El 30 de julio se cumplió un año de
la elección de los miembros de la asamblea nacional constituyente,
comicios que se desarrollaron en medio de fuertes protestas en diversos
estados del país. La represión hizo de ese día el más sangriento de los
cuatro meses de manifestaciones contra el gobierno: 14 personas fueron
asesinadas y hasta la fecha, denuncian abogados y ONG de derechos
humanos, ninguno de los responsables de esas muertes ha sido condenado.
Las averiguaciones por las 14
muertes, de las cuales, 8 ocurrieron en Táchira, 3 en Mérida, 2 en Lara y
1 en Sucre, aún no han concluido. Abogados y familiares señalan que ha
habido denegación de la justicia por parte de la Fiscalía y los
tribunales. También acusan a los cuerpos de seguridad del Estado de
obstruir las investigaciones, al negarse a aportar información sobre los
funcionarios que controlaban las concentraciones, que en la mayoría de
los casos eran parte de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía
Nacional Bolivariana.
De acuerdo con el registro de la ONG
Justicia Encuentro y Perdón, la información oficial sobre las
investigaciones de las muertes que ocurrieron en las protestas es
escasa. Martha Tineo, coordinadora general de la ONG, señaló que la
mayoría de las pesquisas se paralizó luego del 5 de agosto, cuando el
Tribunal Supremo de Justicia destituyó de su cargo a la fiscal Luisa
Ortega Díaz. Desde esa fecha, el camino que han recorrido los familiares
de los asesinados para hacer justicia ha sido tortuoso.
“Ha sido un año completo sin justicia
ni respuesta por parte de la Fiscalía sobre la muerte de mi hijo. Todas
las pruebas que recaudé fueron consignadas en el Ministerio Público,
pero al día de hoy no han respondido. Ellos saben quiénes son los
culpables pero lo están tapando. Aquí no hay justicia, matan a quien sea
y ponen la vista gorda”, manifestó Rafael Peña, padre de Ender Peña, de
19 años de edad.
El joven, que era capitán del equipo
Sub 17 de Lotería del Táchira Fútbol Club, murió luego de recibir un
tiro en la ingle por parte de funcionarios del Comando Nacional
Antiextorsión y Secuestro que reprimía una manifestación en San
Cristóbal la noche del 30 de julio del año pasado.
Evelyn Campitelli, abogado que lleva
el caso, dijo que desconoce la identidad del funcionario que disparó
debido a que el Conas se ha negado a aportar esa información a los
fiscales de la unidad de derechos fundamentales que investigan la
muerte.
“El caso de Ender aún está en
averiguaciones, no se ha imputado a nadie. Hay retardo procesal en las
diligencias de la investigación. No se tiene la identidad de los
funcionarios que le dispararon, solo se sabe que pertenecen al Conas,
pues era la única comisión que se encontraba en el lugar”, agregó.
Al igual que Peña, otras nueve
personas más murieron ese día a tiros, en su mayoría dirigidos a la
cabeza, cuello y pecho. Entre las víctimas están dos adolescentes:
Daniela Salomón de 15 años de edad, quien recibió un impacto de bala
procedente de un grupo de sujetos armados en el sector plaza Venezuela
de La Concordia, en San Cristóbal, y Adrián Romero de 13 años de edad, a
quien le dispararon un proyectil en la cabeza en el sector El Calvario
de Capacho Viejo en Táchira. Tampoco ha habido imputados sobre estos
casos.
Recientemente, el constituyente Adán
Chávez aseguró que a través de la ANC pondrán en marcha los mecanismos
legales necesarios para “combatir la impunidad”.
No obstante, familiares y abogados de
las víctimas afirman que la denegación de la justicia se debe a la
falta de voluntad del sistema judicial. Pese a que han acudido en
reiteradas ocasiones a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y al TSJ,
los expedientes de las muertes de Juan Gómez, Luis Zambrano, Julio
Manrique, Albert Rosales, Ronald Ramírez, Wilmer Smith, Andrés (apellido
sin identificar), Luis Ortiz, Ángelo Yordano, Ricardo Campos y Eduardo
Olave, continúan archivados.
Tineo afirmó que la responsabilidad
por la impunidad en todas las muertes recae sobre el Ministerio Público y
los tribunales del país. La primera instancia debe hacer las
investigaciones y acusar a los implicados y la otra está encargada de
desarrollar los juicios. “Ninguno de los órganos que integran el sistema
de justicia ha dado respuesta expedita sobre las 161 muertes ocurridas
en los meses de protesta. Parece que no existe voluntad para investigar y
juzgar esos asesinatos”, expresó.
Señaló que en las 161 muertes del año
pasado, ha habido 99% de impunidad debido a la falta de colaboración de
los cuerpos de seguridad con quienes realizan las indagaciones. Indicó
que los funcionarios se niegan a dar la identidad de los responsables y,
en otros casos, los implicados no son trasladados a los juicios.
Los obstáculos.
Manuel Virgüez, director del Movimiento Vinotinto, indicó que las trabas
y la opacidad por parte de los órganos administradores de justicia para
el avance de las averiguaciones han ocasionado que 91% de los
asesinatos habidos en las manifestaciones de 2017 no haya llegado ni
siquiera a la audiencia preliminar.
“El Estado ha actuado con total saña e
impunidad, con la intención de no permitir la evolución de las
investigaciones y así envía un mensaje de que para mantenerse en el
poder está dispuesto hasta a ocultar las evidencias que lo incriminen”,
afirmó.
De acuerdo con la ONG, de los 161
casos de muertes que se registraron en las concentraciones de calle del
año pasado, en 124 se desconoce la información sobre los victimarios.
Solo 2 han sido enjuiciados y 11 acusados, mientras que la Fiscalía ha
solicitado la aprehensión de 21 presuntos responsables.
EL DATO
Según el registro de la ONG Justicia
Encuentro y Perdón, en lo que va de año ha habido 17 víctimas mortales
durante las manifestaciones a nivel nacional, que a diferencia del año
pasado, se desarrollan por causas socioeconómicas. El Observatorio
Venezolano de Conflictividad Social indica en su reporte mensual que en
julio hubo 286 protestas para exigir servicios básicos, acceso a la
alimentación y mejor calidad de vida.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.