Por segunda vez, y en menos de 15 días,
la fiscal Luisa Ortega Díaz acudió al Tribunal Supremo de Justicia para
exigir justicia y expresar su rechazo al fallo de la Sala Constitucional
que declaró inadmisible su recurso de aclaratoria sobre el alcance de
la sentencia No. 378 que avaló los trámites del gobierno para convocar a
una asamblea constituyente.
En vista de que la Sala
Constitucional desconoció su autoridad como titular del Ministerio
Público para representar a los ciudadanos, apeló al pueblo para que
apoyen el recurso contencioso que introdujo ayer ante la Sala Electoral
contra la constituyente.
“Pido a todos los habitantes del país
que rechacen la Constituyente. Acudan al TSJ, piso 4 de la Sala
Electoral, si está en desacuerdo con la Constituyente y hágase parte,
como tercero, de los recursos para que declaren nulos la convocatoria
(presidencial)”, clamó Ortega Díaz, de manera firme, en la sede del
máximo tribunal, con lo cual invocó el artículo 333 de la Constitución
que obliga a los ciudadanos y autoridades a restablecer la vigencia de
la Carta Magna.
Nulidad total
El recurso de la Fiscalía General
busca que el TSJ declare nulos los efectos de la constituyente, es
decir, el decreto presidencial que no cumplió las leyes al ignorar al
pueblo, las bases comiciales por ser inconstitucionales, y los actos del
CNE (postulación de candidatos, las bases, los actos administrativos no
publicados en la Gaceta Electoral).
“Una constituyente no se construye de
espaldas al pueblo. El CNE, como poder, debe velar por la Constitución.
Oí a una rectora decir: ‘El CNE no dirime constitucionalidad’ cuando
está claro que la Constitución no pierde vigencia, así fuese derogada
por fuerza mayor y que todo ciudadano, según el artículo 333, investido o
no de autoridad, está obligado a restituir su vigencia. Sea magistrado,
rector, fiscal, contralor, obrero militar o estudiante tiene que
colaborar en el restablecimiento de la Constitución; es una orden”,
emplazó, sin mencionar a la rectora Tania D’Amelio.
Ortega Díaz argumentó que el CNE
violó el principio según el cual los derechos no pueden ser
menoscabados; así como vulneró el derecho al sufragio y la soberanía
constitucional: “Este recurso es para defender la soberanía popular, la
Constitución, la democracia participativa y protagónica y a los
venezolanos. Aquí está en juego el país, la integridad de Venezuela, la
paz y el respeto que nos merecemos. La ANC destruye el principal legado
de Hugo Chávez. El chavismo es una corriente de pensamiento; no es un
partido, es una filosofía de vida”, dijo.
Luego, sin nombrarlo, criticó a los
promotores de la ANC, como Isaías Rodríguez, Aristóbulo Istúriz y
Diosdado Cabello, que han revelado lo que harían los constituyentes:
“Los llamados a la constituyente han sido agresivos. ‘Los vamos a
aniquilar’; ‘a poner presos’ y quienes no apoyen la constituyente será
juzgado por traición; son fascistas, terroristas. Frases agresivas,
amenazantes. Así no podemos vivir. La paz se construye colectivamente.
No debe ser impuesta por un único actor o bando. Llamo a la paz”.
Justificó que pidió al TSJ que
aclarara el alcance de la sentencia No. 378 sobre la ANC porque entendía
que esa propuesta deroga la democracia participativa y protagónica, la
supremacía constitucional, el principio de soberanía y la progresividad
de los derechos humanos para que el Poder Judicial rectificara.
“El maquillaje de sentencias” en el Poder Judicial
La fiscal Luisa Ortega Díaz calificó
los cambios en las sentencias que eliminaron las atribuciones de la
Asamblea Nacional de “maquillajes”.
“La Sala Constitucional señaló que no
tenía legitimidad para solicitar aclaratorias, aún cuando
constitucional y legalmente estoy facultada. Hace dos meses, con las
sentencias 155 y 156, que violaron el orden constitucional, hubo una
aclaratoria inaudita del TSJ. Preguntó por qué no solicité aclaratoria y
reconocía que cualquier ciudadano, con o sin autoridad, podía hacerla.
Es decir, ‘el maquillaje’ a las sentencias 155 y 156 dio legitimidad a
la fiscal y, dos meses la pierde. Esa es la inseguridad jurídica que he
denunciado. Ese ‘maquillaje’ no resolvió el tema del orden
constitucional. El pueblo merecía esa aclaratoria. Se la debemos a los
ciudadanos si estamos en democracia participativa y protagónica, si hay
progresividad del derecho ante la feroz represión”, afirmó en el TSJ.
Antes de que RNC sacara del aire el
programa de la Fiscalía, el vicefiscal Rafael González Arias advirtió
que la amenaza del TSJ de despojar el monopolio de la acción penal al
Ministerio Público atentaría contra la imparcialidad e independencia en
un proceso penal.
La directora de Actuación Procesal
del Ministerio Público, Zair Mundaray, solicitó al ministro de
Comunicación, Ernesto Villegas, que informe por qué dijo que había 80
fallecidos en manifestaciones desde abril, en vista de que ellos conocen
67 casos, y 1.307 lesionados; hacen 122 investigaciones por daños a la
propiedad pública y 255 a la privada.
Informó que presentarán ante un
tribunal de control del Área Metropolitana de Caracas a los GNB, Rusbel
González, Endry Trolla, Yorman Martínez, Enrique Patermina, Miguel
Figueroa y Eddinson Guanipa, acusados de robo a manifestantes, el 5 de
junio.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.