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“No podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita el Estado”, afirmó la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, en diciembre de 2009, en vísperas del décimo aniversario de la Constitución. Quizás la magistrada solo consideró lo establecido en el segundo aparte del artículo 136 de la carta magna: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. Sin embargo, desde su preámbulo, el texto fundamental consagra la preeminencia de los derechos humanos como valor supremo. El razonamiento es simple: para garantizar la efectiva vigencia de los derechos humanos debe haber contrapesos institucionales que prevengan y sancionen eventuales errores (por acción u omisión) de los órganos del poder público.
Al servicio del poder y no de los ciudadanos
La llamada industria del escándalo era uno de los resultados del Pacto de Punto Fijo: si AD ganaba las elecciones, Copei estaba al frente la Contraloría, y viceversa. Así operaba una vigilancia mutua y en ocasiones feroz en materia de corrupción.
Desde 2000 hasta su muerte en 2011, Clodosvaldo Russián fue el contralor general de la República. Llegó al cargo de la mano de Aristóbulo Istúriz y en sus informes anuales se diluyeron las responsabilidades por el mal uso de los fondos públicos.
La Defensoría del Pueblo también ha sido tomada por el gobierno, al extremo de que al frente de ese órgano han estado Germán Mundaraín, que fue representante del gobierno de Chávez ante la ONU, y actualmente la ex diputada del PSUV Gabriela Ramírez.
La Fiscalía General no escapó de la cooptación oficialista: Luisa Ortega ha sido identificada como principal ejecutora de la criminalización de la protesta ciudadana. Hasta finales de 2013 Provea denunciaba que 3.000 personas habían sido sometidas a proceso penal por manifestar. Las cifras fueron más precisas a partir de febrero de este año, cuando 3.408 personas fueron presentadas ante tribunales.
Las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia se han encargado de hacer pública su afinidad con el gobierno. En 2004, mediante una reforma de la Ley Orgánica del TSJ, se elevó de 20 a 32 el número de magistrados y desde entonces el chavismo mantiene el control absoluto de todas las salas.
El libro El TSJ al servicio de la revolución, de Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez y Giuseppe Graterol, analiza 45.474 sentencias dictadas por las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral. La conclusión es que el TSJ nunca ha contrariado los intereses gubernamentales. Son emblemáticas las sentencias que favorecieron la convocatoria de la fallida reforma constitucional y la enmienda para incorporar la reelección indefinida.
La semana pasada, en un acto para celebrar los 15 años de la Constitución, la presidente del TSJ, Gladys Gutiérrez, ensalzó al fallecido Hugo Chávez por haber implementado políticas públicas redistributivas y se refirió a la carta magna como “la síntesis de múltiples aportes del pensamiento social revolucionario” para la construcción de “un nuevo modelo social comunitarista”.
La reingeniería que practica el CNE
Vicente Díaz, el único representante de la oposición en el directorio del Consejo Nacional Electoral, no pudo detener la reingeniería de circuitos electorales denominada gerrymandering, que consiste en manipular las circunscripciones, uniéndolas, dividiéndolas o asociándolas, con el objeto de favorecer una tendencia política. El mecanismo se aplicó para las elecciones parlamentarias de 2010 y surtió los efectos esperados: a pesar de que la oposición obtuvo la mayoría de los votos, solo consiguió 67 diputados, mientras que al oficialismo se le asignaron 98. De esta manera, se defraudó el principio constitucional según el cual la soberanía popular reside en el pueblo, que la ejerce a través del sufragio. Nadie puede garantizar que para los comicios legislativos de 2015 se vuelva a aplicar el artificio.
En 2003, con la designación de Francisco Carrasquero rector del CNE, se suponía que habría mayor equilibrio, pero rápidamente se afilió al chavismo y desde el TSJ ha justificado todas sus ejecutorias.
En cuanto a la actual presidente y candidata a la reelección, Tibisay Lucena, su vinculación con el oficialismo comenzó en la Asamblea Nacional Constituyente, al lado de William Lara.
Un Parlamento despojado de poder
El 3 de noviembre de 1999 la Asamblea Nacional Constituyente, con 70 votos a favor y 49 en contra, aprobó la creación de un Poder Legislativo unicameral.
En aquella sesión, Allan Brewer Carías, uno de los cuatro constituyentes no oficialistas, advirtió que la supresión de la bicameralidad propiciaría la pérdida del control en el proceso de formación de leyes, ponía en riesgo el control político sobre el Ejecutivo y centralizaba peligrosamente todas las competencias financieras, presupuestarias y administrativas. En suma, el nuevo Parlamento no representaría a todo un país, sino a un grupo. El tiempo le dio la razón.
La potestad de legislar se debilitó no solo con la eliminación del Senado, sino porque desde 1999 hasta 2014 la mayoría oficialista ha concedido al Ejecutivo 5 habilitaciones que le permitieron decretar 303 leyes, lo que equivale a más de la mitad de las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional en ese mismo lapso (517 hasta el 16 de diciembre de 2014). Mientras, el control sobre el gasto público se relajó, al punto de que todos los presupuestos anuales han sido aprobados a pesar de ser deficitarios. La falta se compensa con otra falta: el PSUV autoriza tantos créditos adicionales como pide el Ejecutivo. Un botón: el presupuesto aprobado para 2014 fue de 552,6 millardos y la AN autorizó 569,1 millardos adicionales a lo largo del año.
La potestad de controlar el resto de los poderes también mermó. Durante la primera legislatura (2000-2005) la interpelación a ministros registró cierta frecuencia, aunque pocas sanciones políticas. En la segunda legislatura (2006-2010) no se dio ni una sola interpelación en plenaria y si bien la AN acordó sanción política en el caso de la Central Azucarera Ezequiel Zamora, dio la espalda a escándalos como el del maletín de Guido Antonini y el de las 130.000 toneladas de alimentos de Pdval podridas. En la actual legislatura (2011-2016) se adoptó el término “invitación a comparecer”, por lo que ningún ministro ha sido interpelado y el único alto funcionario sancionado fue el ex presidente de Minerven Luis Herrera, por no reportar producción de oro al BCV.
La minimizada capacidad de gestión política de los diputados de la oposición ha impedido también que la Asamblea Nacional represente a la pluralidad del país. Eso se logró con las sucesivas reformas al Reglamento Interior, la modificación de los circuitos electorales y la supresión del principio de representatividad en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
La Cifra
7 reformas ha sufrido el Reglamento Interior y de Debates de la AN desde su aprobación en el año 2000. Todas han sido promovidas por el MVR-PSUV para favorecer la toma de decisiones por mayoría simple, centralizar el poder en la junta directiva y minimizar la capacidad de maniobra de los bloques partidistas con menos diputados.
