Un deterioro lento y progresivo
del aparato económico, así como de la capacidad del Estado para atender
las necesidades básicas de la población, pone en peligro la
supervivencia de los venezolanos, especialmente del 51% que forma parte
de los estratos en mayor pobreza. El gobierno ha sido rebasado en su
capacidad para hacer frente a este escenario, por lo que será inminente
aceptar la cooperación internacional si se quiere impedir mayor
sufrimiento, señalan los expertos.
Más de 4 millones de personas sin
acceso a medicamentos, 1 millón de niños menores de 3 años que no se
alimentan como requieren, el incremento de las cifras de mortalidad
materna e infantil y los desplazamientos masivos en las fronteras son
evidencia de una crisis que el gobierno niega
Hundidos en profundas crisis
económicas, políticas y sanitarias o arrasados por la violencia, 17
países requerirán de la asistencia de la comunidad internacional en
2018. Venezuela es la única nación latinoamericana que integra esa
lista, en la que figuran en su mayoría países de África y de Medio
Oriente, como Libia, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Afganistán, de
acuerdo con un reporte que fue presentado a principios de mes por la
organización no gubernamental Acaps, especializada en el análisis de los
escenarios que caracterizan las emergencias humanitarias.
En el caso venezolano, la ONG basa su
diagnóstico en un repaso de los hechos acaecidos en 2017, un cocktail
explosivo en el que convergen la hiperinflación, la caída de los
ingresos económicos, la restricción de acceso a los servicios básicos,
la erosión de las instituciones democráticas y la represión contra las
protestas públicas. Para el año próximo, la supervivencia de la
población se verá aún más comprometida, señalan, debido a la
descomposición de las instituciones del gobierno, el empeoramiento de
las condiciones económicas y la creciente inseguridad.
Mientras el deterioro se agrava y se
hace evidente para los observadores, el gobierno de Nicolás Maduro sigue
empeñado en no reconocerlo. "Venezuela es un país pujante, trabajador,
no es un país de mendigos como han pretendido algunos con aquello de la
ayuda humanitaria", dijo el mandatario durante una emisión reciente de
su programa televisivo dominical.
La especialista en gestión
alimentaria Susana Raffalli, asesora de Cáritas de Venezuela, corrige el
equívoco: cuando se habla de acción humanitaria no se está hablando de
limosnas ni tampoco de solidaridad, sino de un cuerpo de conocimientos y
actuaciones que debe activarse cuando se producen daños masivos a la
salud y la integridad de la población y se pierden vidas humanas.
"La crisis alimentaria pasó a ser una
crisis humanitaria cuando se murió el primer niño por desnutrición",
puntualiza. En este momento, en la escala de criterios que definen este
tipo de situaciones, el país ha pasado de la crisis a la emergencia
humanitaria, que se caracteriza porque, además, el Estado perdió la
capacidad para dar respuesta y asistir a los afectados, lo que hace
apremiante la ayuda internacional.
Raffalli indica que un dato que sirve
como termómetro de la intensidad de lo que ocurre es la rapidez con la
que han empeorado los indicadores. "El monitoreo centinela que realiza
Cáritas muestra que tenemos 15,7% de niños menores de 5 años con
desnutrición aguda, pero lo peor es que en octubre había 8%, es decir,
que se duplicó la cantidad de niños en estas condiciones".
Problema complejo. El
hecho de que los actores gubernamentales nieguen sistemáticamente el
grave deterioro de las condiciones de vida de la población le da a la
situación venezolana nombre y apellido: emergencia humanitaria compleja.
“Uno de los principales factores de este tipo de escenarios es que el
actor que debería estar en condiciones de aportar las soluciones es
precisamente quien las niega”, señala Jo D'Elía, responsable de la
investigación sobre el estado de los derechos humanos en materia de
salud para la organización no gubernamental Provea.
“Venezuela tiene todas las
características de emergencias humanitarias complejas que ocurren en
países que sufren problemas sistémicos, económicos y sociales”, coincide
Marino González, investigador especializado en el área de políticas
públicas de la Universidad Simón Bolívar y miembro de la Academia
Nacional de Medicina. “Este tipo de situaciones no se relacionan con
conflictos bélicos ni con catástrofes naturales”, aclara.
