En su afán por controlar la Asamblea
Nacional, el Ejecutivo “aplica el derecho penal del enemigo para
perseguir a los diputado. El objetivo es anular al opositor, que para el
gobierno es su enemigo”, advirtió Acceso a la Justicia.
La directora de la ONG, Laura Louza,
indicó que, aunque el más reciente caso es el de José Manuel Olivares
(PJ) y su familia, el acoso varía de blanco según la dinámica política y
los intereses estratégicos que se toquen mediante denuncias puntuales
sobre el ejercicio del poder.
“En el caso del diputado Olivares se
le persigue por su actividad en el sector salud, pero antes ocurrió con
Julio Borges, cuando presidió la Asamblea Nacional y eran los meses de
protesta política en 2017; con Freddy Guevara y con otros, acusados de
traición a la patria. El gobierno actúa, además, para enviar un mensaje
ejemplarizante para los dirigentes que lo cuestionan”, indicó.
Louza sostuvo que se extiende a los
diputados el mismo patrón que se ha aplicado contra la disidencia en
diferentes sectores del país: “El derecho penal del enemigo convierte a
los adversarios en ciudadanos sin derechos y limita su vida civil. Se
trata de una práctica in crescendo y que fue institucionalizada con el Plan Zamora. De esa forma se prescinde de todo el que representa una amenaza”.
La directora de Acceso a la
Justicia puntualizó que la línea del gobierno contra la AN ha sido
constante mediante sentencias judiciales, como las 155 y 156 de 2017 que
luego fueron corregidas; el argumento del desacato para anular leyes y
frenar el envío de recursos, y, más recientemente, el anuncio del
presidente de la constituyente, Diosdado Cabello, de solicitar el
revocatorio contra algunos diputados.
“En su discurso, Diosdado Cabello ha
sido claro en el sentido de que hay que acabar con el Parlamento. La
línea ha estado clara, pero hasta ahora ha habido frenos políticos. Con
su llegada a la ANC se evidencia, de forma más fuerte, el plan para
destruir la Asamblea Nacional”, indicó.
El diputado Juan Guaidó (VP), jefe de
la fracción parlamentaria de la Unidad, cree que “con la persecución a
los legisladores, el régimen de Nicolás Maduro ratifica su hostigamiento
al pueblo y al Poder Legislativo, así como su desprecio a la voluntad
popular y al Estado de Derecho. Además, evidencia que, como se robaron
el dinero y no pueden resolver nada, persiguen a quienes defienden los
intereses de los ciudadanos, como el diputado José Manuel Olivares en el
caso de la salud”.
Señaló que la lista de parlamentarios
perseguidos es larga, y refirió los casos de Julio Borges, Tomás
Guanipa, Gilber Caro, Rosmit Mantilla, Renzo Pietro y Gaby Arellano,
entre otros. Guaidó también recordó el cerco al trabajo de la AN y la
limitación de recursos.
Bajo amenaza. El
diputado Ángel Medina (PJ) señaló: “Hoy fue José Manuel Olivares, mañana
puede ser cualquiera de nosotros, y ya lo han intentado contra varios
diputados”. Afirmó que con la persecución a Olivares, quien debió salir
del país a engrosar la lista de dirigentes en el exilio, “el gobierno se
pasó de la raya y violentó la ética política al meterse con la familia
del diputado; primero con su hermano y ahora con su esposa, con quien
tiene un bebé de meses”.
Medina dijo que, dada la autocracia
que existe en el país, la Asamblea Nacional “constituye una trinchera de
lucha” del pueblo que mayoritariamente quiere cambio. El parlamentario
cree que esta lucha persiste, pese a las maniobras gubernamentales por
destruir al Poder Legislativo.
Provea indicó que el procedimiento
contra la familia del diputado Olivares ha sido aplicado por el Sebin en
otros casos: “Así actúa la dictadura cuando tiene dificultades para
detener a alguien, van por su familia. Así lo vivió el alcalde Omar
Lares”.
“El gobierno busca amedrentar al
diputado José Manuel Olivares por las denuncias que ha hecho de la
crisis humanitaria que vive el pueblo por la falta de medicinas e
insumos médicos”, señaló el secretario de Primero Justicia en Vargas,
Omar Veracierto.
“El régimen de Nicolás Maduro ratifica su hostigamiento al pueblo y al Poder Legislativo, así como su desprecio a la voluntad popular y al Estado de Derecho. Como se robaron el dinero y no pueden resolver nada, persiguen a quienes defienden los intereses de los ciudadanos”.Juan Guaidó, jefe de la fracción de la Unidad
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