magistrados: Iván Rincón (presidente), Jesús Eduardo Cabrera, José Delgado Ocando, Pedro Rondón Haaz y García García. Los tres primeros vinculados al oficialismo y los dos últimos a la oposición.
Rincón propuso a Carrasquero como un hombre procedente de la academia y verdaderamente imparcial. Ello a propósito de que en el TSJ se reprodujo la polarización que había en la Asamblea Nacional y que impedía los consensos mayoritarios.
Pero Carrasquero desmintió a Rincón con sus ejecutorias al frente del Poder Electoral y su filiación al chavismo lo convirtió en magistrado. En su discurso como orador de orden en el acto de Apertura del Año Judicial 2006 expresó: “La justicia no tiene por qué ser apolítica ni neutra su aplicación”.
Ahora la Sala Constitucional está integrada por siete magistrados que, como Carrasquero, no esconden sus simpatías con el gobierno.
El Dato
La amenaza de la junta directiva de la AN de pedir al TSJ que le declare la inconstitucionalidad por omisión legislativa luce contra natura. Tal dictamen implica que la AN fue incapaz de hacer su trabajo (en este caso concretar acuerdos políticos) y que otro poder tiene que resolverlo. Es comparable a marzo de 2013, cuando la AN le pidió al TSJ que le solicitara allanar la inmunidad al diputado Richard Mardo; o a lo ocurrido en noviembre, cuando allanó a Mercedes Aranguren para darle al PSUV el voto necesario para aprobar una habilitación al Ejecutivo.
La amenaza de la junta directiva de la AN de pedir al TSJ que le declare la inconstitucionalidad por omisión legislativa luce contra natura. Tal dictamen implica que la AN fue incapaz de hacer su trabajo (en este caso concretar acuerdos políticos) y que otro poder tiene que resolverlo. Es comparable a marzo de 2013, cuando la AN le pidió al TSJ que le solicitara allanar la inmunidad al diputado Richard Mardo; o a lo ocurrido en noviembre, cuando allanó a Mercedes Aranguren para darle al PSUV el voto necesario para aprobar una habilitación al Ejecutivo.