Las situaciones que se enmarcan
dentro del concepto de emergencia humanitaria compleja suelen haberse
gestado con lentitud durante mucho tiempo, añade D’Elía. “Son
consecuencia de años de deterioro, que han desembocado en la
desestructuración de las capacidades internas del país para ayudar a las
personas en sus necesidades”.
En el área asistencial puede verse
con claridad la forma cómo ha evolucionado el daño: el fracaso de la
gestión pública que ha devenido además en un deterioro sistemático de
los servicios de salud, indica. “El gobierno nacional no resolvió el
problema de la fragmentación de las instituciones que deben dar
respuestas a los problemas asistenciales y además montó un sistema
paralelo que se financió por mucho tiempo con los recursos que debían ir
al sistema público. Cuando se admitió el fracaso de Barrio Adentro ya
no había manera de recuperar el sistema público”, afirma.
D’Elía coincide con Raffalli en que
el declive de las condiciones de vida se ha acelerado y que el daño que
causa está afectando de manera irreparable a un número incalculable de
venezolanos, imposible de saber por el ocultamiento de las cifras que
practica el gobierno. “Se han comenzado a registrar muertes de manera
sistemática y lo peor es que podrían haberse evitado”, alerta.
Para ilustrar esta afirmación, añade,
basta recordar el aumento en más de 65% de mortalidad materna y más de
30% de mortalidad infantil entre 2015 y 2016, cifras que se conocieron
cuando el Ministerio de Salud publicó a principios de año los boletines
epidemiológicos que habían estado silenciados durante meses. “Se trata
de fallecimientos que son en su mayoría prevenibles y revelan una falta
absoluta de control prenatal. Nos dicen que son las mujeres y los niños
las víctimas de las decisiones estatales”.
La Encuesta Nacional de Hospitales
también ha revelado que 60% de los servicios de salud están paralizados y
que los que funcionan lo hacen en condiciones de precariedad. Entre 70%
y 80% de los equipos médicos no están operativos. Más de 50% del
personal de salud ha desertado.
Desplazamientos para sobrevivir. La
Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la
Vida calcula que en este momento hay 4 millones de venezolanos que
padecen dificultades para el acceso a medicamentos y otros 300.000 con
problemas crónicos de salud que no tienen acceso a los fármacos de alto
costo que requieren. Asimismo, 500.000 cirugías están pendientes en
centros hospitalarios, las cuales no se pueden realizar por el déficit
de insumos. Para enero calculan que habrá 77.000 personas con VIH que no
conseguirán los antirretrovirales que necesitan.
Mientras sectores privados denuncian
que la escasez de medicamentos supera la cifra de 90%, el Estado insiste
en que no llega a 15%. D’Elía tiene la explicación: “El gobierno
recortó de manera brutal la lista de medicinas que importa, por lo que
cuando se refiere a esta carestía, no habla de lo que en realidad se
necesita sino que describe solamente su lista de compras”.
Los desplazamientos masivos se hacen
evidentes y en muchos casos la razón es precisamente la búsqueda de
tratamientos que no se consiguen en el país. “A diario vemos a miles de
personas cruzando las fronteras para buscar los medicamentos que
requieren”, advierte Francisco Valencia, director de Codevida.
Raffalli añade que otra
característica de las emergencias humanitarias complejas es que
desbordan los límites de las naciones y comienzan a afectar a la región.
“El movimiento migratorio, que ya supera los 2 millones de personas,
tiene impacto en nuestros vecinos”. Una evidencia clara es la reciente
declaratoria de emergencia social en el estado de Roraima, Brasil, que
ha recibido un flujo de cerca de 30.000 venezolanos durante los últimos 2
años.
El período de hiperinflación que
comenzó a atravesar el país, y que viene precedido de cuatro años de
caída de la actividad económica y del derrumbe progresivo de la
inversión pública, no hará sino exacerbar los problemas sociales que ya
venía atravesando el país. “El gobierno no ha reaccionado ante lo que
estamos viviendo, pero lo peor es que la sociedad tampoco se ha dado
cuenta de lo que está pasando. Eso ocurre en parte porque estamos
inmersos en un patrón cultural y sistémico que nos ha acostumbrado a la
inflación, un fenómeno que ha estado presente en nuestra cotidianidad en
los últimos 30 años”, indica González.
