Leopoldo López y Daniel Ceballos exigieron en Ramo Verde libertad de los presos políticos | Foto Cortesía
Organizaciones como Provea, Espacio Público y ODCA, más personalidades como Enrique Krauze, pidieron la libertad de los dirigentes
La presión internacional para que el gobierno de Nicolás Maduro libere a Leopoldo López y a Daniel Ceballos crece: el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al Hussein, recibirá hoy en Ginebra a la esposa de López, Lilian Tintori, que le informará detalles sobre los casos de los dirigentes y de violaciones de esos derechos en Venezuela.
El alto comisionado, en entrevista con Efe, confirmó la reunión, aunque no adelantó opinión sobre el tema. Admitió, sin embargo, que el caso de López es de “gran preocupación” para su oficina.
Entre los objetivos de esa oficina están: “Apoyar los mecanismos de derechos humanos de la ONU, como el Consejo de Derechos Humanos y los principales órganos creados en virtud de tratados establecidos para supervisar que los Estados parte cumplan con los tratados internacionales de derechos humanos”.
Carlos Correa, director de Espacio Público, recordó que Venezuela forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que establece que sus integrantes tienen que dar el ejemplo en el cumplimiento de sus estándares, por lo que opinó que Venezuela debe acatar las resoluciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que instó a liberar a López y a Ceballos
Explicó que el derecho internacional está basado en un principio de buena fe, que si se firma un tratado hay que cumplirlo: “No hacerlo es perder credibilidad. Ahora Venezuela está en el Consejo de Seguridad, lo que demanda un mayor cumplimiento”.
Ayer se filtraron fotografías de López y Ceballos, desde la prisión de Ramo Verde, sosteniendo carteles que decían: “ONU = Libertad presos políticos”.
Evasión. Los tribunales 28° y 15° de Juicio, que llevan los casos de López y Ceballos, respectivamente, tienen dos días sin despacho. El abogado Roberto Marrero, defensor de López, considera que no es casualidad y que la intención es clara: eludir la respuesta que deben dar a la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.
La defensa de López asegura que la jueza Susana Barreiros tiene tres días para responder. La jueza dijo el martes que aún no había vencido su tiempo para responder. El lapso se vence el próximo día de despacho, dijo Marrero.
“La jueza Susana Barreiros sabe que debe acatar la resolución, porque si no lo hace será responsable directamente. Pueden hablar la fiscal o Maduro, pero es el Poder Judicial el que debe ordenar la libertad de ambos”, expresó.
El jurista Roland Adjovi, uno de los cinco miembros del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, afirmó: “Es una obligación para el gobierno venezolano acatar el dictamen de este grupo. No es algo a lo que el gobierno tenga una opción, es prácticamente una orden”.
En entrevista con NTN 24, el funcionario rechazó que la solicitud represente una intromisión en los asuntos internos de Venezuela: “Esto es un proceso establecido por la ONU con el acuerdo de todos los Estados”. Dijo que en caso de que Venezuela no acate el dictamen, el Consejo de Derechos Humanos debe emprender acciones con base en la decisión de expertos en este tipo de casos.
Provea, Espacio Público, la Organización Demócrata Cristiana de América y el historiador Enrique Karuze, coinciden en que López y Ceballos deben ser liberados. “Pienso en los jóvenes de Venezuela. Ellos conocen el significado de la libertad, porque la libertad solo se conoce cuando falta, y yo pregunto: ¿a ellos quién los escucha? Pues yo quiero enviar un saludo especial a esos jóvenes venezolanos y quiero pedir hoy por la libertad inmediata de Leopoldo López, ¡Leopoldo López debe estar libre!”, expresó Krauze al recibir el galardón V Premio Faes de la libertad en Madrid.
Rafael Uzcátegui, coordinador nacional de Provea, dijo que aunque la recomendación no es un mandato, “es un deber ser”, y coincidió en que la designación de Venezuela como integrante temporal del Consejo de Seguridad aumenta ese deber.
Historial negativo
Venezuela tiene experiencia en ignorar a organismos internacionales de los derechos humanos. El 10 de septiembre de 2012 el Estado denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de forma que el Estado no puede ser demandado por la Corte-IDH.
Venezuela tiene experiencia en ignorar a organismos internacionales de los derechos humanos. El 10 de septiembre de 2012 el Estado denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de forma que el Estado no puede ser demandado por la Corte-IDH.
Las recomendaciones de la ONU también han sido ignoradas, pues el Estado rechazó buena parte de las sugerencias que los países miembros de la organización le hicieron en el Examen Periódico Universal de 2011.
Venezuela rechazó actuar de acuerdo con las normas de la Corte-IDH y quedó pendiente una respuesta a la solicitud de varias naciones para que se permita la visita de comisiones internacionales encargadas de evaluar la situación de los derechos humanos en el país.
Venezuela rechazó todas las recomendaciones para mejorar la libertad de expresión, así como las que buscaban que se respete la independencia del Poder Judicial, y que se investiguen las denuncias de injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial.
Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, dijo: “La impunidad es uno de los grandes problemas que contribuye a la violación de los derechos humanos en Venezuela, especialmente por la falta de independencia de los jueces”.
