Al igual que el régimen cambiario, el
control de precios acaba de cumplir 15 años y, pese a que se le
reconoce como uno de los principales causantes de la crisis económica
actual, las autoridades insisten en continuar imponiendo el monto al que
se deben comercializar ciertos bienes y servicios.
En febrero de 2003, el gobierno
decidió instaurar el control de cambio para superar la crisis luego de
la huelga general de empresarios y trabajadores. Por temor a que todos
los productos encarecieran, el Ejecutivo también optó por imponer el
control de precios, y el 11 de febrero publicó en la Gaceta Oficial N° 37629 una lista con los primeros precios regulados.
A pesar de que la coyuntura se
superó, el gobierno decidió prolongar la vida de los controles y cada
vez amplió más la lista de productos regulados. Pero con el paso de los
años quedó demostrado que las regulaciones no sirvieron para controlar
la inflación, sino que la desbocaron.
Cálculos del economista Humberto
García Larralde, basados en cifras del Banco Central de Venezuela y
de la Asamblea Nacional, indican que entre febrero de 2003 y diciembre
de 2017 la inflación acumulada fue de903.162%.
“El control de precios ha provocado
grandes distorsiones que han perjudicado a la población. No ha
contribuido a acabar con la inflación, sino a encarecer los bienes, a
empobrecer a los venezolanos”, afirmó.
El economista aseguró que el alto
nivel de desabastecimiento y la escasez que hay en el país tienen su
origen en los controles. Recordó que la mayoría de los precios fijados
por el gobierno han sido muy bajos y no han reconocido los costos de
producción, razón por la que algunas empresas industriales han reportado
grandes pérdidas y han decidido cerrar.
Juan Pablo Olalquiaga, presidente de
Conindustria, coincidió con García Larralde. Recordó los casos de
empresas como Clorox y Kimberly Clark, que, presionadas por los
controles y por demás distorsiones de la economía, debieron despedirse
del mercado venezolano.
Aseguró que hay empresas que no han
cerrado sus puertas por completo, pero sí han tenido que paralizar
ciertas líneas de producción porque los precios establecidos por el
gobierno no cubren costos, y mucho menos generan rentabilidad.
“Los controles también han
desincentivado la actualización tecnológica, una empresa que apenas se
puede sostener no va a tener con qué invertir en maquinarias o en nuevos
productos”, afirmó Olalquiaga.
Cifras de Conindustria indican que
desde 1998 hasta la fecha han cerrado más de 8.000 empresas
industriales. “Había 12.700 compañías que empleaban alrededor de 630.000
personas de manera directa. Ahora calculamos que hay 3.800 empresas,
que emplean a 250.000 personas”, dijo.
Precisó que en este momento las
empresas que quedan en el país solo usan 25% de su capacidad instalada
y, ante la ausencia de cambios económicos, algunas creen que deberán
cerrar sus puertas.
Mercados negros. La
caída en la producción se reflejó en los estantes de los
establecimientos comerciales, donde los productos regulados
prácticamente están desaparecidos.
Por varios años el gobierno se
encargó de hacer grandes importaciones de bienes terminados y la escasez
no fue tan evidente. Pero después de 2014, con la caída de los precios
del petróleo, también se redujeron las compras de bienes. Los
venezolanos debieron, entonces, empezar a madrugar en colas fuera de
establecimientos comerciales en la búsqueda de algún producto de primera
necesidad.
García Larralde recordó que, además
del desabastecimiento y la escasez, el control de precios también
fomentó la aparición de los llamados bachaqueros, personas que adquieren
los bienes regulados y los revenden a un costo varias veces por encima
de su valor, y se aprovechan así de la necesidad de otros.
Los bachaqueros no han tenido muchos
problemas para vender, pero sobre el sector comercial las autoridades sí
han emprendido una tenaz persecución. Con frecuencia la
Superintendencia para la Defensa Nacional de los Derechos
Socioeconómicos los visita y les obliga a bajar precios.
“El sector comercial ha sido muy
acosado y perseguido. A los comerciantes se les trata como delincuentes y
no se atacan las verdaderas causas de la crisis”, afirmó María Carolina
Uzcátegui, presidente de Consecomercio.
Insistió en que se debe incentivar la
producción nacional: “Necesitamos que el gobierno, cualquiera que sea,
entienda que es la libertad lo que va a mejorar la economía, no las
restricciones. Que los controles de precio no conducen a nada”.
En septiembre del año pasado el
presidente, Nicolás Maduro, reconoció que los sistemas de control de
precios que han usado no son eficientes. Sin embargo, propuso una nueva
Ley de Precios Acordados y en enero de este año otra ola de
fiscalizaciones hizo que los supermercados se quedaran vacíos.
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