La Encuesta Nacional de Condiciones
de Vida ya ha mostrado, recuerda, un aumento de la población en pobreza
extrema, que pasó a representar 51,5% de la población en 2016. La
inflación desbocada también ensancha la brecha entre los sectores que
pueden adaptarse más fácilmente a estas condiciones económicas y los más
pobres, que no cuentan con recursos para ello y que cada vez deben
dedicar mayores esfuerzos y recursos a alimentarse. “A esa población que
ya veía sumamente deteriorada su calidad de vida, la hiperinflación le
pone cada vez más lejos los productos que necesita para sobrevivir”,
agrega el experto en políticas públicas. Especialmente preocupante es la
situación de 3 millones de niños venezolanos menores de 3 años que no
están comiendo lo que necesitan, en una edad en la que la alimentación
es vital para el desarrollo neurológico.
Intervención inminente. Pese
a que expertos y representantes de la sociedad civil claman por la
aceptación oficial de la situación de emergencia humanitaria en
Venezuela, hay otras voces en el ámbito internacional que apoyan la
negativa del gobierno a admitirla. Es el caso de Alfred de Zayas,
experto independiente de Naciones Unidas, que hace poco visitó el país y
concluyó que era “excesivo” endilgarle a Venezuela esa calificación.
D’Elía pone en duda la imparcialidad
de este funcionario y recuerda que, en 2016, el entonces secretario
general de la ONU, Ban Ki-moon, reconoció la existencia de una crisis
humanitaria en el país. “Las necesidades básicas no pueden ser
cubiertas... la comida, el agua, la sanidad, la ropa, no están
disponibles”, expresó ese año el funcionario de origen surcoreano en
declaraciones a los medios.
“En presencia de una emergencia
humanitaria el Estado venezolano tiene obligaciones y si rehúsa recibir
colaboración internacional no solo está violando el derecho a la salud
sino el derecho de las personas de ser protegidas”, afirma D’Elía.
“Pero, además, los derechos humanos son una responsabilidad compartida:
la gente tiene la obligación de presionar, de buscar por todos los
medios diplomáticos posibles que el Estado acepte sus obligaciones, su
responsabilidad como parte y las responsabilidades individuales por los
daños que puedan producirse”.
En un momento de emergencia
humanitaria como el que vive el país deben activarse los protocolos
diseñados para evitar mayores daños y muertes, apunta Raffalli. “Cada
fase detona un protocolo de atención adecuado. Cuando Cáritas anunció en
su sistema de alerta temprana que estábamos entrando en crisis, la
actuación coherente hubiera sido dotar todos los dispensarios del país
con suplementos nutricionales que hubieran podido atender a los niños
con desnutrición y evitar muertes”.
La situación desbordó al Estado y
este no puede por sí mismo solucionarla. “Cuando pasas de la normalidad a
la crisis humanitaria la puedes manejar aprobando recursos
extraordinarios que destinarás a atenderla, pero cuando estás en
emergencia ni siquiera con eso puedes salvar a la gente”, agrega.
Las condiciones de hiperinflación
imponen un programa de estabilización económica para corregir los
desequilibrios –dice González– pero este debe venir acompañado de un
programa de asistencia que atienda a la población desprotegida,
monitoreado y supervisado por organismos que puedan encargarse de forma
transparente de su manejo. “Es necesaria la ayuda porque estamos
experimentando una inédita destrucción social y económica. Llegamos a
una fase de quiebre social, doloroso, que se mete en las casas, en los
bolsillos de la gente, en los ámbitos íntimos y más privados”,
reflexiona.
