La organización señala que al ver disminuida su calidad de vida los trabajadores se movilizan más | Foto Raúl Romero / Archivo
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social señala que en los últimos 5 años hubo 27.832 manifestaciones. En muchas exigieron salarios justos
¿Cómo no protestar, si el dinero no alcanza? El último informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registra 27.832 protestas en todo el país en los últimos 5 años. Las manifestaciones han aumentado y buena parte de estas –agrega la organización– fueron por la crisis económica, para exigir reivindicaciones laborales.
“El entorno económico presentó un detonante para mayores conflictos. Al cierre de 2014 el poder de compra del salario mínimo cayó entre 3% y 4%, aunado con una inflación de 68,5% y con las caídas de producción de la economía entre enero y septiembre”, señala.
El estudio Situación de la conflictividad laboral en Venezuela expresa que históricamente 40% de las protestas en el país se han realizado por motivos laborales, lo que constituye “uno de los índices más altos de Latinoamérica”. La gente pide un salario justo, respeto a las contrataciones colectivas y a la libertad sindical.
“Los trabajadores, al ver disminuida su calidad de vida, tienden a movilizarse para exigir mejores condiciones y respeto a sus derechos. Pese a que el movimiento laboral carece de una central que aglutine el malestar, los sindicatos y federaciones no dejan de ejercer acciones de protesta en demanda de atención oficial”, añade el documento.
La organización destaca que la última data del Ministerio del Trabajo (2013) contabilizó 116.287 reclamos laborales. El sector público es el que mayores demandas consolida.
Agrega: “Es una situación en cadena. Al existir una elevada inflación, menor es la capacidad de compra del salario del trabajador. Al caer los ingresos por la vía petrolera, son menores las posibilidades de asignación de divisas al sector productivo y, por ende, la generación de empleo de calidad se estanca y las aspiraciones salariales son menores que las deseadas por los trabajadores”.
Resolución 008610. La organización también ve con gran preocupación que la respuesta del Estado ante las protestas sea el aumento de la represión con la fuerza pública y la consolidación de un andamiaje jurídico para criminalizar la protesta.
“El OVCS Considera que la resolución 008610 es un salto atrás en materia de garantía y respeto a los derechos humanos”, añade.
