La tensión diplomática entre los gobiernos de Colombia y Venezuela ha venido escalando desde hace dos semanas, cuando estalló el conflicto fronterizo en el que han sido deportadas forzosamente miles de colombianos.
Autoridades venezolanas han apelado a su derecho a sacar de su territorio a los extranjeros que permanezcan allí de manera ilegal. Sin embargo, la forma en que se han llevado a cabo las deportaciones ha levantado mucho estupor en Colombia y en la comunidad internacional.
Las deportaciones con trato inhumano, violación de derechos humanos y violencia son consideradas crímenes de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma. De esta premisa partió precisamente el procurador de Colombia Alejandro Ordoñez, quien esta semana introdujo ante la Corte Penal Internacional (CPI) una demanda que incluye la solicitud de procesar al presidente Nicolás Maduro, la canciller Delcy Rodríguez, el gobernador José Vielma Mora y dos generales venezolanos quienes, a su juicio, han puesto en práctica una “política de limpieza” en los estados fronterizos, que ha perjudicado seriamente a las familias colombianas.
Respecto a la viabilidad de esta acción que ha emprendido Colombia contra el Gobierno venezolano, el internacionalista Félix Arellano señaló que, aunque viable jurídicamente, este proceso ante la Corte Penal Internacional (CPI) difícilmente beneficie a las víctimas de esta crisis fronteriza. Esto en virtud de lo largo y complicado que puede ser un proceso de esta índole, para armar el expediente y corroborar los hechos.
Esta consideración fue secundada por el también internacionalista Marcos Morín Aguirre, para quien el proceso ante la CPI es lento y tedioso.
Para Morín, ciertamente, el gobierno venezolano no se apegó al derecho internacional para deportar a las familias colombianas que vivían en el estado fronterizo de Táchira, pues explica que en esta acción han debido estar autoridades consulares de Colombia, así como miembros de la Cruz Roja Internacional y representantes del Ministerio Público y la Procuraduría venezolanos para garantizar el respeto a los derechos de los deportados.
Sin embargo, ambos internacionalistas sostienen que para determinar si hubo o no lesa humanidad, más allá del testimonio de los deportados, se requiere recabar un largo expediente que incluye exámenes forenses, lo que dilataría todavía más la causa penal.
El peso de Colombia en la región
Para Félix Arellano, Colombia no ha evaluado bien la situación de América Latina, tomando en cuenta la reunión que se efectuó esta semana en la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se planteó llevar a debate el conflicto fronterizo entre ambos países.
Lamentó que la prensa colombiana haya asumido como una derrota el resultado de las votaciones en el seno de la OEA ya que, para Arellano, la de Venezuela fue una “victoria pírrica, pobre”, esto a pesar de las dádivas con las que el gobierno chavista siempre ha procurado apoyo entre los países miembros de estos organismos internacionales. “Toda la inversión de Petrocaribe, todo el despilfarro de la chequera petrolera, para que la gran mayoría del Caribe se abstuviera, e incluso algunos votaran en contra”.
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