El lunes se cumplieron dos años de la
primera vez que el gobierno de Nicolás Maduro lanzó un decreto de
estado de emergencia económica, con la supuesta intención de atender la
difícil situación que atravesaba el país, garantizar el libre acceso a
bienes y mitigar los efectos de la inflación y el alza del dólar
paralelo.
Una vez transcurridos los 60 días de
vigencia de la norma, la crisis económica empeoró y a pesar de eso el
Ejecutivo decidió prorrogarlo. Desde entonces se han firmado 13 decretos
de estado de excepción y emergencia económica, pero el deterioro de la
calidad de vida de los venezolanos continúa. El último se firmó este
mismo mes y analistas consideran que tampoco tendrá resultados
positivos.
Uno de los principales indicadores
que muestra la ineficiencia de las normas es la inflación. En 2015, el
año antes de que se aprobara el primer decreto, la inflación cerró en
180,9%, según el Banco Central de Venezuela, mientras que en 2017 la
inflación alcanzó 2.616%, de acuerdo con la medición que realiza la
Asamblea Nacional ante la ausencia de los datos del BCV.
Alimentos y bebidas alcohólicas es
uno de los rubros que más ha aumentado en los últimos años. Un cartón de
30 huevos, por ejemplo, costaba alrededor de 1.200 bolívares a
comienzos de 2016, mientras que ahora se vende en 320.000 bolívares, en
promedio; es decir, en los 2 años con decretos de emergencia los huevos
han aumentado más de 260 veces.
En el caso de la carne ha habido
incrementos similares en los últimos 2 años. El kilo de los cortes de
primera se vendía en enero de 2016 en 1.600 bolívares y ahora se vende
en 370.000 bolívares, en promedio.
Aunque el gobierno ha aumentado el
salario mínimo en reiteradas ocasiones, no ha logrado preservar el poder
de compra de los sueldos. En enero de 2016 el ingreso mínimo integral
(salario más bono de alimentación) estaba en 16.398 bolívares, lo que
permitía comprar 10 kilos de carne. Ahora que el ingreso mínimo integral
subió a 797.510 bolívares solo se pueden comprar 2 kilos de carne.
Las personas tampoco han podido
acceder libremente a alimentos y medicinas esenciales porque el índice
de escasez ha seguido aumentando. En noviembre del año pasado, último
dato disponible, el nivel de escasez se ubicó en 52,6%, de acuerdo con
cifras de Econométrica.
Otras intenciones. La economista y
profesora universitaria Sary Levy recordó que, a pesar de lo que dicen
los decretos de emergencia, el objetivo del gobierno no era frenar la
crisis económica sino tener mayor control político luego de que la
oposición ganó la mayoría de diputados en la Asamblea Nacional.
“Después de que la alternativa
democrática ganó las elecciones de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo
trató de impedir su funcionamiento con estos decretos. El interés
específico era violar el rol de un poder constituido como la AN y romper
con el principio de separación de poderes”, aseguró.
La economista Anabella Abadi, de ODH
Grupo Consultor, coincidió en que las intenciones del gobierno eran
otras. “Los decretos fueron lanzados para que el Ejecutivo tuviera plena
libertad de aprobar los recursos adicionales que quisiera sin pasar por
la Asamblea Nacional. Han sido cheques en blanco, unos tras otros”,
sostuvo.
Hace dos años el Parlamento rechazó
el decreto de emergencia, precisamente por considerar que se pretendía
restarle competencias. Pero a pesar de no contar con el aval del Poder
Legislativo, el Tribunal Supremo de Justicia lo declaró legal.
Además de aprobar una gran cantidad
de recursos adicionales, en 2016, el gobierno se amparó en los decretos
de emergencia para ajustar la unidad tributaria, aumentar la gasolina y
decretar varios días libres por la crisis eléctrica que afectaba el
país.
El gobierno también usó la norma para
dejar sin efecto toda moción de censura o sanciones que aprobara el
Legislativo contra funcionarios; estableció un límite en la cantidad de
dinero que puede entrar y salir del país, y ordenó sacar de circulación
el billete de 100 bolívares en 72 horas, medida que luego se revirtió.
Además, el año pasado se usó el
decreto de emergencia para designar a Ramón Lobo como presidente del
Banco Central de Venezuela.El más reciente decreto de emergencia
establece que el Ejecutivo también podrá dictar medidas que permitan la
incorporación al sistema económico nacional de criptoactivos, después de
que se anunció la creación del petro, una especie de moneda que estará
respaldada en las reservas petroleras y minerales del país.
La semana pasada el Parlamento
declaró la nulidad del petro y denunció que su utilización es ilegal
porque viola el artículo 12 de la Constitución que establece que los
yacimientos mineros y de hidrocarburos de la República son inalienables.
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