Juan Carlos Apitz: "Lo que hay aquí es un tapareo de los presuntos hechos de corrupción" | Foto: Archivo
El ex juez de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Juan Carlos Apitz y el vicepresidente de la AN Simón Calzadilla calificaron de grave la decisión ejecutiva. Afirman que el presidente Maduro desconoció la soberanía popular que eligió a la AN
Los órganos del Poder Público (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano) emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos, dice el artículo 5 de la Constitución, cuyo encabezado es taxativo: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio, por los órganos del Poder Público”.
Pero el decreto ejecutivo 2309, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6225 el lunes 2 de mayo, desconoce la existencia de la soberanía popular al descalificar y menospreciar el origen de la Asamblea Nacional e invalidar su competencia para aprobar mociones de censura contra ministros del gabinete y el vicepresidente.
Así lo afirmaron el abogado constitucionalista y ex juez de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Juan Carlos Apitz y el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla (MPV), al analizar los nueve considerandos y cuatro artículos del decreto 2309.
En el documento el Ejecutivo se refiere a la AN como un poder constituido por “una mayoría burguesa circunstancial” que pretende “desestabilizar el país”, dedicada a “satisfacer intereses personales”, que propicia la “intervención extranjera” y se “subroga competencias de otros poderes”. Y en el artículo 1 el presidente Maduro decide: “Se restringe y difiere las mociones de censura que pudiera acordar la Asamblea Nacional contra los ministros del poder popular o contra el vicepresidente, en las cuales solicitaren su remoción, hasta tanto cesen los efectos del Decreto de Emergencia Económica” (sic).
“Este es un decreto que deja sin efecto la Constitución. No es que desconoce a la Asamblea Nacional, es que desconoce normas fundamentales de la Constitución como lo es el artículo 5. La Asamblea Nacional fue elegida por el pueblo para que lo represente. Al desconocer su origen y sus competencias, el presidente está desconociendo al pueblo”, afirmó Apitz.
El ex juez sostuvo que lo que ha venido haciendo el TSJ desde el 30 de diciembre en sus 12 sentencias contra el Parlamento, como lo es desconocer la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano, ahora lo hizo el presidente Maduro.
“El texto del decreto evidencia que la premura para aprobar el decreto de emergencia buscaba el desconocimiento de la AN. No existe en ninguna parte una norma que le dé al Ejecutivo la potestad de suspender artículos de la Constitución que regulan competencias de otro poder, ni siquiera en el Decreto de Emergencia Económica. Lo que hay aquí es un tapareo de los presuntos hechos de corrupción de un ministro del gabinete y este decreto lo que hace es convertir al presidente en cómplice”, dijo Apitz.
Carmonazo II. Calzadilla comparó al decreto 2309 con el dictado por Pedro Carmona el 12 de abril de 2002, que disolvió a la Asamblea Nacional.
“Es un segundo carmonazo que habla de dejar sin efecto la disposición de control político constitucional que le da a la AN la posibilidad de declarar mociones de censura. Para ello el presidente usa como argumento el decreto de emergencia, instrumento que solo le permite restringir garantías. El control político no es una garantía, es una atribución constitucional de la AN”, explicó.
A su juicio, el decreto constituye una “inaceptable e inaplicable” reforma constitucional: “Con esto Maduro se apartó definitivamente de la Constitución, convirtiéndose ahora en objetivo claro de cualquier militar que pretenda hacer uso del artículo 350 de la Constitución (sobre la desobediencia civil)”, dijo.
Afirmó que el presidente intento huir hacia adelante: “Él sabe que desacatar la remoción del ministro es desconocer la Constitución, por lo cual la AN puede abrirle una investigación política. En lugar de responder por las graves acusaciones contra el ministro Marco Torres, el presidente emite este decreto con el que se hace cómplice de esos actores. Su papel es promover la investigación, no amparar a los señalados”.
El diputado instó a la dirigencia del PSUV a rechazar ese tipo de actuaciones del presidente de su partido: “Los que quieren seguir haciendo política en este país deben actuar y ponerle un parao a la locura de Nicolás porque esto podría terminar en una dinámica que los arrastre a todos ellos”.
Piden anular sesiones. Diputados del PSUV abandonaron ayer las reuniones de las comisiones permanentes para acudir al TSJ con el fin de introducir un recurso de amparo cautelar contra el Parlamento. El diputado Víctor Clark (PSUV) indicó que se solicitó a la Sala Constitucional que declare nulas todas las sesiones y decisiones de la plenaria que han desconocido la sentencia 269 de esa Sala, que suspendió cinco artículos del Reglamento Interno.
La petición afecta las sesiones del martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de abril, así como la del martes 2 de mayo y eventualmente la de hoy.
En esas sesiones la plenaria aprobó el informe de responsabilidad política contra el ex ministro Carlos Osorio y el ex presidente de Cencoex Giusepe Yofreda; la primera discusión del Proyecto de Ley de Protección e Indemnización a Usuarios frente a fallas del Servicio Eléctrico; el programa económico para salir de la crisis; la moción de censura contra el ministro de Alimentación Rodolfo Marco Torres; un Acuerdo por los 60 años del debut de Luis Aparicio en las Grandes Ligas; un Acuerdo que emplaza al Ejecutivo a dictar un aumento de sueldo mínimo que dignifique el salario; la primera discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; un informe especial sobre la crisis alimentaria que exhortó al presidente a cumplir la Constitución y destituir al ministro de Alimentación; la primera discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, y se sancionó la Ley Especial para atender Crisis Nacional de Salud.
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