Rostros del sufrimiento cotidiano
“Es muy triste llegar a la casa con las manos vacías”
Keyler vive con sus 5 hijos en una
humilde casita en La Pastora. Se levanta sin excusas para ir a limpiar
en una casa donde le pagan 30.000 bolívares el día. Se esfuerza para que
a sus niños, que tienen entre 1 y 15 años de edad, no les falten las 3
comidas, y aunque le cuesta reconocerlo, ya ha pasado. Han dejado de ir
al colegio por no tener desayuno. La nevera está dañada, pero si
funcionara tampoco la usaría para guardar carne o pollo porque son
productos inasequibles. Han perdido peso, ella por lo menos 10 kilos. A
sus hijos les ha dado diarrea y vómito. La leche que trae la caja CLAP
les causa ese efecto. No siempre consigue comida regulada. “Es muy
triste llegar a la casa con las manos vacías”, expresa. A pesar de todo,
agradece la colaboración de un vecino y de la dueña de la casa donde
trabaja. Su esposo gana sueldo mínimo y su hijo mayor ya trabaja para
ayudar con la comida. “Me he parado con la columna que no la aguanto y
he tenido que salir para que ellos no se acuesten sin comer. Lloro y le
digo a Dios: ¿será que tú no existes?”, dice entre lágrimas.
“Robo en la basura para comer”
Juan no sabe dónde está su mamá y su
papá está preso en la cárcel de Alayón, en Aragua. Tiene apenas 12 años
de edad y lo único que hace es cuidar carros en El Limón. Todos los días
se traslada desde la casa de su tía –lugar donde lo dejó su mamá– en el
barrio El Paseo de Maracay hasta la zona donde “trabaja”, o pide, para
poder comer. Otras veces recurre a opciones que en su inocencia califica
de delito. “Robo en la basura para comer”, expresa mientras fija su
mirada lejos de la cámara, avergonzado. En su rostro y su cuerpo se
presentan rasgos de desnutrición y cicatrices que son señales de
maltrato físico. Le cuesta recordar cuándo fue la última vez que comió
carne o al menos un plato grande de comida. Tanto su futuro como su
felicidad están alejados de su mente. La paranoia se apodera de él. Dice
sentirse afectado por los otros niños que se burlan de él. Recibe ayuda
de la Fundación Dame la Mano, pero anda a la deriva, sin estudios,
creciendo antes de tiempo.
“En el hospital no le pueden dar lo que necesita”
Diego no puede hablar. Su mamá,
Yennifer, lo hace por él. Han luchado juntos en contra del síndrome de
Crohn, que apenas hace unos días le fue diagnosticado al niño. A los 6
meses de edad apenas pesaba 8 kilos. Un mes después ingresó en el
Hospital de Niños J. M. de los Ríos, donde se encuentra actualmente
luego de un ir y venir de San Juan de los Morros, su ciudad natal. Ella
explica que la desnutrición que presenta no es por falta de alimentos,
sino por la patología. “Necesita comida especial”, indica antes de
aclarar que en el centro hospitalario no cuentan con este régimen
alimenticio. Le brindaron el menú hipercalórico e hiperproteico por dos
días nada más. “Le dan comidas normales, pero no le dan lo que en
realidad él necesita”, reitera Yennifer en relación con esta falla en el
hospital. Ella decidió egresarlo para llevarlo a su casa en Guárico y
prepararle con sus escasos recursos la comida que requiere. A este
cuadro se le suma la escasez de medicinas. Diego necesita
corticosteroide sintético y no lo ha conseguido en meses.
“Al no darle su tratamiento, le están quitando la vida”
Samuel recibió un trasplante de riñón
hace tres años. Fue operado en el Hospital J. M. de los Ríos, donde
además recibiría su tratamiento de por vida todos los meses. Fue la
promesa que le hicieron a su mamá, Victoria, la que se cumplió con
regularidad hasta hace un año. Los cuatro medicamentos antirrechazo que
debe tomar a diario empezaron a escasear en el hospital en los últimos
meses. “La última vez no había nada. Me dicen que ya el pedido se hizo
pero no llega”, expone la madre, que no entiende cómo esta situación se
les escapa de las manos. Ha recibido ayuda de familiares en el exterior.
Ella confía en que se establezca un canal humanitario en el país.
“Mientras siga el conflicto, ni para ellos ni para nadie”, señala.
Victoria llora en silencio porque no quiere transmitirle a su hijo la
desesperación que vive buscando el tratamiento que una vez le
prometieron que no faltaría. “Es como algo que te dan y después te lo
quitan. Al no suministrarle su tratamiento, le están quitando la vida”,
afirma.
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