La Asamblea Nacional aprobó un
proyecto de acuerdo sobre la red de corrupción en Petróleos de Venezuela
a propósito de una demanda que interpuso la empresa en Estados Unidos,
para recuperar 10 millardos de dólares que se perdieron por sobornos y
contrataciones ilícitas.
En sesión ordinaria, los
parlamentarios afirmaron que el fideicomiso Pdvsa Us Litigation Trust
–creado por el gobierno y “autorizado por un procurador ilegítimo”, que
supuestamente tiene como fin repatriar el dinero–, desviará los fondos
para continuar financiando a funcionarios del Estado.
La Asamblea pidió al Ministerio
Público la designación de un fiscal nacional para que investigue los
hechos calificados de conspiración, que supuestamente cometió un grupo
de 40 personas y que originó la demanda de la petrolera. También instó
a la Contraloría a abrir un procedimiento administrativo.
El presidente de la Comisión de
Contraloría del Parlamento, Freddy Superlano, aseveró que la
constitución del fideicomiso es ilegal porque no cumplió el artículo 187
numeral 9 de la carta magna, el cual señala que le corresponde al Poder
Legislativo autorizar los contratos de interés público y velar por el
patrimonio del país.
Alertó que la empresa transfirió a
Pdvsa Us Ligitation Trust los derechos, intereses y acciones que se
ejerzan para la recuperación de los bienes en la demanda civil que cursa
ante la Corte del Distrito Sur de Florida.
Superlano recordó que aparte de los
10 millardos de dólares, Venezuela perdió 43 millardos en la compra de
unos taladros chinos y 144 millones de dólares en la adquisición de unos
buques que ni siquiera han tocado territorio venezolano.
Acceso a los medios. Por
tercera vez en una semana guardias nacionales obstaculizaron el trabajo
de la prensa nacional e internacional. El coronel Bladimir Lugo,
encargado de la seguridad del Palacio Federal Legislativo, impidió la
entrada de los corresponsales de CNN y BBC Londres por “instrucciones
superiores”.
El mayor Sánchez informó que los
medios internacionales necesitaban una credencial emitida por la
Cancillería, además debían acatar la orden de Fidel Vásquez, secretario
de la asamblea nacional constituyente, quien prohibió el acceso de
periodistas. Ante los cuestionamientos de unos diputados, Sánchez alegó
que la jefa de prensa de la Asamblea Nacional no había entregado la
lista con los nombres de los acreditados, pero fue desmentido por la
directora de comunicaciones.
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