Amnistía Internacional dio a conocer
su informe anual en el que documenta la situación de derechos humanos en
159 países durante 2016. El capítulo que detalla la realidad que vive
Venezuela se presentó en Buenos Aires, Argentina. “Nos interesa que se
difunda lo que está pasando en Venezuela”, indicó Mariela Belski,
directora ejecutiva de Amnistía Argentina, al inicio de la exposición.
“En América Latina la situación de derechos humanos es muy crítica. En
2016 fue considerada la región más desigual y violenta del mundo”.
Marcos Gómez, director ejecutivo de
Amnistía Venezuela, afirmó que a la organización le preocupa lo que
ocurre con la disidencia. “Las detenciones arbitrarias se siguen
registrando en Venezuela y son sistemáticas”. Destacó el caso del
abogado argentino Marcelo Crovato, bajo arresto domiciliario. Otro de
los aspectos en los que hizo énfasis tiene que ver con la negativa del
Sebin a liberar personas con orden de excarcelación, como Yon Goicoechea
y José Vicente García. Informó que en esta situación se encuentran 18
presos.
Alertó sobre el hecho de que los
civiles sean procesados por tribunales militares. “Es lo que pasa con
Gilber Caro, diputado a la Asamblea Nacional, arbitrariamente detenido”.
Marcos Gómez subrayó asimismo la
detención de periodistas por ejercer su trabajo y el ataque a medios de
comunicación, además del uso de campañas sistemáticas y permanentes de
los medios públicos contra defensores de derechos humanos. “La libertad
de expresión en Venezuela está restringida. Los periodistas pueden ser
atacados por tan solo tomar una foto”.
Deploró que ante la crisis económica
el gobierno adopte medidas discriminatorias que van dirigidas solo hacia
un sector exclusivo de la población. “La emergencia es real. No hay
datos estadísticos oficiales. El país se enfrenta con un serio problema
de escasez de insumos básicos y medicinas”.
Gómez hizo un llamado al presidente
Mauricio Macri, quien en varias ocasiones ha condenado la violación de
derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. “Tiene que
ser un campeón de los derechos humanos en su propio país, involucrar a
las fuerzas sociales y poner en marcha planes realizables y medibles.
Así podrá ser una fuerte voz en la región, la voz que necesita
Venezuela”.
Erika Guevara-Rosas, directora para
las Américas, también tuvo palabras para la situación del país al
presentar el informe en México. Aseguró que la región sufre un
impresionante retroceso en los niveles de violencia, desigualdad e
impunidad. “El gobierno venezolano está persiguiendo las voces de la
oposición. Venezuela está atravesando una de las peores crisis de
derechos humanos”.
Persecución a críticos del gobierno. En
el informe anual de Amnistía Internacional se especifica sobre
Venezuela que la mayoría de las personas sospechosas de ser responsables
de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos
cometidos durante las protestas de 2014 todavía no han comparecido ante
la justicia. Se precisa además que se encarcela a miembros de la
oposición política y se persigue a medios de comunicación y periodistas
que mantienen una postura crítica respecto al gobierno.
En el documento se destaca que la escasez de alimentos y medicamentos se intensificó de manera alarmante en 2016.
Otros aspectos destacados tienen que
ver con el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de
seguridad para reprimir las protestas, los graves problemas de
hacinamiento en las cárceles venezolanas y las decisiones tomadas por el
Tribunal Supremo de Justicia para limitar drásticamente las facultades
de la Asamblea Nacional.
Se enumeran los casos de Marcelo
Crovato, Daniel Ceballos, Antonio Ledezma, Francisco Márquez, Gabriel
San Miguel, Raúl Emilio Baduel, Alexander Tirado, Coromoto Rodríguez,
Yon Goicoechea, Alejandro Puglia, José Vicente García, Andrés Moreno
Febres-Cordero, Marco Trejo, James Mathison y César Cuellar, de quienes
se señala que fueron detenidos arbitrariamente.
En el informe se destaca lo sucedido
con Leopoldo López, a quien la organización considera preso de
conciencia. “En julio una corte de apelaciones desestimó un recurso
contra la pena de cárcel, sin considerar la ausencia de pruebas
fehacientes que respaldaran los cargos en su contra ni las declaraciones
públicas realizadas por las autoridades antes de su condena, que
socavaron gravemente el derecho del acusado a un juicio justo”.
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