“En Venezuela estamos en presencia de un
gobierno que extingue el Estado de Derecho”, aseguró Inti Rodríguez,
coordinador de Investigaciones de Provea, en un panel de discusión
realizado en la sede de la OEA, en Washington, sobre la situación
política y de derechos humanos en el país, en la que participaron
también Gonzalo Himiob, director del Foro Penal Venezolano; Mercedes De
Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, y Marco Antonio
Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Rodríguez indicó que el gobierno de
Nicolás Maduro niega las libertades democráticas y se pone por encima de
los derechos de la ciudadanía, actúa al margen de la Constitución y
levanta un Estado policial apoyado en la militarización de la gestión
pública y en la creación de nuevas figuras para extinguir la protesta.
Detalló que hay más pobres que en
1997, lo que es consecuencia de haber dilapidado los recursos
millonarios que han ingresado al país por renta petrolera en los últimos
años.
“En materia de derechos sociales, el
gobierno es una fábrica de pobreza y exclusión”. Señaló que su
organización apoya los esfuerzos para activar la Carta Democrática
Interamericana. “Es un proceso para el retorno a la democracia. En nada
se trata de intervencionismo”.
Gonzalo Himiob destacó que desde 2014
ha habido 6.893 arrestos de índole político. De ese grupo aún se
mantienen 115 personas privadas de libertad. Alertó sobre una nueva
modalidad, que llamó los presos de propaganda: “Son aquellos perseguidos
para apuntalar una narrativa oficial generalmente falsa sobre hechos de
trascendencia nacional”. Especificó que el gobierno los utiliza para
deslastrarse de su responsabilidad. “Ahora son los panaderos los
responsables de la crisis, como antes lo fueron los farmacéuticos o los
médicos”.
Afirmó que el proceso penal se está
utilizando como fórmula de castigo anticipado. “No es relevante saber si
son culpables; lo que interesa es que se sienta el poder del gobierno”.
Dijo que hay marcada diferencia en el trato a quienes protestan contra
el poder, a los que se les mantiene presos, y a quienes violan los
derechos humanos gozan de impunidad.
Mercedes De Freitas centró su
atención en la corrupción. Informó que en relación con el Índice de
Transparencia, Venezuela está en el último lugar en los países de
América Latina. Subrayó que el Tribunal Supremo de Justicia legalizó la
opacidad con más de 70 instrumentos jurídicos. Destacó que ha impedido
además que se presione a los órganos de justicia para investigar la
corrupción.
De Freitas recalcó que en el país es
difícil determinar cuáles son los procedimientos, incluso, para
solicitar beneficios sociales. Denunció que la Contraloría General de la
República viola sus propias reglas: “El contralor tiene allí a 13
familiares en cargos directivos”. Aseguró que los medios públicos se
usan para beneficio de un grupo. “En Venezuela no hay información, pero
sí mucha propaganda”.
Marcos Ponce alertó sobre la
posibilidad de un estallido social. “No es lo que queremos, pero las
recurrentes decisiones del gobierno lo que hacen es agudizar la
conflictividad”. Ponce declaró que aumentaron los reclamos violentos. Su
ONG documentó 850 saqueos en 2016. “El gobierno no responde y los
venezolanos se han radicalizado”.
Advirtió que 70% de las protestas que
ocurren en el país son por derechos económicos. Aseguró que el pueblo
ha tomado la calle sistemáticamente desde 2015 para pedir una solución
al tema de alimentación. “Desde hace años los venezolanos están
exigiendo al gobierno que cumpla, amparado en su derecho a la protesta”.
Luis Almagro, secretario general de
la OEA, dirigió unas palabras al inicio del evento con las que expresó
que en el país hay una dictadura que no ofrece garantías legales a
ningún ciudadano. “En Venezuela todos
necesitan justicia, verdad; necesitan que su voz sea escuchada”.
Advirtió que la OEA debe ser bastión del Sistema Interamericano y de sus
valores democráticos. “Debemos estar dispuestos a identificar aquellas
medidas tangibles que permitan el restablecimiento del orden
constitucional y el camino hacia la democracia en Venezuela”.
“Las recurrentes decisiones del gobierno lo que hacen es agudizar
la conflictividad. No responde y los venezolanos se han radicalizado”.Marcos Ponce
director del OVCS
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