En el Metro de Caracas despidieron a 12
empleados a instancias del presidente del sindicato de la empresa,
Edison Alvarado, señalaron dirigentes
En los últimos meses a
2.000 trabajadores técnicos y profesionales que laboraban a tiempo
determinado en Pdvsa y las empresas contratistas, les rescindieron el
contrato por razones políticas, aseguró José Bodas, directivo de la
Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela.
“La
suspensión de los contratos de trabajo es el subterfugio que utiliza el
oficialismo en la industria petrolera para amedrentar al personal fijo y
contratado, con el fin de impedir el ejercicio de su derecho
constitucional y democrático: el referéndum revocatorio”, añadió el
dirigente.
Indicó que
“en la industria hay 26.000 trabajadores contratados a tiempo
determinado con la promesa de que serán incorporados a la nómina fija si
son leales al gobierno”. Si los empleados no muestran la lealtad
exigida, les rescinden el contrato a los que llevan más de cuatro años
con esa figura, con lo que la empresa incumple la Ley Orgánica del
Trabajo, que obliga al empleador pasarlos a la nómina fija al año de
servicio, agregó.
El sindicalista indicó que al mantener por años a un trabajador bajo contrato por tiempo determinado, Pdvsa y las contratistas fomentan la tercerización prohibida en la ley porque es una práctica con la que los patronos cometen fraude laboral.
De
los 2.500 trabajadores a quienes les suprimieron el contrato de trabajo
en los últimos meses, “80% fue porque apoyaron el revocatorio o no
acudieron a las marchas”.
Bodas afirmó que “los gerentes y jefes rojo-rojitos de Pdvsa convocan continuamente a los trabajadores a charlas proselitistas para que manifiesten su voluntad de apoyo al gobierno en los centros de trabajo, y con carácter obligatorio”.
Bodas afirmó que “los gerentes y jefes rojo-rojitos de Pdvsa convocan continuamente a los trabajadores a charlas proselitistas para que manifiesten su voluntad de apoyo al gobierno en los centros de trabajo, y con carácter obligatorio”.
En el
Metro de Caracas los empleados denunciaron que la persecución laboral la
lleva a cabo el presidente del sindicato de la empresa, Edison
Alvarado, que en una entrevista con TVES declaró, en agosto, que 300
trabajadores debían salir porque no estaban identificados con el
chavismo.
A partir del
21 de septiembre, los primeros 12 empleados fueron despedidos porque
firmaron para el revocatorio u organizaron a los trabajadores para
exigir el cambio de la directiva de Sitrameca, opuesta a la celebración
de las elecciones sindicales ya que su período de ejercicio vencerá el
22 de noviembre próximo.
“Luego
de 28 años y 4 meses en la empresa fui despedido, y cuando estaba de
reposo”, afirmó Wilson Gutiérrez, impulsor de la iniciativa de cambio en
el sindicato y firmante del revocatorio. Añadió que se enteró cuando
vio su foto y las de los otros 11 afectados colocadas en carteles en los
accesos de la compañía, donde se informaba sobre la decisión contra
ellos.
“Fuimos expuestos
al escarnio público. También fue como una advertencia para el resto de
los trabajadores objeto de continuas amenazas de la directiva de la
empresa y lo más lamentable es que la dirigencia sindical, en lugar de
defender los derechos de los trabajadores, se dedica a ser esquirol
porque quiere perpetuarse en los cargos”, destacó Gutiérrez.
En
las cartas de despido, la empresa de transporte masivo alega como causa
de la medida que los empleados mostraron “falta de probidad y conducta
inmoral en el trabajo”, acusación que los afectados desmienten.
Gutiérrez
resaltó que el procedimiento de despido está viciado y es ilegal porque
contraviene el decreto de inamovilidad laboral del Ejecutivo. Apuntó
que entre los botados están un conductor de Metrobus con 25 años de
servicio y en reposo médico, por presentar una enfermedad ocupacional, y
otro empleado que al momento del despido se hallaba de permiso
funerario.
Los despedidos acudieron al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea.
Condicionan citas médicas
Los organismos de la administración pública centralizada y descentralizada decidieron condicionar los días de permiso para ir al médico por chequeo y enfermedad con la asistencia de los trabajadores a las marchas y otros actos proselitistas del gobierno, advirtieron funcionarios que solicitaron no mencionar sus nombres.
Condicionan citas médicas
Los organismos de la administración pública centralizada y descentralizada decidieron condicionar los días de permiso para ir al médico por chequeo y enfermedad con la asistencia de los trabajadores a las marchas y otros actos proselitistas del gobierno, advirtieron funcionarios que solicitaron no mencionar sus nombres.
“Cuando
fui a pedir un día de permiso para hacerme exámenes urgentes, ordenados
por el médico, el jefe me lo negó con el argumento de que no había
participado en el operativo, como ellos llaman a las concentraciones de
respaldo al gobierno”, contó un funcionario de un ministerio.
Otro
trabajador narró que al personal del organismo le comunicaron que “por
la asistencia a la marcha daban a cambio el día que por número de cédula
les correspondía para hacer la cola en el supermercado para comprar
alimentos a precio regulado”.
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