Tinedo Guía, presidente del CNP | Foto: Alexandra Blanco
El gremio promoverá la movilización contra proyecto legal que promueve el PSUV en el Parlamento
El Colegio Nacional de Periodistas exhortó al pueblo y al gremio periodístico a estar alertas con el proyecto de ley de comunicación popular porque afecta la libertad de expresión al propiciar la censura y debilitar a los medios y a las empresas de publicidad.
“Es un mamotreto jurídico que solo servirá para la propaganda del gobierno y para controlar a los medios alternativos y populares, a través de un fondo que solo financiará a quienes estén a favor del Ejecutivo”, advirtió el presidente del CNP, Tinedo Guía, en nombre de la directiva nacional del gremio.
El CNP promoverá una movilización entre organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos y de libertad de expresión para rechazar la iniciativa, que, según el vicepresidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Julio Chávez, sería aprobada por el Parlamento antes del 15 de diciembre, cuando se vaya de receso legislativo.
Guía calificó de ilegal el proyecto de ley por cuanto la Constitución no reconoce la existencia del “poder popular” en el artículo 136, relacionado con los poderes públicos: “Cualquier ley que pretenda imponerse bajo el argumento del cáracter de poder popular colinda con la Constitución. El gobierno quiere hacer propaganda a través de los medios comunitarios, con lo cual queda al descubierto que el instrumento jurídico no beneficia a las clases populares ni les da vocería en libertad, sino que por el contrario busca controlarlos y así limitar la libertad de expresión y acallar la crítica”, indicó.
El CNP instó a las 24 seccionales del gremio a revisar el proyecto de ley y exponer las amenazas al ejercicio del periodismo a los ciudadanos, que, a juicio de Guía, serán afectados en el derecho a recibir información. “La primera limitante es que el control de la comunicación popular estará bajo el vicepresidente ejecutivo, que dirigirá el Consejo Nacional de Comunicación Popular. Los medios radioeléctricos serán obligados a registrarse para poder recibir fondos del Estado, pero no los recibirán quienes no sean afines al gobierno. Y, por último, se crea un nuevo impuesto contra medios de comunicación y agencias de publicidad, sobre la base de los ingresos brutos anuales contables, para aquellas compañías que ganen más de 20.000 unidades tributarias y no constituirá un desgravamen al impuesto sobre la renta. Para hablar por los medios populares habrá que pedir permiso. Esto genera autocensura”.
