Walter Márquez expuso que tal es el caso de la fiscal Katherine Harrington, que ordenó la ocupación del Complejo Turístico Perla Mar
El diputado por Táchira a la Asamblea Nacional Walter Márquez denunció que el gobierno utiliza al poder Judicial y al Ministerio Público para criminalizar a sus adversarios. Así lo demuestra la última actuación ejecutada en Nueva Esparta, con la ocupación del Complejo Turístico Perla Mar, desarrollo que tiene 96% de avance y más de 110.000 metros de construcción del empresario Parsifal D’Sola, principal accionista.
“Utilizan para materializar esta iniciativa a la fiscal 20 nacional con competencia plena, Katherine Harrington, quien provisoria, ni siquiera titular, y a quien ha usado el gobierno para la represión judicial y el terrorismo judicial”, expresó.
Recordó que Harrington imputó a Tamara Sujú, del Foro Penal; tuvo el caso también de Yendri González, quien interrumpió la juramentación como presidente de Nicolás Maduro en la AN y que tiene problemas psiquiátricos; imputó a Juan Rodrigo Diamante, presidente de Un Mundo sin Mordaza y autorizó que el Sebin interceptara la línea telefónica de María Corina Machado por un supuesto plan magnicida y de golpe de Estado.
Destacó Márquez que la fiscal 20 nacional ordenó el allanamiento a la médica Ana María Abreu, cuñada de Rocío San Miguel, coordinadora de Control Ciudadano, actuó en el caso de la juez María Lourdes Afiuni e inició una persecución contra Diego Arria, Gustavo Tarre Briceño y Henrique Salas Römer. También procedió en el caso de Nelson Mezerhane y en la intervención del Banco Federal.
“A ella la han usado para casos emblemáticos con el pretexto de golpes de Estado, legitimación de capitales y actos de terrorismo”, dijo.
Señaló que en Táchira la fiscal Harrington estuvo encargada del caso que se conoció como la Masacre de La Fría, en la que funcionarios del Sebin, la PNB y la GNB irrumpieron en la tasca Alexkey y fueron asesinadas cuatro personas. “Allí asesinaron a cuatro personas en presencia de la propia fiscal Katherine Harrington. Hicieron el allanamiento sin la autorización de un juez”, dijo Márquez.
Indicó que ante las actuaciones de la funcionaria la fiscal Luisa Ortega Díaz debe ordenar de oficio la investigación de Harrington, en especial por la Masacre de La Fría.
“La fiscal Harrington es responsable por el delito de prevaricato, es decir, fraude constitucional. Ella actuó de manera parcializada, encubrió los hechos, permitió el crimen colectivo, las detenciones arbitrarias, se convirtió en acusadora de personas inocentes a sabiendas de que había simulado un hecho punible y estaba en presencia de un falso positivo”, agregó Márquez. Indicó además que en el hecho hubo tortura, tratos crueles e inhumanos, acusaciones de terrorismo y legitimación de capitales a los privados de libertad, sin que hubiese una acción concreta de subversión ni blanqueo.
