El OEL realizó la mesa de análisis “Tribunal
Supremo de Justicia versus Constitución ¿Qué esperar?” con la presencia
de los abogados José Vicente Haro y Vicente González de la Vega y la
diputada Amelia Belisario
Al menos 41 sentencias dictadas
por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) este año atentaron contra la
Asamblea Nacional (AN), la Constitución y las libertades fundamentales
de los ciudadanos. Este es el conteo que hace el abogado José Vicente
Haro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de
Venezuela (UCV) y que presentó este jueves durante la mesa de análisis
“Tribunal Supremo de Justicia versus Constitución ¿Qué esperar?”
realizada por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para
la Libertad (Cedice Libertad) este miércoles.
Haro
precisó más cifras detalladas de las sentencias: comentó, por ejemplo,
que 31 de las sentencias tienen directamente que ver con la AN y que
otras cuatro “darán de que hablar” el año que viene, pues se refieren a
los requisitos para que los partidos políticos se relegitimen. “Se va
amenazando la cancelación o disolución de los partidos, con el objeto de
romper la Unidad”, alertó el especialista.
Haro
también se refirió al andamiaje de sentencias elaborado por el máximo
tribunal para sostener los Estados de Excepción y Emergencia Económica,
así como a las decisiones del TSJ contra prácticamente todas las leyes
emanadas del Parlamento electo el 6-D.
El
abogado comentó que en las dos últimas sentencias dictadas por la Sala
Constitucional, el TSJ “se desbocó” al prohibir los actos de calle e
impedir el juicio político contra Nicolás Maduro.
Doce años de deficiencia judicial
Vicente
González de la Vega, abogado y profesor de Derecho Público, quien
también participó en el encuentro realizado por el Observatorio
Económico Legislativo (OEL) de Cedice Libertad, opinó que todo el
conjunto de sentencias enumeradas por Haro “son la guinda de la torta de
la gestión judicial desde el año 2004”, que, a su juicio, se ha
dedicado a “no hacer otra cosa, sino política” a favor del gobierno
nacional.
“Desde 2004, ni la Sala
Constitucional ni la Sala Político Administrativa ni la Sala Electoral
han tomado una sola decisión contra actos del gobierno nacional”,
explicó González, acotando que eso es imposible. “Un gobierno siempre
cometerá algún error, alguna injusticia y el TSJ está es para controlar
la constitucionalidad y legalidad de los actos del gobierno nacional”.
González
también se refirió a la baja calidad de las sentencias emanadas del
TSJ, a lo que se contrapone, a su juicio, una muy baja calidad de los
actos legislativos emanados de la actual AN.
Por
su parte, la diputada Amelia Belisario (MUD-Aragua) denunció los
intentos del TSJ de impugnar la proclamación de siete diputados aparte
de los tres de Amazonas cuya desincorporación fue exigida,
“Ellos
hablan de confrontación de poderes, pero solo se refieren a la AN, lo
que quiere decir que los otros tres poderes están en manos del gobierno,
del Ejecutivo”, sostuvo la parlamentaria.
Esta
Mesa de Análisis se realizó en el marco del programa
“Fortaleciendo el Diálogo Democrático a través del Análisis Legislativo y
Económico en Venezuela”, auspiciado por la Unión Europea.
Información: Nota de Prensa
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