General Motors confirmó este viernes que
la decisión de cesar sus operaciones en Venezuela es irreversible,
debido a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una medida de
embargo de la planta de ensamblaje en Valencia, Carabobo, como respuesta
a una demanda que interpuso un concesionario del Zulia hace 17 años.
La empresa automotriz emitió un
comunicado, en el que explica que sus autoridades buscaron dialogar con
los factores del gobierno para llegar a una solución dentro de los
parámetros de la ley venezolana. Sin embargo, no recibieron respuesta
alguna del Estado, solo la medida impuesta por la magistrada Carmen
Zuleta de Merchán.
“Con la negativa, del avocamiento
solicitada por la ensambladora más grande y de mayor tradición en el
país, se evidencia una vez más el irrespeto al debido proceso y al
derecho legítimo a la defensa; por lo que la decisión tomada por General
Motors es irreversible, luego de más de 69 años de contribución a la
generación de empleos de calidad, la movilidad de todos los sectores de
la economía nacional y de los propios venezolanos”, indica el comunicado
de la ensambladora.
En este sentido, la empresa aclaró
que su equipo continuará en el país mientras deba ejercer acciones
legales para resarcir los daños causados por el embargo a los
directivos, empleados, obreros y sus familias.
A continuación en comunicado completo:
STATEMENT DE GENERAL MOTORS
Como ha sido del conocimiento de las
autoridades y de la opinión pública, General Motors se vio forzada a
cesar sus operaciones en Venezuela tras la medida de “amplio embargo”
contra sus bienes, la cual fue emitida el pasado 18 de Abril en total
desconocimiento al derecho a la defensa y al debido proceso, causando un
daño irreparable a la compañía, a sus trabajadores y ocasionando la
terminación de las relaciones laborales.
A pesar de las numerosas peticiones
de General Motors para reunirse con las autoridades Venezolanas,
discutir la situación y encontrar una solución, la empresa no recibió
ninguna respuesta afirmativa.
El pasado 25 de mayo la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció declarando
como inadmisible la solicitud de avocamiento presentada por General
Motors, luego de la medida de amplio embargo judicial contra sus bienes,
con seis votos de los siete magistrados que integran la sala. El voto
salvado corresponde a la posición de la magistrada Carmen Zuleta de
Merchán.
Con la negativa, del avocamiento
solicitada por la ensambladora más grande y de mayor tradición en el
país, se evidencia una vez más el irrespeto al debido proceso y al
derecho legítimo a la defensa; por lo que la decisión tomada por General
Motors es irreversible, luego de más de 69 años de contribución a la
generación de empleos de calidad, la movilidad de todos los sectores de
la economía nacional y de los propios venezolanos.
La compañía ratifica que ejercerá
vigorosamente todas las acciones legales a su alcance dentro y fuera de
Venezuela, en busca del resarcimiento de todos los daños injustamente
originados en su contra.
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