El alcalde de Maturín, Warner Jiménez | Prensa Voluntad Popular
La diputada María Gabriela Hernández explicó
que el silencio que han guardado los funcionarios públicos sobre la
orden de aprehensión del alcalde de Maturín, Warner Jiménez, ha generado
gran incertidumbre en el municipio, sobre todo cuando "se trata de un
funcionario que tiene una responsabilidad de servicio con todo un
municipio capital del estado"
María Gabriela Hernández,
diputada a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular (VP), afirmó que en
Maturín, capital del estado Monagas, existe anarquía por la
incertidumbre y el desconocimiento que rodea la orden de aprehensión en
contra del alcalde del municipio, Warner Jiménez.
“Lo
que tenemos ahorita en el municipio Maturín del estado Monagas es una
completa anarquía, incertidumbre, y no conocemos mayor cosa, porque las
autoridades judiciales no han dado parte” declaró la diputada.
En
la noche del pasado jueves fue emitida una orden de captura en contra
de Jiménez y una orden de allanamiento contra su domicilio y su
negocio, pero como explicó la parlamentaria: “la vivienda y el negocio
familiar del alcalde fueron allanados esta mañana”.
Según
pudo confirmar la diputada, si bien fueron allanadas las propiedades
del alcalde, Jiménez no fue aprehendido. “Warner no se encuentra bajo
custodia policial. No tengo información de donde se encuentra el alcalde
ni de la decisión que vaya a tomar en relación a la medida que pesa
sobre él“.
A partir de la orden de captura, efectivos policiales trataron de capturar al secretario privado de Jiménez, Francisco Salazar.
“Francisco
Salazar esta mañana fue tratado de aprehender en la alcaldía de
Maturín; sin embargo, en un forcejeo que hubo con las autoridades que
intentaron capturarlo, Francisco se resguardó en las instalaciones de la
alcaldía “, declaró la parlamentaria.
Hernández
hizo referencia al proceso mediante el cual se solicitó la captura del
alcalde y militante de Voluntad Popular: “No ha habido en esta
situación un proceso debido que garantice la seguridad del alcalde”.
La
diputada habló de los principios por los cuales la aprehensión del
militante de VP no cumple con las leyes establecidas: “Jiménez no estaba
notificado de que había un proceso en su contra, ni se había producido
el momento de que él hiciera defensa sobre las imputaciones que se le
hacen”.
“En Venezuela
existe un principio de que la inocencia se presume y la culpabilidad
debe ser demostrada (…) Pero además hay otro principio constitucional
que privilegia el juicio en libertad”, declaró Hernández, alegando que
al abrirse una investigación en contra de alguien, debería producirse
con el investigado en libertad.
Y,
según la parlamentaria, este procedimiento debería cumplirse en el caso
de Jiménez, porque “se trata de un funcionario que tiene una
responsabilidad de servicio con todo un municipio capital de estado”.
La
militante de VP agregó que “Debió habérsele permitido continuar en el
ejercicio de sus funciones para poder mantener en el municipio cierto
orden y estabilidad”.
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