Frontera colombo-venezolana | Foto: Archivo
Aunque es prematuro determinar el impacto electoral de la emergencia, Rocío San Miguel y Luis Salamanca alertan acerca el control castrense sobre el electorado
¡No cantemos victoria!", pidió el martes 24 el presidente Nicolás Maduro al enterarse de que en Táchira aparecieron productos en los mercados.
La instalación de las Esquina Caliente, el acto de apoyo en el Poliedro, la marcha efectuada el viernes hasta el Palacio de Miraflores y el cierre de la forntera en otros cuatro municipios del Táchira tienen el objetivo de posicionar a Maduro como "un hombre sabio, oportuno y valiente" (según el diputado del PSUV Giovanny Peña y José Vicente Rangel) y que defiende los "intereses del pueblo frente a los bachaqueros", como señala la propaganda del Ministerio de Comunicación e Información.
La instalación de las Esquina Caliente, el acto de apoyo en el Poliedro, la marcha efectuada el viernes hasta el Palacio de Miraflores y el cierre de la forntera en otros cuatro municipios del Táchira tienen el objetivo de posicionar a Maduro como "un hombre sabio, oportuno y valiente" (según el diputado del PSUV Giovanny Peña y José Vicente Rangel) y que defiende los "intereses del pueblo frente a los bachaqueros", como señala la propaganda del Ministerio de Comunicación e Información.
El gobierno busca obtener réditos a la declaratoria del estado de excepción (o suspensión de las garantías constitucionales) y mantener el apoyo de los radicales, señalaron la coordinadora de Control Ciudadano Rocío San Miguel y el politólogo Luis Salamanca.
¿Estrategia electoral? "Miraflores experimenta de manera peligrosa para que los militares controlen a la población a través del miedo y así maniobrar durante las parlamentarias", advierte San Miguel, a quien le preocupa el hecho de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana termine perjudicada y envuelta en una guerra por los intereses políticos de quienes están dispuestos a "experimentar" cualquier escenario en su afán de no perder el poder.
Control al proselitismo
Si se impone el mando militar, las restricciones proselitistas al sector opositor pueden servir al oficialismo y modificar los resultados. No en vano en Táchira se eligen 7 diputados, pero si se añaden Zulia y Apure el número de curules en juego serían 27. Los zulianos escogen 15 legisladores y los apureños 5.
Una jugada política nada descartable, según los expertos.
El politólogo Luis Salamanca considera que el gobierno no pretende suspender los comicios parlamentarios, sino que acude a una medida desesperada para intentar ganarlos, pues las encuestas colocan al chavismo 20 puntos por debajo de la oposición: "Obedece a un plan de Maduro para cohesionar a los chavistas. Aplican un estado de excepción como una prueba para ver cómo reaccionan la sociedad, los sectores políticos y el mundo. No es para suspender las elecciones, la Constitución lo prohíbe.
El plan es hacer las elecciones con un estado de excepción, que amenazan con extender a todos los estados fronterizos con un fin electoral. Solo en el Zulia se eligen 15 diputados. Quieren aprovechar la restricción de los derechos para tratar de impedir la movilización de los opositores a través del temor. Una campaña sin concentraciones, con las reuniones públicas restringidas y militarizada".
La Gaceta Oficial Extraordinaria 6194, sobre el estado de excepción en seis municipios tachirenses (Bolívar, Junín, Pedro María Ureña, Libertad, Independencia y Urdaneta) aledaños al departamento Norte de Santander, suspende los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución; es decir, se prohíben las libertades económicas, de tránsito, reunión, protesta y privacidad en el hogar. La frontera colombo-venezolana mide 2.219 km y va desde Castillete, en el Zulia, hasta la Piedra del Cocuy, en Amazonas.
San Miguel coincide con el politólogo y sostiene que el gobierno no quiere a la oposición en la calle durante la campaña: "En los casos de Táchira y Zulia tratarán de controlar a los electores y a los candidatos de la MUD, de manera que tendremos una campaña inédita: en medio de un estado de excepción que se extenderá a otras entidades y que servirá de muro de contención, sin importar que se apela a la ilegalidad y al uso de la FANB a cambio de incentivos".
En este escenario la coordinadora de Control Ciudadano observa un "giro de 180 grados" en el accionar de Maduro, que pasó de la pugna con Guyana a otra con Colombia, con el propósito de distraer al país de la crisis económica y política: "El problema es el alto costo de los derechos humanos, porque aún no podemos saber si tendrá consecuencias para Maduro. El gobierno trata de que los seguidores cierren filas en momentos en que el rechazo se manifiesta por igual entre opositores y oficialistas.
La maniobra es peligrosa porque pone en entredicho a la FANB, puesto que no es capaz de controlar el tráfico ilícito de cocaína, combustible y alimentos en 1,2% del territorio fronterizo que comprende Táchira, y se le usa como instrumento de represión. Se somete a la población a los intereses políticos.
