Más de 30 familias del 23 de Enero huyeron de la guerra entre colectivos y bandas
Organizaciones que llaman a “defender la
revolución” y están mejor armadas que los cuerpos de seguridad son las
que imponen las reglas. Controlan la distribución de comida, cobran
vacuna y no permiten la entrada de la policía
Desde junio pasado los Negrín
tienen nuevo hogar en La Pastora. La familia se mudó no porque compró
una casa más amplia, sino por razones de seguridad. No soportó vivir en
el sector El Observatorio del 23 de Enero, zona de guerra entre
colectivos y bandas delictivas en pugna por el control del territorio.
A
mediados de mayo ocurrió un enfrentamiento que se prolongó por más de
dos horas. Varios proyectiles impactaron en la casa de Oswaldo Negrín.
Esa noche no durmieron, se escondieron debajo de las camas a esperar que
el tiroteo cesara. “Mi nieto no paraba de llorar y al día siguiente no
nos atrevimos a salir. Algunos autobuses no prestaron servicio por miedo
a quedar atrapados en medio de otro intercambio de disparos”, relató
Negrín. Agregar que entonces llamó a su hermana, que vive sola en La
Pastora, para que les brindara refugio.
En
tres días se mudaron y la casa del 23 de Enero la alquilaron a otras
personas que también tienen proyectado irse porque están cansadas de
vivir en zozobra.
Los colectivos,
según Negrín, son los que imponen las reglas. Tienen equipos de
radiotransmisión, están informados de lo que ocurre en cada rincón y
controlan la distribución de comida y el funcionamiento de locales
comerciales, cobran vacuna por el uso de estacionamientos y enfrentan a
los que desacaten sus órdenes o quieran invadir su territorio. Cada vez
que se reporta una situación irregular con una banda delictiva suenan la
sirena para alertar a la población. Algunas personas se abstienen de
salir a las calles; otras, más arriesgadas, esperar a que la situación
se calme. Hay planteles que el año pasado perdieron más de 400 horas de
clase por quedar atrapados en la línea de fuego de los enfrentamientos.
Uno es el Luis Rafael Pimentel que entre febrero y marzo suspendió
actividades por los tiroteos.
Los
Negrín constituyen apenas uno de 30 grupos familiares que, según
vecinos, se han mudado a otros lugares para huir del yugo de los
colectivos y las bandas.
Una vecina
del sector Las Casitas del Observatorio denunció que se han trasladado a
casas de familiares o alquilados en Carapita, Caricuao, La Pastora y el
interior del país.
Luis Acosta, en
compañía de su esposa e hija, se vio obligado a marcharse de la zona F
de la parroquia a finales del año pasado porque fue testigo de un
crimen. “A finales de noviembre caminaba cerca de mi casa, cuando
observé a tres encapuchados que sometieron a un muchacho. Lo golpearon
varias veces y después le dispararon. A los tres días me mandaron notas a
mi apartamento con amenazas como ‘Cuídate, sabes que están
sentenciados’. Tuve que mudarme por temor a represalias”.
Inti
Rodríguez, coordinador de Provea, también engrosa la lista de
desplazados por la violencia en la zona. Hace dos años un grupo de
encapuchados lo interceptó frente a la estación Agua Salud del Metro de
Caracas y lo amenazaron. A ellos no les convenía sus denuncias sobre
violación de derechos humanos, y tenía dos opciones: se marchaba del
lugar y continuaba con su trabajo, o se quedaba y renunciaba. Escogió la
primera.
Operativo infructuoso.
La semana pasada se desplegó una OLP y fueron ultimados 12 hombres que
integraban la banda del Kilombo. Sin embargo, sus cabecillas, según
vecinos, no han sido capturados. “Ellos se refugiaron en otras zonas y
van a volver porque estos operativos no son constantes”.
De
hecho, el Cicpc también incursionó en la zona, pero su participación se
vio truncada porque los colectivos se alzaron luego de que se llevaron
detenido a David Guerrilla, miembro del grupo Salvador Allende.
“Los
colectivos enfrentaron a tiros a los detectives, y a través de
parlantes desde el bloque 7 llamaron a los habitantes a que salieran a
defender la revolución. Al final la policía científica dialogó y tuvo
que retirarse. Con la acción queda demostrado una vez más que en esta
zona la policía no tiene autoridad, no puede con los colectivos ni con
las bandas”, expresó un vecino que prefirió mantener su nombre en
reserva.
Una funcionaria de
Policaracas da fe de que desde el momento en que los colectivos tomaron
el 23 de Enero en junio pasado por la detención de cinco integrantes del
grupo Tres Raíces, ningún funcionario puede acercarse a la parroquia ni
por error. “Las órdenes de los jefes fueron precisas: no queremos saber
que hay funcionarios allá. Si algo les pasa, no nos responsabilizamos.
Estamos de manos atadas”, destacó la agente.
La Cifra
5 personas han sido asesinadas este año por quedar atrapadas en la línea de fuego durante enfrentamientos entre bandas y colectivos en la parroquia
5 personas han sido asesinadas este año por quedar atrapadas en la línea de fuego durante enfrentamientos entre bandas y colectivos en la parroquia
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