Este es el organigrama del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, mostrado por Nicolás Maduro | Foto AVN
Stalin González exigió voluntad política para combatir ilícitos de funcionarios. Piden aclarar función del Poder Popular en la reforma
El miércoles, cuando fue sancionada la reforma de la Ley Contra la Corrupción, el presidente Nicolás Maduro aseveró que “la lucha contra la corrupción es una lucha de mil demonios, una lucha contra los antivalores que el capitalismo sembró y pudre a la gente de manera moral y ética”.
Sin embargo, para el combate de la corrupción en el país se requiere de voluntad política y ética de los funcionarios, considera el diputado Stalin González (Un Nuevo Tiempo). Cuestionó que los cambios en la ley, realizados en el marco de los poderes habilitantes, se hayan concretado sin la renovación del Poder Ciudadano, cuyo período se vence el 7 de diciembre próximo.
El parlamentario recordó que en la Contraloría General de la República hay un interinato, a cargo de Adelina González, desde el fallecimiento de Clodosbaldo Russián en 2011. Indicó que también deben renovarse las autoridades de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo. Refirió que solo en una oportunidad la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, presidente del Consejo Moral Republicano, fijó posición en la página de la institución sobre la convocatoria que se debía hacer para las postulaciones ante la Asamblea Nacional.
“No estamos de acuerdo con que las leyes se produzcan en una oficina, y no en la Asamblea Nacional. Se modifica la Ley Contra la Corrupción, entre otras, para justificar la persecución a la oposición, como ha ocurrido con los diputados Richard Mardo y Juan Carlos Caldera. Aquí la gente es inocente hasta que el gobierno quiere”, dijo.
González advirtió sobre la inconveniencia de que representantes del Poder Popular se incorporen a la lucha contra la corrupción, cuando los Consejos Comunales manejan recursos del Estado, con lo que se convierten en actores que también deben ser controlados.
Aunque no se conoce el texto de la ley, el politólogo John Magdaleno también mostró preocupación por la función que cumplirá el Poder Popular en la batalla contra la corrupción. Considera que se debe precisar si cooperarán con la investigación o participarán en los procesos penales. Cree que quizás el retraso en la escogencia del contralor “obedezca a la dificultad para encontrar una persona que pueda satisfacer los requerimientos del cargo sin que eso comprometa el destino político del proyecto chavista. Hay muchos casos de presunta corrupción que no se han llegado a resolver”.
Magdaleno refirió que la sociología de la corrupción, estudiada por el politólogo estadounidense Robert Klitgaard, señala que esta se produce por un contexto institucional en el que hay monopolio, más discrecionalidad y menos rendición de cuentas.
El analista destacó la importancia del control institucional
“¿Qué significaría colocar en la Contraloría a una persona realmente honesta y dispuesta a investigar casos de corrupción? Quizás podría haber más de un actor del oficialismo, dado la presencia que tienen en los organismos públicos, con lo cual la autoritas del chavismo estaría en entredicho. Este es el contexto de mayor vulnerabilidad del chavismo en 11 años; las últimas encuestas de octubre revelaron que Maduro solo tiene 30,2% de respaldo”, indicó.
Sin publicar. La abogada y profesora universitaria María Amparo Grau expresó preocupación porque las leyes aprobadas por medio de la habilitante aún no hayan sido publicadas en Gaceta Oficial, con lo que, señaló, queda en tela de juicio su legalidad.
“Hasta ahora solo se conocen los enunciados de las 50 leyes aprobadas por el presidente, se remiten a gacetas extraordinarias que no existen. Si son publicadas luego del 19 de noviembre, cuando cesó el lapso concedido por la Asamblea Nacional a Nicolás Maduro para los poderes habilitantes, significaría que se excedió en sus atribuciones y se está tomando un tiempo extra. Las leyes son leyes desde el momento en que se publican en Gaceta Oficial”, indicó.
Dependencia presidencial
La ONG Transparencia Venezuela cuestionó que el Cuerpo Nacional Anticorrupción, creado por Maduro, dependa de la Presidencia de la Republica. Señala que en esta instancia tradicionalmente no ha habido estructura de investigación, auditorías financieras y de procesos. “Ha sido opaca a lo largo de toda su vida; no tiene prácticas ni cultura de gobierno abierto, de rendir cuentas de calidad”.
La ONG Transparencia Venezuela cuestionó que el Cuerpo Nacional Anticorrupción, creado por Maduro, dependa de la Presidencia de la Republica. Señala que en esta instancia tradicionalmente no ha habido estructura de investigación, auditorías financieras y de procesos. “Ha sido opaca a lo largo de toda su vida; no tiene prácticas ni cultura de gobierno abierto, de rendir cuentas de calidad”.
Subraya que la efectividad de un cuerpo de esa naturaleza depende de su independencia del Poder Ejecutivo, que es donde se concentra la mayor cantidad de organismos, funcionarios y recursos del Estado.
Considera importante definir el perfil de los funcionarios que integrarán el Cuerpo Anticorrupción. “Hasta ahora solo conocemos que el presidente está ‘trabajando en nombres de hombres y mujeres incorruptibles para ponerlos en frente de esa tarea histórica’. La lucha contra la corrupción requiere algo más que buena voluntad y el país no debe confiar solo en el criterio del Ejecutivo”.
Transparencia Venezuela avaló dos elementos de la reforma de la Ley Contra la Corrupción: la tipificación del soborno trasnacional como delito, que se ajusta a la Convención Interamericana contra la Corrupción suscrita por Venezuela en 1996, y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Recuerda que este último aspecto fue establecido en el artículo 271 de la Constitución de 1999.
