A José Mendoza, ingeniero, se le
presentó la oportunidad de un mejor trabajo en Caracas hace siete años.
Su plan era mudar a su familia desde Maracaibo a los pocos meses de
estadía en la capital, porque tenía la expectativa de comprar una
vivienda propia. “Ha pasado el tiempo y no he podido ni siquiera
alquilar un apartamento por los altos precios de los alquileres y vivo
en una habitación”, contó.
Esta situación es la que afrontan
muchos profesionales y familias que viven en la zona metropolitana de
Caracas y que ven cada vez más lejos la posibilidad de alquilar una
vivienda debido a que los precios suben constantemente impulsados por la
inflación.
Mendoza devenga 250.000 bolívares
mensuales, un poco más de 2 salarios mínimos, pero ese ingreso no lo
puede destinar todo al pago de un alquiler. También debe atender otras
obligaciones familiares como la educación de los hijos y el préstamo
hipotecario de su vivienda principal en Maracaibo que ha intentado
vender, pero “ni con eso alcanza para comprar un apartamento en
Caracas”.
Por la habitación de una casa ubicada
en la urbanización La California, paga 65.000 bolívares al mes, cuando
en enero destinaba 25.000 bolívares de su presupuesto, lo que significa
un incremento de 160%.
Un recorrido por los avisos de prensa
y páginas web especializadas muestra que el precio más barato de un
apartamento ubicado en Sabana Grande es 1,5 millones de bolívares al
mes, equivalente a 15,3 salarios mínimos de 97.531 bolívares mensuales.
En el este de la región capital los alquileres se encuentran entre 2,2
millones y 15 millones de bolívares mensuales equivalentes a 22,5 y
153,7 salarios mínimos.
En la revisión de la oferta de
alquileres llama la atención el precio de un apartamento localizado en
una exclusiva urbanización del este: 56 millones de bolívares por mes.
El promotor, que solicitó no mencionar su nombre, explica que el
propietario aspira a que el inquilino sea un diplomático o un empleado
de una transnacional que puede pagar en dólares.
Sueños frustrados. Jesús
Martínez, tiene 24 años de edad, estudia Informática y está por
graduarse. Su intención es independizarse junto con su novia, por lo que
pensó en arrendar un apartamento o el anexo de una casa con su ingreso
mensual y el de ella de un poco más de un sueldo mínimo.
“Después de dar muchas vueltas
terminamos alquilando una habitación en la avenida Fuerzas Armadas a
75.000 bolívares mensuales porque en Chacaíto y Los Caobos no bajaban
de 100.000”, dijo.
Gerardo Gutiérrez, de 26 años, es
abogado y profesor universitario con posgrado en Argentina, habla 2
idiomas y trabaja en un escritorio jurídico. “Mi ingreso no me alcanza
para alquilar un apartamento; sin embargo, tomé la decisión de buscar un
sitio donde vivir independiente de la familia”.
Comenzó a averiguar en los portales
web, prensa y contactó a distintos corredores. La mayoría de las
viviendas que ubicó estaba tasada en dólares, en el este y en el oeste.
“Pero mis ingresos no son en divisas”, dice. “Además de que el dólar
sube constantemente, me pedían 2 meses de adelanto más una fianza.
Recorrí anexos y apartamentos. Entre Bello Monte, Terrazas del Ávila
y La Urbina pedían 300 dólares mensuales, en El Rosal a partir de 400
dólares”.
En su búsqueda, Gutiérrez solo
consiguió 2 apartamentos en bolívares, uno de ellos en Lomas de La
Lagunita a 400.000 bolívares por mes y uno tipo estudio en El Rosal a
400.000 bolívares al mes. “Aunque debo hacerle arreglos lo tomé por lo
céntrico y me mudaré pronto”.
Al ritmo de la inflación. Roberto
León Parilli, presidente de Alianza Nacional de Usuarios y
Consumidores, explicó que “en Venezuela el mercado inmobiliario se mueve
con la inflación, ante la que los propietarios tratan de protegerse.
Por eso, las condiciones de alquilar han variado mucho, empezando porque
los contratos de arrendamiento son a seis meses de duración”.
El representante de Anauco destacó
que acceder a una vivienda digna, así sea alquilada, es un derecho
establecido enla Constitución, pero para el venezolano esa opción es
cada vez más reducida como consecuencia de la pérdida del poder
adquisitivo del salario y la inflación.
Recordó que hasta la década de los
noventa un profesional o una familia de clase media alquilaba primero
una vivienda con miras a comprar en dos o tres años un techo propio.
“Hoy eso es muy difícil porque el monto que los bancos prestan por los
créditos hipotecarios está muy por debajo del precio del inmueble,
además de que para las entidades financieras no es rentable prestar a un
interés máximo de 20% con una inflación de 700%”.
Sobre la realidad de que algunos
propietarios cobran los alquileres de las viviendas (casa o apartamento)
calculados en dólares, León indicó que ese proceder resulta lógico en
una economía con recesión y altas tasas inflacionarias.
Según fuentes de la industria de la
construcción, en Venezuela hay un déficit de 3 millones de viviendas,
especialmente para la clase media. Sin embargo, el sector privado no
puede asumir esos proyectos por la escasez y elevados precios de los
materiales, como el cemento y la cabilla, además de las limitaciones de
los bancos en dar crédito para la construcción.
Preferible vacíos
La rígida legislación de alquileres e
inquilinato lleva a muchos propietarios a mantener sus viviendas
desocupadas. “Prefiero tener el apartamento vacío. Ya pasé por el
disgusto de un inquilino maula. Para sacarlo tuve que darle plata,
además de que dejó el apartamento hecho un desastre”, contó una
arrendadora que solicitó no mencionar su nombre.
Otro afectado narró que pidió la
desocupación del inmueble para su hijo recién casado. “El inquilino
quería quedarse con el apartamento y luego de 5 años de lucha en los
tribunales conseguí la desocupación. Mi hijo se fue del país y decidí no
alquilar más nunca y vender no es una opción por ahora”.
Esto explica que pese a que en los
edificios haya apartamentos sin habitar, ante la pregunta de los
interesados sobre si hay inmuebles para alquilar la respuesta es no.
Roberto León Parilli, presidente de
Anauco, explicó que para que un propietario logre la desocupación del
inquilino involucra un largo camino con procedimientos administrativos
muy burocráticos, antes de que el juez dicte la sentencia. “Ante esta
situación la gente no alquila y mantiene la vivienda desocupada”, dijo.
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