38 ONG que trabajan en la promoción y
defensa de los derechos humanos rechazaron la usurpación de funciones y
abusos de poder del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones
de Control del estado Nueva Esparta.
Relataron que el 21 de abril los
apresados no tuvieron acceso a sus familiares y abogados. La declaración
fue ofrecida en la audiencia de presentación de los 38 ciudadanos
detenidos por la GNB, PNB y la Policía del estado Nueva Esparta, en
“redadas ilegales e inconstitucionales”.
Este tribunal, a cargo de Roberto
Morillo Lara, solo permitió contactos con sus abogados a algunos
aprehendidos 30 minutos antes de la audiencia.
Destacan que, pese a que la Fiscalía
encontró vicios en el expediente que evidenciaban graves violaciones a
los derechos fundamentales y que solicitó la nulidad de las actuaciones
por lo que correspondía la libertad plena de los detenidos, el tribunal,
“usurpando funciones y en un evidente abuso de poder, imputó los
delitos de daños agravados e instigación pública y les impuso a los
aprehendidos una sustitutiva de libertad con presentación de fiadores.
Lo que constituye una privación ilegítima de la libertad de los
ciudadanos”.
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Rechazan la subversión del orden
establecido por el juez Morillo, porque es una violación al derecho a la
defensa, debido proceso y libertad personal, “de no ser solventada de
manera inmediata, se constituye en una ruptura del orden constitucional
al asumir el Poder Judicial competencias del ciudadano”.
Piden a la fiscal Luisa Ortega Díaz y
al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, para que
de manera inmediata tomen medidas para dar libertad plena a los
detenidos.
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