Las sanciones
adoptadas por Estados Unidos contra Venezuela aceleran el proceso de
default de pagos de la deuda, que podría ocurrir esta semana, coinciden
expertos. El último paquete de medidas anunciado por el gobierno de
Donald Trump, el 24 de agosto, se complementa con el que había sido
lanzado en julio, y tiene por objetivo cortar el financiamiento al
gobierno de Nicolás Maduro.
“Las sanciones financieras
implementadas en agosto son más significativas porque interrumpen toda
nueva inversión directa en el país”, dijo Shannon O'Neill, del Consejo
de Relaciones Exteriores, un influyente centro de análisis
estadounidense.
Venezuela tiene gigantescas reservas
petroleras, pero es un país pobre en liquidez. “Sus reservas
internacionales ascienden a 9.700 millones de dólares, siendo que su
deuda externa se eleva a casi 110.000 millones”, apuntó por su parte
Edward Glossop, economista de Capital Economics.
De esa forma las sanciones
“aumentaron la presión sobre Nicolás Maduro, ya que se torna casi
imposible garantizar el acceso a financiamiento”, dijo el economista
Andrés Abadia, del grupo Pantheon Macroeconomics.
También se torna muy difícil para
Venezuela vender obligaciones en el sistema financiero estadounidense.
De esa forma el gobierno queda aislado y “la propensión de los
inversionistas internacionales en adquirir la deuda del país disminuyó”,
indicó Abadia.
De acuerdo con Abadia, Venezuela
enfrenta no solo una caída de su producción petrolera con la posibilidad
de "un colapso total de la economía, y su inflación es ahora la más
elevada del mundo", calculada en más de 1.000% este año y que podría
alcanzar 2.000% en 2018. En ese cuadro, “los riesgos de un evento
caótico de crédito son significativos a cualquier momento”, añadió.
Glossop apuntó que ese desenlace
podría ocurrir “hasta el fin de esta semana”, a menos que Petróleos de
Venezuela y el gobierno “cubran pagos no efectuados recientemente que
suman 500 millones de dólares”.
Hasta ahora el gobierno ha operado
para evitar el cese de pagos al asumir como prioritario abonar
vencimientos inmediatos, y ha dejado de lado las importaciones de
alimentos y medicamentos. En este escenario, en relación con la
reestructuración de la deuda anunciada el jueves por el gobierno, los
economistas apuntan que podría estar comprometida a la vista de las
circunstancias políticas.
El presidente Maduro ha puesto al
frente de esa delicada misión al vicepresidente Tarek el Aissami, quien
también es objeto de sanciones específicas por parte de Washington que
lo acusa de corrupción.
Para el profesor Robert Kahn, de la
Universidad Americana en Washington, la única salida a esta crisis es un
cambio de gobierno. “Es necesario un cambio en el liderazgo... Es
necesario nombrar personas que no sean objeto de sanciones, que estén
dispuestas a reducir la presión sobre la población y reformar la
economía”, añadió el académico.
En ausencia de un cambio, advirtió,
Maduro tendrá dificultades de convencer a los acreedores, ya que las
sanciones de Washington prohíben a ciudadanos o bancos estadounidenses
adquirir nuevas obligaciones venezolanas o de Pdvsa.
El Dato
La
agencia de calificación de riesgo, Moody's, bajó la calificación de
Petróleos de Venezuela por incumplimiento en el pago de los intereses de
los bonos de deuda emitidos por la empresa. Sin embargo, el gobierno
aseguró el 3 de noviembre que se habían iniciado los pagos del bono 2017
de Pdvsa. “La petrolera debía pagar 1.169 millones de dólares en
capital por los bonos de 2017”, dijo Nymia Almedia, vicepresidente
senior de crédito de Moody's. La firma redujo la calificación de Ca
(operaciones de deuda altamente especulativas con señales de posible
default) a Caa3 (riesgo crediticio), indica el comunicado.
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