Con la guerra económica se experimentó y se criminalizó a la oposición, y ahora con OLP se incurre en una experimentación social para controlar espacios y población entera".
A 100 días de los comicios la experta en asuntos militares señala que el plan es subir en las encuestas: "El gobierno apela a la amenaza, pero como el lapso de aquí al 6-D es corto no obtendrá réditos electorales como pasó con `el dakazo’ porque no cuenta con recursos; no le funcionará porque la crisis económica es brutal. Además, el costo político para Maduro será alto porque la FANB está fragmentada y él no tiene capacidad de maniobra. Nadie en el chavismo tiene esa capacidad, ni siquiera Diosdado Cabello.
A partir de 2012, con la enfermedad y muerte de Chávez, surgieron grupos; hay un relevo generacional que intenta pegar con incentivos como cargos y espacios de poder. Hay 32% de militares en la administración pública y 52% de los gobernadores viene del mundo militar.
Sin embargo, la situación de la FANB es frágil: unos aparentan estar con el proceso; otros están comprometidos, pero se cambiarán una vez que vean alternativas políticas y eso será a partir del 6-D cuando, por la vía electoral, se presenta la posibilidad de un cambio institucional".
Una jugada política nada descartable, según los expertos.
El politólogo Luis Salamanca considera que el gobierno no pretende suspender los comicios parlamentarios, sino que acude a una medida desesperada para intentar ganarlos, pues las encuestas colocan al chavismo 20 puntos por debajo de la oposición: "Obedece a un plan de Maduro para cohesionar a los chavistas. Aplican un estado de excepción como una prueba para ver cómo reaccionan la sociedad, los sectores políticos y el mundo. No es para suspender las elecciones, la Constitución lo prohíbe.
El plan es hacer las elecciones con un estado de excepción, que amenazan con extender a todos los estados fronterizos con un fin electoral. Solo en el Zulia se eligen 15 diputados. Quieren aprovechar la restricción de los derechos para tratar de impedir la movilización de los opositores a través del temor. Una campaña sin concentraciones, con las reuniones públicas restringidas y militarizada".
La Gaceta Oficial Extraordinaria 6194, sobre el estado de excepción en seis municipios tachirenses (Bolívar, Junín, Pedro María Ureña, Libertad, Independencia y Urdaneta) aledaños al departamento Norte de Santander, suspende los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución; es decir, se prohíben las libertades económicas, de tránsito, reunión, protesta y privacidad en el hogar. La frontera colombo-venezolana mide 2.219 km y va desde Castillete, en el Zulia, hasta la Piedra del Cocuy, en Amazonas.
San Miguel coincide con el politólogo y sostiene que el gobierno no quiere a la oposición en la calle durante la campaña: "En los casos de Táchira y Zulia tratarán de controlar a los electores y a los candidatos de la MUD, de manera que tendremos una campaña inédita: en medio de un estado de excepción que se extenderá a otras entidades y que servirá de muro de contención, sin importar que se apela a la ilegalidad y al uso de la FANB a cambio de incentivos".
En este escenario la coordinadora de Control Ciudadano observa un "giro de 180 grados" en el accionar de Maduro, que pasó de la pugna con Guyana a otra con Colombia, con el propósito de distraer al país de la crisis económica y política: "El problema es el alto costo de los derechos humanos, porque aún no podemos saber si tendrá consecuencias para Maduro. El gobierno trata de que los seguidores cierren filas en momentos en que el rechazo se manifiesta por igual entre opositores y oficialistas.
La maniobra es peligrosa porque pone en entredicho a la FANB, puesto que no es capaz de controlar el tráfico ilícito de cocaína, combustible y alimentos en 1,2% del territorio fronterizo que comprende Táchira, y se le usa como instrumento de represión. Se somete a la población a los intereses políticos.
Con la guerra económica se experimentó y se criminalizó a la oposición, y ahora con OLP se incurre en una experimentación social para controlar espacios y población entera".
A 100 días de los comicios la experta en asuntos militares señala que el plan es subir en las encuestas: "El gobierno apela a la amenaza, pero como el lapso de aquí al 6-D es corto no obtendrá réditos electorales como pasó con `el dakazo’ porque no cuenta con recursos; no le funcionará porque la crisis económica es brutal. Además, el costo político para Maduro será alto porque la FANB está fragmentada y él no tiene capacidad de maniobra. Nadie en el chavismo tiene esa capacidad, ni siquiera Diosdado Cabello.
A partir de 2012, con la enfermedad y muerte de Chávez, surgieron grupos; hay un relevo generacional que intenta pegar con incentivos como cargos y espacios de poder. Hay 32% de militares en la administración pública y 52% de los gobernadores viene del mundo militar.
Sin embargo, la situación de la FANB es frágil: unos aparentan estar con el proceso; otros están comprometidos, pero se cambiarán una vez que vean alternativas políticas y eso será a partir del 6-D cuando, por la vía electoral, se presenta la posibilidad de un cambio institucional".
